En el caso de los carburantes, es preciso encontrar una fórmula que garantice el acceso a la movilidad de los sectores más desfavorecidos al tiempo que se desincentiva el consumo excesivo. Esta fórmula podría consistir en el establecimiento de un cupo básico de carburante, igual para toda la ciudadanía, suministrado a un precio exento de impuestos. Por encima de este cupo básico, el consumo se pagaría con toda su carga impositiva sin ningún tipo de subvención estatal..
A comienzos de 2022, la cuestión del cambio climático parecía generar cierto consenso entre los principales gobiernos de los países europeos relativo a la urgente necesidad de reducir las emisiones de gases responsables del calentamiento global.
La brutal agresión militar a Ucrania por parte de la Federación Rusa vino a trastocar ese consenso. La combinación de las sanciones impuestas por la Unión Europea al petróleo ruso, unidas a las dificultades de suministro por parte de otros países productores, y por supuesto la acción de los especuladores, ha disparado los precios del conjunto de fuentes de energía que se sitúan en un nivel inasumible para gran parte de la población.
Los gobiernos se enfrentan así a una situación endiablada: por un lado, luchar contra el cada vez más evidente calentamiento global exige adoptar drásticas reducciones del consumo de combustibles fósiles: carbón, gas y petróleo. Por otro lado, no acudir en auxilio de los automovilistas en una sociedad cuyo modelo está basado en la movilidad individual, coloca a los gobernantes ante el peligro de insurrecciones populares. Sobre todo en un país como España, donde la derecha política y mediática no ha dudado en aprovechar cualquier crisis, incluida la pandemia vírica, para emprender maniobras de acoso y derribo al actual Gobierno.
A raíz del paro patronal de transportistas que colapsó los suministros el pasado mes de marzo, y como respuesta a la fuerte subida del precio de los carburantes, el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez decidió bonificar con un mínimo de 20 céntimos la compra de cada litro de combustible tanto a particulares como a profesionales, de los cuales 15 céntimos los aporta el Estado y el resto, las petroleras. Una medida que estará en vigor hasta el 30 de junio y que ahora vuelve a prorrogarse hasta el 30 de septiembre.
Esta medida de carácter universal dirigida a todos los conductores, independientemente de su poder adquisitivo, plantea grandes dudas sobre si es la más adecuada para resolver la situación de carestía de los carburantes y resulta sostenible en el tiempo. De entrada, a finales de junio, los precios de la gasolina y el diésel, con récords históricos que superan los 2 €/l, ya se han 'comido' literalmente el beneficio de la subvención.
Además, y esto quizás sea el aspecto más grave del asunto, subvencionar los carburantes de forma generalizada es algo que va en sentido contrario a la urgente necesidad de frenar el cambio climático. Del cual tenemos evidencia en la reciente ola de calor inusual en el mes de junio, cuyas elevadas temperaturas han agravado los incendios habidos en las masas forestales de diversos puntos del territorio. En una semana han ardido 30.000 hectáreas de bosque, de las que la peor parte se la ha llevado la zamorana Sierra de la Culebra.
Subvencionar los carburantes sea cual sea el consumo, no deja de ser una forma indirecta de "echar gasolina al fuego" al animar al conjunto de la población, y especialmente a quienes disponen de mayor poder adquisitivo, a seguir utilizando el automóvil de motor térmico de forma masiva, añadiendo más calor a la atmósfera. No obstante, el empeño en reducir las emisiones choca con una contundente realidad: la producción de coches de motor eléctrico todavía se encuentra en una fase balbuceante y, en cualquier caso, sus elevados precios los hacen inasequibles para la inmensa mayoría de automovilistas.
Algunas voces expertas han cuestionado este descuento generalizado a los carburantes y proponen ayudar a los más desfavorecidos . Para Raymond Torres, director de coyuntura del centro de análisis Funcas, es "la medida más cuestionable por su aplicación a todos los consumidores: tanto turistas con un poder adquisitivo elevado como autónomos con bajo nivel de ingresos que necesitan su vehículo para trabajar. Sería deseable transitar hacia medidas focalizadas". Criterio con el que coincide Juan Luis Jiménez, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: "Se subsidia a rentas altas, es regresivo, aumenta los precios finales, se está financiando la contaminación [...] Quizás sería más útil destinar las subvenciones a los carburantes o las bajadas de impuestos a la electricidad a los colectivos más perjudicados o vulnerables. Por ejemplo, destinando las ayudas de los carburantes a pequeños transportistas".
La loable idea de ayudar a los más desfavorecidos implica, de entrada, establecer los criterios que deben cumplir los beneficiarios de la misma. En otras palabras, hay que definir las circunstancias que permiten declarar pobre de solemnidad a la persona que solicita una ayuda. Para colmo, habida cuenta de que los pobres no son invitados a sentarse en los confortables sillones del Consejo Definidor de las Necesidades de la Gente, las personas más desfavorecidas han de resignarse a ver cómo la cobertura de las necesidades mínimas para llevar una vida digna es definida por instancias y personas ajenas a las vivencias directas que proporciona la pobreza.
En el caso de los carburantes, es preciso encontrar una fórmula que garantice el acceso a la movilidad de los sectores más desfavorecidos al tiempo que se desincentiva el consumo excesivo. Esta fórmula podría consistir en el establecimiento de un cupo básico de carburante, igual para toda la ciudadanía, suministrado a un precio mínimo. Es decir, totalmente exento de impuestos.
Por encima de ese mínimo garantizado, el consumo adicional de carburante pagaría los correspondientes impuestos conforme al criterio de que quien contamina paga, y su inmediata derivada: quien contamina más, paga más.
Estamos hablando, en definitiva, de establecer un Bono Básico de Carburante (BBC) inspirado en los criterios que definen la propuesta de la Renta Básica Universal, de la que nos hemos ocupado ampliamente en otro lugar. Por lo que respecta al BBC, el Estado facilitaría a toda persona conductora de un vehículo propio un bono que permita la adquisición de un determinado volumen de combustible a un precio libre de impuestos.(*)
Este criterio de universalidad supone que se ayuda a las personas más necesitadas sin necesidad de estigmatizarlas con una "ayuda para pobres", puesto que garantiza el derecho igual para toda la ciudadanía a disponer de un consumo básico de carburante a un precio mínimo.
A partir de ahí, el que quiera, y su bolsillo se lo permita, quemar más gasoil o gasolina en el motor de su vehículo pagará el precio de mercado más los impuestos correspondientes que fije el Estado para afrontar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales para la comunidad.
La universalidad ofrece, además, una innegable ventaja operativa a la hora de implementar la medida. No hace falta destinar una legión de funcionarios con la misión de examinar millones de expedientes donde se pruebe la escasez de recursos de cada persona. Al Estado le bastan los datos que posee, tanto del Censo de población como los del Impuesto de Circulación de Vehículos (**) para organizar sin demasiados problemas un sistema informático a través del cual se expida una tarjeta tipo prepago en la que figure el saldo inicial de combustible y el que va quedando tras repostar a un precio libre de impuestos en cualquier gasolinera.
PS: El autor de esta propuesta declara que jamás ha considerado que la opinión de un solo individuo contenga la solución definitiva para resolver problemas complejos. Sin embargo, las opiniones formuladas con modestia y sin pretensiones adánicas contribuyen a incentivar fructíferos debates de los que puedan surgir las fórmulas más adecuadas para afrontar la difícil encrucijada a la que se enfrenta la sociedad actual.
(*) Ese volumen básico debería determinarse por el Gobierno ponderando diversos factores de equidad y oportunidad social. A simple título de ejemplo podemos imaginar que ese mínimo se establece para permitir el desplazamiento de un vehículo que consume 5 l /km durante 10.000 km al año. En ese caso, el consumo básico estaría bonificado para 500 l. A partir de ahí, el consumo se pagaría a precio con impuestos.
(**) Cruzando ambos datos para que el beneficiario del bono sea la persona, y no el vehículo, evitando así subvencionar varios vehículos de una misma persona.
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