A financiación ida, palos a Sánchez

Comprendo que a un buen puñado de líderes autonómicos no les haya hecho gracia que Pedro Sánchez renuncie a meterse en el avispero de reformar la financiación autonómica antes de que acabe esta legislatura. Hace años que se viene esperando por la modificación de un modelo que la mayoría considera injusto y desequilibrado y, escuchar que la situación no cambiará al menos antes de dos años, no puede ser una buena noticia. Incluso entre las autonomías del PSOE como Andalucía, la posición de Sánchez se ha recibido con una mueca a medio camino entre el enfado y la decepción. Téngase en cuenta que no son precisamente virutas ni calderilla lo que está en juego, sino el dinero para pagar la sanidad, la educación o la dependencia. Canarias, con unos servicios públicos históricamente muy mal financiados por parte del Estado, ha sido de las primeras en afearle a Sánchez que ni siquiera lo intente.
El Gobierno autonómico le recuerda al presidente lo avanzadas que estaban las negociaciones con el Gobierno anterior y los informes técnicos ya elaborados sobre este asunto. Aún así, y a pesar de que el retraso es perjudicial para las islas, también es cierto que las negociaciones con el Ejecutivo saliente han concluido en un logro histórico: separar esa financiación del REF, el régimen que compensa la lejanía y la insularidad canarias. No es la panacea pero supone un importante alivio para hacer frente a los gastos de los servicios esenciales. El presidente se compromete, además, a negociar comunidad por comunidad la mejora de su situación y es aquí en donde ha vuelto a saltar la alarma: la posibilidad de dar trato de favor a las comunidades que en época de cinturones apretados para todas siguieron gastando como si no hubiera un mañana. Ahí sí tiene razón el Gobierno canario, el más cumplidor de la clase, en advertir a Sánchez de que no premie a los incumplidores y castigue a los que cumplieron.

Foto: El Confidencial

Dicho eso, la distribución de los recursos públicos entre las autonomías para hacer frente a los servicios básicos transferidos por el Estado es una de las viejas asignaturas que este país no termina de aprobar por más que lo intente una y otra vez. Ninguno de los modelos ensayados hasta ahora ha funcionado y, por lo general, ha provocado más rechazos que apoyos. Allá por principios de 2012, siendo entonces Soraya Sáenz de Santamaría vicepresidenta del Gobierno, se anunció la reforma del modelo de financiación antes de que acabara aquel año. Cuenten los años que han pasado y verán que estamos casi en el mismo punto de partida: salvo una reunión de presidentes autonómicos en donde Rajoy reiteró el compromiso de cambiar la financiación y se encargó un informe a un grupo de expertos elegidos por las autonomías, poco más se ha hecho. Luego se desató Cataluña, el PP perdió la mayoría absoluta y todo quedó pendiente para tiempos más favorables. Sin embargo, ha sido llegar Sánchez a La Moncloa y ya le exigen las autonomías que cumpla en menos de dos años lo que Rajoy, con mayoría absoluta, no cumplió en seis años y medio porque no quiso, no supo o no pudo.
Es más, dudo mucho de que Rajoy hubiera abierto este melón de haber seguido de presidente y dudo aún más de que algunas comunidades como Canarias se lo hubieran reprochado como se lo reprochan a Sánchez. Con la situación política en Cataluña lejos de estar normalizada, con los precarios apoyos del presidente y con apenas dos años antes de las nuevas elecciones si en efecto es capaz de llegar a 2020, no parece razonable exigirle a Sánchez que abra un asunto de esa complejidad. Puede que haya quienes deseen que el presidente se haga el harakiri metiéndose en un debate con muchas probabilidades de acabar como el rosario de la aurora o, en el mejor de los casos, con un mal acuerdo que volvería a dejar a todo el mundo descontento. Poco se avanzará en resolver este asunto si no se piensa en un modelo de financiación capaz de durar dos o tres décadas sin generar tantas quejas y agravios como el actual. Lo llamativo es que algunos barones socialistas se unan a las críticas al presidente en un ejercicio de aparente ignorancia de las actuales circunstancias políticas. Razón tenía aquel que dijo que hay rivales políticos y después están los compañeros de partido.