Es público y notorio mis discusiones con la concejala de juventud en los plenos municipales por temas en los que tenemos visiones totalmente contrapuestas en lo político, como el caso del Espacio Joven donde se despidió a las dos personas que estaban trabajando para hacer una chapuza con una Asociación a la que intentaron liar para gestionarlo de manera casi gratuita.
Mi planteamiento en este aspecto no va a ser exclusivamente político sino que voy a recurrir a la ética que todo cargo público tiene que tener presente a la hora de tomar decisiones en el ámbito público y en el privado. La ética y la política tienen que interrelacionarse para conseguir centrar la realidad social en el debate de las ideas y no en incoherencias entre las ideas que defendemos y las cosas que realizamos, teniendo en cuenta que somos seres limitados.
La ciudadanía no se siente representada en la política porque muchos de nuestros comportamientos son contrarios a la ejemplaridad que la ciudadanía solicita. La concejala de juventud ha intentado cobrar el Plan prepara que es un plan orientado a los parados de larga duración, como es su caso, pero con una serie de requisitos que no cumple, pues una de las condiciones es “carecer de rentas de cualquier naturaleza, superiores al 75% del SMI(484€ al mes, excluidas pagas extraordinarias).
Entendemos las dificultades laborales de la concejala del partido popular, que se han visto empeoradas desde que su partido gobierna y que, por otro lado, son las dificultades que tienen una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas, que, al contrario del caso de la concejala, carecen de ingresos. Creemos que esto puede servir a la propia concejala y al Partido Popular para entender la situación por la que han millones de trabajadores y trabajadoras en los últimos años y a tener mayor empatía con los excluidos que el sistema está dejando en las cunetas y más precaución con las decisiones su partido toma. (En el pleno de enero sin ir más lejos votaron contra instar al gobierno a prorrogar los 400 Euros).
Las irregularidades técnicas que ha cometido la concejala de juventud del Ayuntamiento de Palencia, que vienen reflejadas en el comunicado de la Directora el Servicio Público de Empleo, donde dice:
- Que la ayuda se concedió de forma correcta ya que “las solicitudes incluyen una declaración responsable de carencia de rentas en cómputo mensual en cuantía superior al 75% del salario mínimo interprofesional, junto con la obligación de comunicar cualquier modificación de las condiciones que dieron lugar al reconocimiento de la ayuda. En el expediente de reconocimiento del derecho consta la solicitud de la ayuda debidamente firmada por la interesada en la que se incluye la declaración responsable antes mencionada.”
- Vanesa Guzón miente cuando dice que ella solo ha presentado la declaración de la Renta, puesto que con ella no le hubieran concedido la ayuda y porque presentó una declaración de carencia de rentas.(Según el comunicado de la Directora del SEPE)
- Y miente cuando dice que la responsabilidad es de la funcionaria, porque no se la habrían tenido que conceder, porque con la declaración que presentó cumple requisitos, mientras no se investigue que la declaración es falsa.
Además de las irregularidades administrativas la concejala tendría que hacer una reflexión pública sobre por qué solicitó un Plan que está orientado a personas sin recursos económicos, a las que hay que garantizar unas necesidades básicas que tiene cubiertas con las indemnizaciones económicas municipales. Sobre todo teniendo en cuenta las trabas que su partido ha puesto para que las personas que lo necesitan puedan prorrogar estas ayudas.
También consideramos perjudicial para la política el hecho que la concejala recrimine a los sindicatos que saquen dicha noticia, eche la culpa a la oposición o a las funcionarias del Servicio público de empleo en lugar de reconocer el error cometido al haber solicitado la ayuda. Agravado por haber presentado una declaración jurada diciendo que carecía de ingresos. Creemos que por todo ello, la concejala de juventud debe dimitir de su cargo.
El grupo municipal de Izquierda Unida presentó una moción sobre ética que fue rechazada por el equipo de gobierno, que buscaba que hubiera una declaración de ingresos de lo que los concejales cobramos tanto en nuestros respectivos trabajos como por indemnizaciones por asistencia a sesiones. En el debate de la Junta de Gobierno posterior, el partido popular se negó a ello diciendo el alcalde que había concejales de su grupo que no querían que la gente supiera lo que ganaban. Esta medida hubiera facilitado que no se hubiera ocasionado este caso puesto que la concejala se hubiera repensado solicitar dicho ayuda económica, sabiendo que esa ayuda se iba a conocer públicamente.