A veces los intereses de los laboratorios no son los de las personas

La fibrilación auricular (FA) es la arritmia cardiaca más frecuente y es un problema creciente de salud pública debido al envejecimiento de la población. Uno de los medicamentos aprobados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para su tratamiento hace unos años ya, en noviembre de 2009, es Multak (dronedarona) fabricado por el laboratorio farmacéutico Sanofi-Aventis.

Se da la circunstancia que la Oficina de Evaluación de Medicamentos de Extremadura, un organismo dependiente en exclusiva de la administración pública de dicha autonomía, es decir independiente de los laboratorios, no como la AEMPS que tiene en ellos a su cliente, publicó en junio pasado su evaluación del mismo: recomendación débil a favor.

¿La justificación?:

A) Excepto la variable “Hospitalización por causa de FA”, los beneficios demostrados frente a placebo son de dudosa o baja relevancia clínica y no hay comparaciones directas frente a las dos o tres alternativas ya existentes en el mercado.

B) Este producto, Multak, ha mostrado ligeramente mejor perfil de efectos adversos que uno de sus competidores aunque menos eficacia que otro. No obstante, se desconoce el perfil de seguridad con respecto a los efectos adversos raros y/o a largo plazo y se han reconocido dos casos de hepatotoxicidad grave, daños en el hígado, que en teoría mantiene alerta a las agencias reguladoras.

C) Se desconoce si este medicamento tiene un mejor coste-efectividad que sus rivales pero lo cierto es que es mucho más caro pues está sujeto a patente y los otros tres similares que hay en las farmacias no deben de estarlo.

La pregunta es ¿cómo puede ser posible que una agencia estatal, la AEMPS, apruebe un medicamento que luego una agencia también pública pero independiente apenas recomienda y que es mucho más caro que las alternativas ya existentes? ¿Para qué se aprueba este fármaco, qué aporta?

Si he escogido este ejemplo no es por ser original, porque el problema es que existen muchos casos similares, sino por ser uno de los últimos que podemos documentar. Este es un ejemplo de cómo en ocasiones lo que es bueno para las empresas, en este caso un laboratorio farmacéutico, no es bueno para la ciudadanía. Los intereses de ambos se encuentran enfrentados. A los laboratorios les interesa colocar más medicamentos recién patentados (que no necesariamente nuevos) en el mercado pero a las personas y su economía y salud les viene mejor que en casos como este se recete el principio activo que aúne más tiempo en el mercado por aquello de conocer mejor sus efectos adversos y obtener el mejor precio. De ahí que sean defendibles las medidas aprobadas por los gobiernos encaminadas a la receta por principio activo o genéricos (siempre que su receta sea racional, claro).

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