A vueltas con el AVE (II)

El sistema ferroviario español de hace veinticinco años era tremendo. Ahora ya no nos acordamos. Un sistema que no se sostenía y que no garantizaba la movilidad de los ciudadanos a lo largo del territorio. El gobierno hizo una apuesta por la alta velocidad que, en aquel momento tenía todo el sentido. Y lo hizo con ese plus español de que (Fernández Ordóñez dixit) "llegar tarde a todo, pero llegar a lo bestia".

Aquella apuesta partía de la consideración de que la historia nos ha enseñado que los ferrocarriles no son rentables, y por eso son públicos. Y no son rentables, entre otras cosas, por el alto coste de funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura (entre 100 y 200 mil euros por quilómetro y año), tal y como apuntan desde FEDEA.

Es una cosa de teoría económica tan básica que da pereza repetirla: el Estado asume cosas que consideramos buenas para todos (la sanidad, la defensa...) y que no pueden ser sostenidas por los mercados. La clave es quién considera que esas cosas son buenas. Y ese quién, no es desde luego ni un nacionalista catalán al que le importa una higa que en Mérida haya tren, ni un economista con sus hojas de cálculo delante. Son los ciudadanos, y lo son a través de sus representantes, los que deciden qué cosas deben ser consideras públicas y cuáles no. Y lo deben ser asumiendo, claro está, que el presupuesto es una manta corta y que se si dedicas mucho dinero a cubrirte los pies, te dejarás la cabeza al descubierto...