Si el aborto fuera un asesinato, de acuerdo con las convicciones morales del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, la gestante teóricamente debería ser juzgada por ese crimen premeditado y enviada a la cárcel, lo que no ocurrirá con su nuevo proyecto de ley.
Es decir, el ministro no valora por igual sus convicciones morales que su realidad, humana y legal.
Su principal argumento contra el aborto, cuando se determina que el feto nacerá con malformaciones físicas o problemas psíquicos, es que es un acto de eugenesia preventiva, por tanto, criminal e inmoral.
Será criminal, pero su proyecto lo facilita si está en peligro la vida de la gestante: dos profesionales pueden certificar que si no lo practica la mujer podría suicidarse.
Hasta ahora, excepto la jerarquía católica y las asociaciones pro-vida, nadie ha querido aceptar, ni siquiera hablar, de la existencia de eugenesia preventiva a través del aborto en las sociedades con medicina avanzada.
Buena parte de los realizados en el primer mundo se practican tras conocer los resultados de nuevas pruebas genéticas como la amniocentesis o el triple screening, que predicen tempranamente casos como el síndrome de Down.
La Seguridad Social española hace las pruebas a quien las solicita. El ministro Ruiz-Gallardón dice que ante un diagnóstico de malformación sus convicciones le impedirían recomendar el aborto en su familia.
Pero su declaración ya da a entender que acepta las pruebas, cuyo único objetivo es anticipar el resultado, y ni él sabe qué haría la gestante de su familia, cuya decisión es sólo suya.
El problema moral se agudiza pensando en quienes nacerán con síndromes que les incapacitan para luchar por la supervivencia en este mundo crecientemente brutal, cuando desaparecen los padres y la sociedad olvida, abandona o semiabandona a los indefensos.
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