Un jurado popular declaró inocentes en el segundo juicio a tres policías que llegaron acusados de las torturas seguida de muerte de un joven de 21 años, quien en marzo de 2007 apareció ahorcado en una comisaría tras ser aprehendido en una comisaría al oeste del Gran Buenos Aires, informaron hoy fuentes judiciales.
La decisión unánime de los doce jurados benefició a Rubén Darío Suárez, Ariel Emiliano Gómez y Pablo César Balbuena, quienes comenzaron a ser juzgados desde el martes por la muerte de Gabriel Blanco.
Fuentes judiciales informaron que el debate fue dirigido por el juez Gerardo Gayol del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de La Matanza, mientras que el fiscal que acusó fue Claudio Longobardi.
En tanto, el abogado Alejandro Bois, miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) local, representó a Teófilo Blanco y Carmen Cuomo, padres de Blanco, constituidos en el expediente como particulares damnificados. Por su parte, los abogados Miguel Racanelli y Rubén Fernández defendieron a los policías involucrados en el hecho.
Tras escuchar a varios testigos, el juez Gayol les indicó a los jurados que debían decidir la culpabilidad o no de los tres acusados que llegaron en libertad.
La Fiscalía y el particular damnificado dieron por probado que entre las 21 del 1 de marzo de 2007 y las 0.30 del día siguiente los tres policías, ante los gritos del aprehendido Blanco que estaba alojado en una celda de la comisaría San Carlos, situada en Bedoya al 3400 de Isidro Casanova, “generaron degradantes condiciones de detención“.
Para los acusadores, los efectivos sabían que el joven podía atentar contra su vida, por lo que con “el evidente propósito de lograr que se matara le quitaron las esposas, no le dieron ningún tipo de asistencia y en la oscuridad del calabozo por falta de luz, lo abandonaron“.
Todo ello, llevó a Blanco ahorcarse con un cable del baño de la celda que le ocasionó la muerte. No obstante, luego de dos horas y media de deliberación, el jurado declaró “no culpables” a los tres implicados, lo cual fue recibido con aplausos por sus familiares.
El abogado Racanelli dijo que el joven había sido aprehendido alrededor de las 16 de la tarde del 1 de marzo tras un robo con armas a un vecino de la zona. “Tras ser trasladado a la seccional, Blanco comenzó a golpear su cabeza contra la pared de la celda, por lo que fue llevado al hospital Paroissien para que sea revisado por los médicos“, dijo el letrado.
El defensor añadió que al regresar a la comisaría, continuó autolesionándose pero en horas de la noche, cuando ya estaban de turno Suárez, Gómez y Balbuena, el joven pareció “calmarse” pero horas después fue encontrado ahorcado. Sin embargo, el abogado Bois aseguró que “Gabriel fue golpeado y apareció suicidado“.
“Vamos a recurrir a Casación porque hubo una pericia clave que tenía que hacer Gendarmería Nacional que no se hizo porque querían hacer el juicio ya. Era clave para que el jurado entendiera que allí no estaban las condiciones para que se ahorcara“, sostuvo.
Según el letrado, los policías del turno anterior declararon que lo dejaron “esposado“ en el calabozo porque estaba la posibilidad de que atentara contra su vida y que en el lugar no había ningún cable. Además, Bois dijo que otros detenidos escucharon los gritos de ayuda de Blanco y que “apareció suicidado, algo que comúnmente ocurre en las comisarías“.
Por el caso, Suárez, Gómez y Balbuena estuvieron detenidos desde enero de 2013 hasta septiembre de 2015 hasta que en el primer juicio realizado en abril de 2016 fueron absueltos por el TOC 5. Tras la apelación, el Tribunal de Casación Penal declaró nulo el fallo y ordenó un nuevo juicio.
Ante esa situación, la defensa de los efectivos decidió que sea resuelto a través de un juicio por jurados. “Peleamos contra un aparato montado con bases ideológicas que no persiguen la verdad ni la justicia, si no que lo único que buscan son indemnizaciones millonarias, basándose en condenas por torturas, pero un jurado dio el ejemplo y puso las cosas en su lugar“, resaltó Racanelli.
Por su parte, el abogado Bois expresó que a 16 años del hecho, para los padres de Gabriel fue “remover todo” y destacó que “en este camino de justicia los policías estuvieron en el banquillo de los acusados como funcionarios del Estado”.
“Tuvieron que dar explicaciones por su accionar, la familia esperaba una perpetua pero así estamos…”, cerró.
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