Podemos ha endurecido su campaña para eliminar las oposiciones con las que se accede a cargos del Estado, muchos de los cuales exigen neutralidad ideológica.
Son maestros, catedráticos, abogados del Estado o jueces, por ejemplo, a los que Podemos acusa de poseer medios económicos para estudiar durante años hasta obtener plaza.
La campaña se orientaba inicialmente a derribar el acceso al cargo de catedrático; varios dirigentes quieren obtenerlo a dedo con la misma endogamia ideológica con la que consiguieron ser profesores.
“Es que los pobres no pueden llegar a las cátedras o a ser jueces”, dicen para justificar sus ataques a las oposiciones, que con sus defectos, todos corregibles, son un medio neutral para acceder a esos cargos de servicio directo al Estado y a la ciudadanía.
La campaña se ha endurecido ahora para eliminar las oposiciones a la judicatura y a la fiscalía porque se quiere controlar y dirigir a los jueces poniendo a personas afines en todos los juzgados.
Ya no les basta con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos 21 miembros son extraídos mayoritariamente por quienes accedieron por oposición a sus cargos, pero que son seleccionados por los partidos políticos en Congreso y Senado.
Desdeñan que buena parte de los jueces y fiscales, como otros altos funcionarios, no son de clases altas, sino que triunfaron sólo con el sacrificio propio y de los suyos.
En las redes sociales aparecen estos días quienes reivindican orígenes familiares nada boyantes.
Este martes apareció una joven opositora, @mariadobleg, que escribió: “Mi padre hace ya una hora que se fue a trabajar. A las carreteras, con la que está cayendo. De invierno, calado hasta los huesos, y de verano a echar betún caliente en Córdoba. Pero opositar es de conservadores”.
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