Revista Opinión

Acción Popular para continuar la denuncia contra la Alcaldesa de Alpedrete

Publicado el 28 noviembre 2011 por Desdelacantera
La sección sindical de CCOO del Ayuntamiento de Alpedrete presentó el pasado19 de enero en los juzgados de lo penal de Collado Villalba, una querella porsupuesta prevaricación contra María Casado Nieto, Alcaldesa del PartidoPopular del Ayuntamiento de Alpedrete, reelegida el 22 de mayo de 2011.
El motivo de la querella es la contratación por seis meses mediante decretofirmado por la alcaldesa el 19 de julio de 2010 de dos trabajadores para eldesempeño de las funciones de oficiales de primera en el departamento deobras. Dichas contrataciones las realizó Dña. María Casado Nieto sin laconvocatoria pública preceptiva y con los informes desfavorables de laSecretaria y de la Interventora del Ayuntamiento. Dicha contratación no puedehacerse de forma directa, sino que ha de realizarse por medio de oferta públicade empleo, garantizando así los principios constitucionales de mérito, capacidade igualdad, así como, y entre otras cosas, la publicidad de las convocatorias y desus bases y la transparencia del procedimiento. Debemos enfatizar que de losinformes y de su contenido tuvo pleno conocimiento la alcaldesa, pues sunotificación fue rubricada por ella. Igualmente, debemos destacar que Dña.María Casado Nieto tiene relación de parentesco con uno de los contratados,hijo de un primo-hermano suyo.
Si en esta contratación la legalidad es la principal víctima, también lo son todasaquellas personas que pudieron haber optado a los puestos de trabajo si sehubiera producido la preceptiva oferta pública de empleo. La consecuenciafundamental del comportamiento que denunciamos es que se ha privado delderecho constitucional de optar a un empleo público a cientos de personas queestando desempleadas ven cómo se sigue contratando a dedo a pesar de quevivimos en un estado de derecho. No nos cabe duda de que con esta forma deactuar, la Alcaldesa del Ayuntamiento de Alpedrete ha beneficiado a dospersonas, una de ellas de su entorno familiar, y ha perjudicado con suarbitrariedad a muchos de sus convecinos de Alpedrete y de su comarca.
La querella interpuesta ha seguido su recorrido judicial y el juzgado Nº2 dela acción popular, que es la acción pública que corresponde a
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Collado Villalba ha entendido que esta demanda por un supuesto delito públicoes un ejercicio de todos ciudadanos españoles. El juzgado fundamenta que “el bien protegido enlos delitos de prevaricación, cohecho y usurpación de funciones o cualquier otrorelacionado con el ejercicio de la función pública, es el recto y normalfuncionamiento de las Administraciones Públicas que constituye un presupuestobásico de una sociedad democrática. Existe un incuestionable interés general detodos los ciudadanos en que los órganos de la Administración del Estado engeneral y de las demás Administraciones en particular, respondan a criterios delegalidad y efectividad con lo que se refuerza el estado de derecho y laconfianza de los ciudadanos en las personas que por representación o porcualquier causa ejerciten funciones de relevancia e interés general. Pero se tratade un interés difuso que no puede ser encarnado por ninguna persona enparticular, pertenece a la comunidad en general y por ello la única forma depersonarse en unas actuaciones penales en concepto de parte es a través delejercicio de la acción popular.”
La acción popular requiere de la parte demandante el depósito de una fianzaque el juzgado ha fijado en 3.000,00 euros. Esta es una sección sindical modestay para que la denuncia siga adelante, es necesario que reunamos esta cantidady la depositemos en el juzgado en un plazo de 10 días. Por eso acudimos a ti,vecino, asociación o colectivo de Alpedrete que compartes nuestradeterminación a la hora de denunciar y combatir estas prácticasantidemocráticas que revelan un desprecio a las instituciones y a sus servidorespúblicos, arrogándose el papel de “yo soy la ley”, sin sometimiento al estado dederecho.
Es el momento de denunciar y de actuar y de superar la dificultad económicaque nos impone el sistema judicial, quién sabe si con ánimo disuasorio, para quepodamos entre todos reforzar el valor de la justicia dentro de nuestro estado dederecho.

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