Aceptada la pena de muerte como opción para Rahim al Nashiri, el ciudadano saudí bajo custodia de Estados Unidos desde hace nueve años

El ciudadano saudí Abd al Rahim al Nashiri fue detenido en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, por las fuerzas de seguridad locales en octubre de 2002. Un mes después fue entregado a agentes estadounidenses y permaneció recluido bajo custodia secreta de la CIA en lugares no revelados durante cuatro años. En ese tiempo fue sometido a tortura y otros malos tratos y a desaparición forzada. En 2006 fue transferido a la custodia militar estadounidense en Guantánamo, donde permanece recluido.

El 28 de septiembre pasado, el vicealmirante retirado de la Armada Bruce MacDonald, “autoridad convocante” de las comisiones militares encargadas de juzgarlo, aprobó la recomendación de la fiscalía de incluir la pena de muerte como opción al remitir a juicio los cargos contra él como capitales. La vista incoatoria está prevista para el 9 de noviembre próximo en Guantánamo, donde se leerán los cargos que se le imputan y se le preguntará si se declara culpable o inocente. La fecha del juicio aún no se ha fijado.

Abd al Rahim al Nashiri ha sido acusado en virtud de la Ley de Comisiones Militares de 2009 de “asesinato en contra de las leyes de la guerra” y “terrorismo”, según anuncio el Departamento de Defensa de Estados Unidos el 20 de abril de 2011. Consideran que desempeñó un destacado papel en el ataque perpetrado contra el USS Cole en Yemen el 12 de octubre de 2000, en el que 17 marines estadounidenses perdieron la vida y otros 40 resultaron heridos, y en el ataque al petrolero francés MV Limburg perpetrado en el golfo de Adén el 6 de octubre de 2002, en el que murió un tripulante.

Durante el tiempo que pasó bajo custodia de la CIA fue sometido a torturas tales como el “water-boarding” -simulacro de ahogamiento- y a otros tratos crueles y degradantes. La información hecha pública indica que fue encadenado, encapuchado y obligado a permanecer desnudo y fue sometido a varias técnicas “no autorizadas”, como amenaza con una pistola y con un taladro eléctrico, “posturas en tensión susceptibles de causar lesiones”, el “uso de un cepillo rígido –utilizado para el baño- con el fin de causar dolor” y la práctica de “mantenerse de pie sobre los grilletes, lo que le provocó cortes y contusiones”. Hasta ahora, nadie ha comparecido ante la justicia por estas violaciones de derechos humanos.

Tras ser designado por el gobierno de Bush para ser juzgado en una comisión militar en noviembre de 2008, Barack Obama, al llegar a la presidencia, ordenó una revisión de los casos de Guantánamo. En noviembre de 2009, el fiscal general de Estados Unidos anunció que el caso de Abd al Rahim al Nashiri ibas a ser devuelto al Departamento de Defensa para que fuera juzgado ante una comisión militar.

Las comisiones militares son consecuencia del “marco de guerra global” elaborado por los Estados Unidos como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001, mediante el que se aplican su particular interpretación de las leyes de la guerra en lugar del derecho internacional. Entre otras prácticas, contemplaba la implementación la tortura y una amplia variedad de malos tratos, la desaparición forzada, el traslado secreto de prisioneros, la detención indefinida fuera del sistema de justicia penal y los juicios injustos ante comisiones militares.

Las comisiones militares incumplen las normas internacionales sobre juicios justos, entre otras causas porque carecen de independencia respecto a un poder ejecutivo que ha autorizado y aprobado violaciones contra los derechos humanos de los mismos detenidos que luego comparecerán ante ellas para ser juzgados, además de bloquear la rendición de cuentas por tales violaciones.

Pero la prueba más fehaciente de que son tribunales parciales lo demuestra el hecho de que si alguno de los detenidos de Guantánamo designado para ser procesado fuera ciudadano estadounidense no podría ser juzgado por ellas en virtud de la ley de Estados Unidos, que le garantiza el derecho a un juicio civil con jurado ante un tribunal federal ordinario. Una manera muy particular de aplicar la igualdad ante la ley.