El Parlamento venezolano, de amplia mayoría opositora, acusó este jueves al presidente Nicolás Maduro de dar un golpe de Estado, luego de que el máximo tribunal asumió mediante sentencia las competencias del Legislativo.
“En Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado”, denunció el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien rasgó frente a las cámaras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), calificándolo de “basura”.
Borges instó además a la Fuerza Armada a no “seguir callada frente a la ruptura de la Constitución”.
La noche del miércoles, la Sala Constitucional del TSJ asumió las funciones del Parlamento en un dictamen que según analistas representa un paso más hacia un modelo autoritario.
“Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga”, indicó el fallo.
La oposición anunció protestas a partir del sábado.
“No podemos estar con la Asamblea Nacional ausente porque ellos quieran”, dijo el legislador Diosdado Cabello, uno de los principales dirigentes del chavismo, al defender el fallo.
Alegando el desacato, el TSJ ya había retirado la inmunidad a los diputados el martes, lo que abrió la posibilidad de enjuiciarlos incluso ante tribunales militares.
Una semana antes de la reunión de la OEA en Washington, el bloque opositor aprobó un acuerdo en el que pidió a la OEA aplicar la Carta Democrática Interamericana, que prevé sanciones en caso de alteraciones o ruptura del hilo constitucional, lo que Maduro calificó como “traición a la patria”, delito castigado con penas de hasta 30 años de cárcel.
La sentencia mediante la cual el TSJ adopta las funciones del Parlamento también tiene un trasfondo económico. Se produjo en respuesta a un recurso de interpretación sobre la creación de empresas mixtas en el sector petrolero.
Según la Constitución, el gobierno no puede firmar contratos de interés público con Estados o empresas públicas y privadas extranjeras, “sin la aprobación de la Asamblea Nacional”.
Pero al declarar “omisión legislativa”, la corte indicó que no existe “impedimento alguno” para que el Ejecutivo conforme compañías sin pasar por una votación de los diputados.
Maduro también intenta atraer inversión extranjera para los sectores petrolero y minero, y enfrentar así la grave crisis económica, reflejada en escasez de todo tipo de bienes básicos y la inflación más alta del mundo, proyectada en 1.660% por el FMI para 2017.
Con información de AFP.
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