Aforados a gogó y a por la IIIª República.

 
“La justicia española no es ciega, sino tuerta –dijo en una ocasión el periodista Iñaki Gabilondo–. Ve muy bien por un ojo, el derecho”. La frase me viene a la cabeza al recordar otra del notario y escritor, Rodrigo Tena Arregui, sobre las prerrogativas o privilegios de la justicia: el aforamiento. Así lo escribía Arregui en un artículo el pasado 23 de abril del 2013: “El aforamiento implica alterar las reglas de competencia judicial penal (objetiva, funcional y territorial) en beneficio de determinadas personas, que tienen derecho a ser encausadas y juzgadas por determinados tribunales previamente señalados… hasta alcanzar un número que ronda los ¡diez mil!como mínimo. El aforamiento implica normalmente el nombramiento de instructor por el órgano que conocerá del juicio (siempre en el caso de que el órgano competente sea el TS y el TSJ). Ello supone que, tan pronto como le conste al Juez de Instrucción que la persona que aparece en la causa está ‘protegida’, deberá remitirla al órgano jurisdiccional competente, perdiendo así el caso, y ello aunque existan otros imputados no aforados (salvo que sea posible el enjuiciamiento separado, que no es lo normal). De ahí lo que cuesta en la práctica que un Juez de Instrucción decida imputar a un aforado. Como el órgano que decide es también el que instruye, el magistrado instructor forma parte de ese órgano, aunque, evidentemente, ya no puede formar parte de la sala que enjuicia. Empiezan ustedes a entender por qué a los partidos políticos les interesa tanto el control del Consejo General del Poder Judicial… Por lo que, de una manera indirecta, los políticos ‘eligen’ o influyen claramente en la elección de los jueces concretos que tendrían que imputarles y juzgarles en caso de que las cosas vayan mal. Por eso, para el político, el aforamiento es un privilegio, mientras que para el resto de imputados implica una pérdida de garantías…”

Tribunales Superiores de Justicia. Elaboración  de El País.
“Es algo que no pasa en ningún país serio –prosigue Tena Arregui–. En Portugal e Italia no existe más aforado que el Presidente de la República(ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, respectivamente). En Francia están aforados el Presidente de la República, el Primer Ministro y sus Ministros. Y en Alemania no hay ni un solo aforamiento. En ninguno de estos países los parlamentarios están aforados ni menos aún cualquier otro alto cargo. Concedido el suplicatorio por la asamblea legislativa (en su caso) el diputado será acusado y enjuiciado por el órgano jurisdiccional competente según las reglas generales aplicables a todos los ciudadanos. Si esa asamblea decide que sin ese parlamentario puede funcionar adecuadamente (fundamento último de la inmunidad) cualquier privilegio ulterior carece de sentido. Enmendar completamente este trato privilegiado tan injustificado no es fácil. Exige modificar la Constitución en el caso de los parlamentarios y los ministros, y los Estatutos de Autonomía en el caso de los diputados y consejeros autonómicos Y, dado que el Gobierno parece decidido a meterle mano a unas cuantas Leyes Orgánicas (como la del Consejo General del Poder Judicial, sin ir más lejos), podían aprovechar también el trámite para acabar con aforamientos tan curiosos como los vocales del Poder Judicial, los magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, el Presidente del TSJ, los Fiscales de Sala del TS y de la Audiencia Nacional, por no hablar del Defensor del Pueblo, ¡de sus Adjuntos!, de los Consejeros del Tribunal de Cuentas, de los del Consejo de Estado, los Generales del Ejército, los Almirantes, el Fiscal Togado, los Defensores del Pueblo autonómicos…. y de los miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica y hasta la Policía Local. Unos, aforados al TS; otros, a los TSJ y otros a las AP, pero todos con idéntico privilegio. Podrían hacerlo, sin duda, pero nos tememos que cuando hablan de reforma sólo es para añadir más gente todavía…”
El presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes (en el centro).
Los 47 jueces decanos que hay en España –que representan a cerca de 2.000 juzgados–han pedido acabar con los “privilegios” jurídicos otorgados a un número cada vez mayor de cargos públicos. Y han planteado a Carlos Lesmes, presidente del Consejo del Poder Judicial, limitar la figura del aforamiento, obtener nuevos instrumentos para luchar contra la corrupción y suprimir prerrogativas como las que permiten a determinados cargos públicos ser juzgados por tribunales superiores y poder contestar a las preguntas del juez por escrito. Como sucedió con los expresidentes de Madrid y Valencia, Esperanza Aguirre y Francisco Camps. Francisco Martínez Espinosa, portavoz de los decanos de jueces de España y decano del partido judicial de Palma, aboga por reducir e incluso eliminar la figura del aforamiento en el sistema judicial, al considerar que ésta tiene “mal encaje en un Estado social y de Derecho en el que debe primar la igualdad de los ciudadanos ante la Ley”. Así lo puso de manifiesto en su comparecencia ante los medios para valorar el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aprobado hace unos días por el Consejo de Ministros. Un anteproyecto y que hará que la Reina y los Príncipes tengan el mismo tratamiento judicial que otros altos cargos, como el presidente del Gobierno, sus ministros, diputados y senadores y la cúpula judicial. El decano manifestó que ampliar esta figura no parece “adecuado” e insistió en la necesidad de disminuir su aplicación. Por el contrario, la intención del Ejecutivo ha sido siempre la de mantener a los aforados que ya contempla la legislación e incluir en esta lista al rey consorte, al consorte de la reina y al príncipe y su consorte, según detalló el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
Alberto Ruiz Gallardón, y el PP, rechazan reformar la ley del indulto de 1870. Alegan: “Ni es opaca, ni arbitraria, ni injusta”.
Mercé Cano, decana de Barcelona afirma que “cuando los aforados que delinquían eran algo excepcional, el aforamiento podía tener sentido. Pero, ahora, los tenemos por decenas. Sobrecargan algunos Tribunales Superiores de Justicia, que ni son buenos órganos de instrucción ni están preparados para ello”. El decano de Zaragoza, Ángel Dolado, lamenta que, en vez de ir en la dirección de limitar los aforamientos, el Gobierno haya decidido “extenderlos aún más para que alcancen a la Reina y a los príncipes de Asturias”, como anunció el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de hace dos semanas. “La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a ciertas personas no tener que acudir al llamamiento del juez, poder contestar por escrito, hacerlo en su domicilio o en el despacho oficial... Todo eso debería desaparecer. La gente no lo entiende y da mala imagen”, opina el decano de Valencia, Pedro Viguer. Los decanos atribuyen el “exceso” de aforamientos al desarrollo de las autonomías, en cuyos estatutos se han ampliado los casos inicialmente previstos. En la actualidad hay 28 aforados imputados en los tribunales superiores. Pero a lo largo de esta legislatura, solo en Valencia, han estado imputados 13. Y los tres que hay ahora en Cataluña pueden elevarse a cinco en unas semanas. Los diputados y senadores, el presidente del Gobierno y sus ministros, los miembros de los Parlamentos autonómicos y los presidentes y consejeros regionales, el presidente y los vocales del Poder Judicial, los del Consejo de Estado, los del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo… gozan de la condición de aforados. Los propios magistrados también son aforados, al igual que los fiscales del Supremo y de los tribunales superiores de justicia. Jueces y fiscales gozan de ese privilegio respecto a las acciones que hubieran efectuado en el ejercicio de sus cargos. Y los cargos políticos están protegidos ante cualquier acusación. Los decanos evitan señalar qué aforamientos deberían eliminarse. Para que mejore la lucha contra la corrupción, opina Ángel Dolado, decano de Zaragoza, el Gobierno debería introducir más cambios. Por ejemplo, un nuevo “cuerpo de peritos contables que dependa de los jueces”, un grupo de expertos que les asesorasen en materia económica “sin necesidad de recurrir a organismos externos como la Agencia Tributaria, la Intervención Generaldel Estado, o el Banco de España”. Los decanos solicitan igualmente una reforma a fondo de la ley del indulto. “La opinión pública no entiende esta figura como está ahora regulada. Y mucho menos en casos de condenados por corrupción”, afirma Alfonso González-Guija, decano de Bilbao.
La Reina, el Príncipe y Leticia, también aforados.
Días antes, Ruiz Gallardón anunciaba que, dentro de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se tiene previsto incluir el aforamiento de la Reina y de los Príncipes de Asturias.Su objetivo es que estos tengan el mismo tratamiento judicial que otros altos cargos, como el presidente del Gobierno, los ministros, diputados, senadores y la cúpula judicial. El Ministro de Justicia insiste en que el aforamiento “no es un privilegio” para el aforado, sino “un instrumento para aumentar la seguridad jurídica sobre personas que el legislador entiende que deben ser objeto de una tutela”. Para el ministro de Justicia, el hecho de que un ministro esté aforado y no el Príncipe es una disfunción en la estructura del Estado. Claro que al ministro no se le ocurrió igualarlos a todos por abajo. Porque Gallardón no quiere dejar en el mismo nivel del resto de españoles a los parlamentarios autonómicos, al presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas, al presidente y consejeros del Consejo de Estado, al Defensor del Pueblo, a los jueces, magistrados y fiscales, cuyos procesos penales corresponden a los Tribunales Superiores de Justicia. Gallardón piensa que si no eres aforado no eres nadie. Y que hay que aumentar la seguridad jurídica sobre las personas que deben ser objeto de una tutela. Por esto se  ha apresurado a establecer que la Reina y los Príncipes de Asturias pasen también a ser aforados, y que sólo puedan ser juzgados por el Tribunal Supremo, justificando la medida. Alberto Ruiz Gallardónseñala que el hecho de ser aforados no supone “ningún privilegio”. Al contrario, indica, porque cualquier persona que es condenada en un proceso penal puede recurrir a una instancia superior mientras que el aforado no tiene esa posibilidad de recurso. En este sentido, el titular de Justicia manifiesta que este aforamiento “aumentará” la seguridad jurídica. 
  Rosa Díez, de UPyD, siempre se ha opuesto a la expansión de aforados.
Claro que no todos piensan como él. En un país que bate el extraño record de ser el que más aforados tiene del mundo –más de 10.000 casos–, es, evidentemente, una "disfunción", en palabras del propio Gallardón, que la Reina y los Príncipes de Asturias no gocen del mismo privilegio que otros tantos cargos público. El cambio se consumó en el Consejo de Ministros con la reforma de la Ley Orgánicadel Poder Judicial impulsada por Gallardón y que extiende esta prerrogativa a La Zarzuela, utilizando el criterio de las "funciones de Estado" que, en ausencia del Rey, recaen sobre el Príncipe, la Reina y la Princesa. El año pasado, España eleva el récord de sus aforados: ya suman 10.003 con la Reina y los PríncipesUPyD presentó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que se debatiese en el pleno la reducción al mínimo de los beneficiarios de esta protección, que considera "un privilegio arcaico", incompatible con los principios que deben regir los "Estados contemporáneos y democráticos". Rosa Díez, de UPyD, tuvo el valor de reclamar la desaparición de tan lacerante antigualla. El resto de grupos le dio la espalda, en particular PP y PSOE. Ella denunció que, "lejos de restringirse esta protección, ha sufrido una extraordinaria expansión sin precedentes al calor del desarrollo del Estado de las autonomías y de la colonización de los partidos políticos de todas las instituciones del Estado, comenzando por la Justicia". La legislación atribuye a los estatutos de autonomía la capacidad de extender esta protección a los cargos de sus instituciones, potestad que todas las normas autonómicas han aprovechado. Se ha ampliado el aforamiento a los diputados y a los miembros de los ejecutivos regionales, en algunos casos también a los defensores del pueblo regionales y a sus adjuntos, a los diputados provinciales e incluso a los funcionarios de las policías autonómicas. El resultado es un número estratosférico de aforados que sitúa a España a la cabeza del mundo en esta particular clasificación. Juan Luis Gómez Colomer, catedrático que ejerce en la Universidad Jaume I de Castellón, eleva el dato hasta las 250.000 personas por la consideración especial que tienen los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. El número contrasta con los casos del Reino Unido y Alemania, donde no existe esta figura procesal. En Francia, se limita al presidente de la República y a los miembros del Gobierno. Y en Italia y Portugal sólo disfrutan de estas garantías los presidentes de la República.
 De acuerdo con la Constitución, “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”.
Según datos del CGPJ, en la actualidad se tramitan entre 1.600/1.700 procedimientos en todo el país, relacionados con casos de corrupción política, que van desde la prevaricación hasta la apropiación indebida, pasando por el cohecho, la malversación de caudales públicos, el tráfico de influencias y la estafa. Ruiz-Gallardón anunciaba, en junio pasado, la posibilidad de acabar con el aforamiento de 57 altos cargos de los 10.000 citados. Según él, “esto es todo lo que puede hacer el Parlamento, descartada la posibilidad de reformar la Constitución y los 17 estatutos autonómicos”. Así estamos. Con todo, el aforamiento de los Príncipes es apenas un entremés sin mayor importancia comparado con la operación que, tras las bambalinas, se está pergeñando en torno a la figura del Rey Juan Carlos I. Sabido es que el Monarca es por definición el perfecto aforado de acuerdo con la Constitución de 1978. (“La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”). Esta inviolabilidad ha sido argumentada como el más serio obstáculo, y no precisamente baladí, que se yergue frente a una eventual abdicación del rey en la persona de su hijo, el Príncipe Felipe. Una operación llena de lógica que, a pesar de los desmentidos oficiales y de la negativa radical del propio afectado, sigue su curso por las sentinas del Poder y que podría concretarse esta misma legislatura. La próxima sería muy difícil, con un parlamento tan fragmentado como el que vaticinan las encuestas ¿Cómo evitar que, en caso de abdicación, cualquier ciudadano acuda un día al juzgado de guardia para interponer denuncia contra el ahora Rey por el cobro de tal o cual comisión en tal o cual país u operación? Para cercenar esta posibilidad, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba están abiertos de par en par a la posibilidad de hacer aprobar por amplísima mayoría en las Cortes una Ley de Abdicación (así se la conoce en la propia Casa del Rey) que, entre otras cosas, blindaría la persona del Monarca en caso de que decidiera abdicar, extendiendo de por vida aquella inviolabilidad inserta en la Constitución. Setrata de una operación de gran calado de la que están al corriente las más altas instituciones del Estado y cuya materialización llevaría su tiempo. La única condición que los líderes de ambos partidos han puesto para poner en marcha la iniciativa es que el Rey haga un gesto, dé una señal, en dirección a esa abdicación. El Príncipe, aseguran fuentes consultadas, se manifiesta dispuesto a esperar lo que sea menester. ‘Él no quiere acelerar nada, frente a los nervios que manifiesta la princesa Letizia, una mujer superada por los acontecimientos, la sobreexposición de su persona, y la presión de las redes sociales y medios de comunicación’.
Gallardón, y el fiscal general del Estado, Torres-Dulce, durante la presentación del Libro Blanco.
El fiscal general del Estado abogaba el pasado martes por una mayor autonomía de la Fiscalía ya que los ciudadanos ven inadmisible que esté “teledirigida” desde el Gobierno, “ideologizada o al servicio de concepciones políticas”. Torres-Dulce, en presencia de Ruiz Gallardón, reconocía que existen injerencias políticas en lo que, según la Constitución, debe ser independiente de los poderes Legislativo y Ejecutivo. El fiscal general explicó que éste es uno de los planteamientos del Libro Blanco del Ministerio Fiscal, presentado en un acto celebrado en la Fiscalía general, con la participación de Gallardón. El fiscal general reclamó un reforzamiento de la institución con “plenitud de medios” para afrontar sus nuevos retos.  “El objetivo  –dijo– debe ser el de mantener al Fiscal al margen de la contienda política y vincularlo a la lucha por la promoción de la justicia y el interés de la sociedad. De otro, dilapidaremos un bien escaso y caro”. A su juicio, el buen funcionamiento del Ministerio Fiscal debe ser una cuestión de Estado, ajena a “intereses partidistas o sectoriales” que exige por ello una convergencia integradora. En su turno de intervención, el ministro alabó la “profesionalidad y dedicación” de todos los miembros de la Carrera Fiscal y destacó especialmente el “indiscutido prestigio” de Torres-Dulce y la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, que deberá “beber de las fuentes” del Libro Blanco. Por su parte, Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, apostó por fomentar la “accesibilidad y transparencia” del Ministerio Fiscal, así como por una Justicia “más cercana” a los ciudadanos.  
José Yoldi escribe en Elcuartopoder en el artículo “El anteproyecto del terror” que dice, entre otras cosas: “Si, con la reforma del Consejo, el ministro convertía de hecho al órgano de Gobierno de los jueces en poco más que una dirección general de su ministerio, con el nuevo anteproyecto se da una nueva vuelta de tuerca para que el Ejecutivo de Mariano Rajoy y su partido puedan tener el control de los jueces y evitar que al PP le puedan instruir un nuevo caso Gürtel o unos nuevos papeles de Bárcenas. La justicia pasa así a ser el cortijillo de Gallardón. En la justificación del apaño, el Gobierno hizo pública que ‘el objetivo es agilizar la justicia y reducir los tiempos de resolución con tres medidas principales’. De esta forma, los asuntos de especial trascendencia, entre ellos todos los de la Audiencia Nacional, pasarán a ser instruidos por tres jueces para incrementar la seguridad jurídica’. ¿Agilizar la justicia cuando, para resolver cualquier providencia, unas escuchas o una entrada y registro, tienen que decidirlo entre tres jueces en lugar de uno solo, con mayorías de dos a uno y voto particular discrepante? ¿Eso es más rápido? Obviamente, no. Lo que se persigue es otra cosa. La mayoría de los jueces, según algunos de ellos, pertenecen al grupo NOMEFO (no meterse en follones) y solo algunos están dispuestos a que no les asciendan o a que les hagan la vida imposible en los medios de comunicación afines al Ejecutivo. La decisión de que, en lugar de un juez, instruyan colegiadamente tres no es agilizar los trámites, sino que parece tener como finalidad evitar jueces como José Castro, que contra viento y marea y próximo a la jubilación, ha tenido el coraje de citar a declarar como imputada a la infanta Cristina de Borbón. O impedir que otro juez, como Pablo Ruz, ordene el registro de la sede del Partido Popular, pida comisiones rogatorias sobre cuentas en Suiza del tesorero de la formación o se pronuncie en un auto sobre la caja B que financiaba el partido. Si esas decisiones se hubieran tenido que tomar entre tres jueces, quizá no se hubieran adoptado: por prudencia o por temor a las consecuencias… “Gallardón, a través de su vicario en el Consejo, Carlos Lesmes, controla todos los nombramientos –prosigue José Yoldi–. Si el PSOE quiere nombrar a algunos magistrados afines, tendrá que apoyar a los vocales del PP, porque estos tienen mayoría para aplicar el rodillo y que todos los nombramientos sean suyos. Además, ahora que el PP tiene mayoría absoluta de jueces afines en la Sala Segunda, el Gobierno decide establecer que la jurisprudencia de esa sala sea vinculante, con lo que se habrá cargado la libertad del juez para interpretar las leyes. Para hacer otra interpretación distinta de la realizada por la Sala Segunda, el juez deberá justificar expresamente la inaplicabilidad de la doctrina al caso concreto. La medida es un instrumento de control más. Daría igual que, en lugar de jueces de instancia, pusieran un ordenador y un funcionario para aplicar la jurisprudencia del Supremo… Por si no fuera suficiente, el PP está legislando a golpe de caso concreto. Ya lo hizo con la reforma del Código Penal y ahora con el capado de la jurisdicción universal porque una sala de la Audiencia Nacional había ordenado la detención del expresidente chino Jiang Zemin por su participación en los delitos contra la humanidad en el Tíbet. La consecuencia de tanta precipitación es que el juez Fernando Andreuha tenido que poner en libertad por falta de jurisdicción a ocho egipcios detenidos el pasado 6 de marzo cuando transportaban 9.851 kilos de hachís y se encontraban en aguas internacionales frente al cabo de Gata. Antes, la jurisdicción universal amparaba esas detenciones de extranjeros con droga, pero ahora solo puede hacerse si el barco es español, los marineros son españoles o el delito fuera a ser cometido en España”. En un artículo publicado en Público.es, Luis García Montero nos recuerda la vigencia de la República en este mes de abril. “Hablar de la República supone, de forma inevitable, asumir una tarea de conocimiento y verdad histórica. Y por eso supone también una meditación sobre el presente. Este abril republicano de 2014 es una urgencia, una llamada a la realidad inmediata, un compromiso para devolver a los ciudadanos su orgullo y su capacidad de autogobierno. Se trata de devolver la política a sus propietarios legítimos. Ser republicano significa tomarse en serio la democracia en una Europa que le ha hurtado a la política las decisiones sobre el futuro para regalárselas a la sangre azul del dinero. La política está muerta en una sociedad en la que los poderes financieros se imponen a la soberanía de los parlamentos. La política está muerta cuando un partido designa a sus candidatos sin discusión de sus órganos, reduciendo la democracia al dedo masturbatorio del jefe. La política también está muerta cuando un país renuncia a la elección de su Jefe de Estado. La política está muerta cuando abandona la palabra socialismo en la bandeja de un rey o en la mesa de un banquero. El consenso con las hipotecas de la banca no es política, sino liquidación por derribo”. Para García Montero, ser republicano supone respeto a las leyes, porque son el principal espacio público de la convivencia. “Pero no olvidemos que el respeto es siempre un viaje de ida y vuelta. Respetar la ley exige en primer lugar su cumplimiento. Y cuando los derechos de la realidad y de la legitimidad democrática no encuentran solución dentro de la ley, el respeto exige un cambio de la legalidad, su acomodo a la justicia. Ese viaje de ida y vuelta vale tanto para la organización territorial como para la defensa de la justicia social. En este abril republicano de 2014, las formas del Estado son también inseparables de la voluntad de conseguir una democracia económica que detenga el empobrecimiento de la mayoría de la población. La cicatriz aguda de la brecha social debe quedar fuera de la ley. Ser republicano es defender la virtud pública y el pudor democrático”.

La Primera República española, desde el 11 de febrero de 1873 hasta el 29 de diciembre de 1874, fue una experiencia corta, caracterizada por la inestabilidad política. En sus primeros once meses se sucedieron cuatro presidentes del Poder Ejecutivo, todos ellos del mismo Partido Republicano Federal, hasta que el golpe de Estado del general Pavíadel 3 de enerode 1874 puso fin a la República Federal. El período estuvo marcado por tres conflictos armados simultáneos: la tercera carlista, la sublevación cantonal en la península Ibérica y la Guerra de los Diez Años en Cuba. La Segunda República se proclamaba 52 años después, el 14 de abril de l931, en sustitución de la monarquía de Alfonso XIII, y duró hasta el 1 de abril de 1939 (fecha del final de la Guerra Civil Española, que dio paso a la dictadura del general Franco). En ella se sucedieron tres gobiernos: el presidido por el republicano de izquierda José Giral, aunque durante su corto mandato (de julio a septiembre de 1936) el poder real estuvo en manos de los cientos de comités que se formaron cuando estalló la revolución social española de 1936; el siguiente gobierno fue presidido por el socialista Francisco Largo Caballero, el líder de uno de los dos sindicatos (UGT, junto con CNT) que habían protagonizado la revolución; y el tercer gobierno, por el también socialista Juan Negrín, como consecuencia de la caída de Largo Caballero tras los sucesos de mayo de 1937, gobernando hasta principios de marzo de 1939, cuando se produjo el golpe de estado del coronel Casado que puso fin a la resistencia republicana, dando paso a la victoria del bando sublevado encabezado por el general Franco. A partir de entonces, la República dejó de existir en territorio español, pero sus instituciones se mantuvieron en el exilio. Hoy, en el día de la proclamación de la IIª República española, cada vez son más los que la recuerdan y ansían la IIIª. Elefante perseguido por el Rey. En los fotomontajes de esta semana vislumbramos a un Gallardón exultante frente al escudo y bandera española; otro, al frente del Monasterio de Justicia, y, al tercero, desglosando el clima de libertad. 

 Foto de la portada de El Jueves.

El último fotomontaje es el del papa Rajoy y los suyos, del PP.  Los "Yihad" de Monoglia.
El humor de Erlich 


  Peridis, El Roto, Forges, J. R, Mora, Ferrán, Alonso y el Pat.









 Y el de Pep Roig, desde Mallorca: Clima contravertido, Un lema para las elecciones, Los medios de la justicia sin medios, Los más ricos de los más pobres, Un esquirol indigna a los corruptos españoles (presuntos), No, ni, no, ni no…, y PP-B.      
  

Terminamos ya con cuatro vídeos. El primero de ellos, el himno de Riego y su letra, al conmemorar el septuagésimo séptimo aniversario de la proclamación de la Segunda República Española. ¡Y a por la tercera!

Las voces de Niceto Alcalá-Zamora e Indalecio Prieto o imágenes de lo que ocurrió en la Puerta del Sol, el 14 abril de 1931, son algunas de las joyas documentales recogidas en una película que ha estado perdida desde entonces y que rescata imagen y sonido inédito del Gobierno provisional de la II República.

Funny preparó la escena con cuidado. Avanzó decidida por la borda del barco mirando a la cámara para empezar su entrevista con el alcalde. El asunto iba sobre un espectáculo con antiguos barcos a vela que cada año celebra la ciudad holandesa de Kampen. Pero, tras la primera pregunta, la periodista… 'se mojó'.

La Charanga Los Tocados interpretando la Marcha Nupcial de F. Mendelssohn el 29 de Marzo de 2014 en la Boda de Alberto (miembro fundador de dicha charanga) y Rocío.