Aguirre quiere estrangular la ley de dependencia

Ya se sabía. A esta mujer, la famosa lideresa, la chulapa Aguirresca, le importa un bledo la ciudadanía. Ella pretende hacer de Madrid el paraíso del neoliberalismo, el jardín de las delicias de los empresarios que se están poniendo las botas con servicios que hasta su llegada eran mucho más públicos, como la Sanidad y la Enseñanza.

No voy a volver a hablar de la labor en favor de las empresas sanitarias privadas que está ejerciendo, a costa de adelgazar la  parte pública de la tarta. Tampoco lo haré de cómo sube el presupuesto para los colegios concertados, así como las facilidades que otorga para colegios privados, en detrimento de los públicos donde el presupuesto baja. No hay ni una sola prueba de que la Educación haya mejorado, ni una sola, y desde luego hay una certeza de que la Sanidad ha empeorado, a pesar de las cuentas mágicas y acrobáticas que tienen que hacer desde la Comunidad para decir que “han disminuido las listas de espera” cuando todos sabemos como han aumentado y como ha empeorado el servicio prestado.

Hoy voy a hablar de una parte de los servicios sociales que también en Madrid se ven

afectados por ese afán de querer hacer ricos a esos que la ven cojonuda, a costa de obtener fáciles beneficios que les sirve en bandeja la lideresa. Y es que lo de la ley de dependencia es de cárcel.

Esta señora ha declarado, sin sonrojo y sin vergüenza –algo de lo que carece— que la culpa de que no se cumpla la ley de dependencia es porque lo tienen que hacer funcionarios y no empresas externas. “O sea que la culpa es de los funcionarios que deben de ser unos vagos”. Luego aclara la “buena” señora que dispone de pocos funcionarios para hacerlo. Naturalmente no hace mención a que por hacer oposición al gobierno central, empezó a aplicar esta ley con un año y medio de retraso y que todavía no ha convocado para este fin, plazas de funcionarios, después de tres años de vigencia de dicha ley.

A estas alturas no cabe duda de que lo único que le interesa, a costa de los enfermos naturalmente –hay que ser canalla para actuar así—, es dar este negocio a las empresas de seguro y otras agencias privadas, que según ella están capacitadas para valorar las solicitudes. Mientras tanto, frena y boicotea la ley, sin importarle naturalmente si las doscientas mil familias que teóricamente lo solicitan tienen que seguir sufriendo hasta que ella consiga privatizar el servicio.

Por dar un ejemplo claro, Jaén con 670.00 habitantes había concedido hasta noviembre pasado 20.000 prestaciones contra las 21.000 que ha concedido Madrid con 6.200.000 habitantes. Y tan fresca como una lechuga, como si no fuera con ella. La culpa es de los funcionarios, si la dejaran ella lo arreglaba rápido, dándoselo a las aseguradoras.

No es posible por más tiempo que esta arpía haga y deshaga con ese desparpajo chulesco sin que nadie le pueda hacer sombra. O la oposición se pone las pilas o en la próxima legislatura prepárense para ser vendidos, porque poco más quedará por privatizar en este Madrid que políticamente, cada día, se está volviendo más cutre, reaccionario e insufrible.

Salud y República