Naciones Unidas denunció hoy la represión desatada por el Gobierno de Bahrein contra activistas políticos y defensores de los derechos humanos y condenó varios casos de personas muertas bajo arresto.
La acusación fue hecha por la Alta Comisonada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien reclamó una investigación independiente sobre los decesos en prisión y alegados actos de tortura.
En un comunicado de prensa, la funcionaria exigió a las autoridades de ese país árabe que cesen la intimidación y el hostigamiento contra los manifestantes y garanticen la protección de los derechos civiles y políticos fundamentales.
Pillay también condenó el procesamiento de médicos y las sentencias a muerte dictadas contra cuatro personas por un tribunal militar a puertas cerradas.
El encausamiento de civiles por cortes castrenses siempre es causa de preocupación y la aplicación de la pena de muerte sin el debido proceso y en juicios secretos es ilegal y absolutamente inaceptable, dijo la responsable de derechos humanos de la ONU.
El ministro de Justicia de Bahren, Khaled Bin Alí Al Khalifa, anunció ayer un juicio militar contra un grupo de médicos y enfermeras por supuestos actos contra el Estado (atender a manifestantes chiitas heridos durante la represión policial).
Se trata de 23 galenos y 24 enfermeras del complejo sanitario Salmaniya acusados por las autoridades del delito de participar en intentos de derrocar a la monarquía sunnita e involucrarse en marchas ilegales.
La Alta Comisionada de la ONU demandó que los responsables de los ataques y muerte de los manifestantes rindan cuenta ante la justicia y reiteró su pedido para que una misión de Naciones Unidas sea autorizada a investigar la situación en el país. (PL)