Al final los locos teníamos razón

Hace 7 años, en 2005, se aprobó por referendum la firma de la Constitución Europea. Un referéndum que fue secuestrado por el efecto ZP y se intentó hacer de él una especie de segunda vuelta que ratificara la victoria de Zapatero puesta en duda desde la derecha mediática con teorías conspiranoicas en torno a los atentados del 11m en Madrid.

Por aquel entonces yo manifesté siempre públicamente mi oposición al tratado e hice campaña activa por el NO. Un amigo de las Juventudes Socialistas se extrañaba y me preguntaba “¿pero de verdad tú te crees esas cosas de la Europa del capital y de la guerra que dicen los comunistas?”. Esta pregunta, con un tono peyorativo hacia “los comunistas” que no eran más que todas las formaciones a la izquierda del PSOE fuesen comunistas o no, hacía referencia a un slogan que la izquierda utilizaba en la campaña para condensar que se rechazaba dicha constitución porque solamente beneficiaba los poderes financieros y una política exterior agresiva con el mundo. Mi amigo me trató de loco, de antieuropeo, poco faltó incluso para calificarnos a quienes defendíamos desde la izquierda el no, de ser iguales que la derecha ultranacionalista.

Siete años después de aquella conversación que me quedó marcada, vuelvo a pensar en aquella oportunidad perdida de que la izquierda hubiese conseguido tumbar un tratado constitucional que solo beneficiaba al capital y se hubiese podido presionar por una constitución social, por una Europa de los ciudadanos. Con las consecuencias de la gran estafa de la crisis, asolando países y arrebatando la soberanía nacional a los pueblos de Europa, solo me queda recordar que se les avisó pero, como siempre, se nos trató de locos hasta que el rodillo del capitalismo feroz arrasó media Europa con el amparo de una UE que viaja a diferentes velocidades y en la que los pueblos de Europa son lo que menos importa.

Algo similar ocurrió en diciembre de 2010 cuando el Consejo de Ministros encabezado por Zapatero aprobó las privatizaciones parciales de Loterías y Apuestas del Estado y de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea). En respuesta a dicha amenaza de privatización, los trabajadores de AENA se pusieron en huelga y paralizaron por completo los aeropuertos de España, dando solamente servicio a los vuelos de tipo médico. En aquella ocasión el ministro José Blanco decidió acabar con un conflicto que él mismo había generado militarizando el espacio aéreo. Por primera vez en la democracia se utilizaba al ejército para acabar con un conflicto laboral y en defensa de lo público. Por aquel entonces toda la prensa azuzaba contra los controladores, todo el mundo reclamaba como un derecho el poder irse de vacaciones a Punta Cana y nadie se planteaba, nadie pensaba siquiera, en que la protesta iba dirigida contra la privatización de los aeropuertos españoles, que se estaba defendiendo un patrimonio público que generaba riqueza y que el PSOE había decidido privatizar.

En aquel entonces también fue difícil explicarlo, también se nos trató a quienes desde la izquierda defendíamos la huelga de irresponsables, de  antipatriotas y de alarmistas. Se nos decía que con aquella privatización se mejoraría el servicio y no se perderían empleos. Hoy nos encontramos en la prensa que AENA ya se plantea reducir el 65% de su plantilla en 10 aeropuertos, unos 1000 de los 9000 de que dispone en total. Una vez más, se avisó, pero se nos trató de locos e irresponsables y hoy observamos cómo se desmantela poco a poco la estructura de aeropuertos públicos de España.

Unos meses después, en agosto de 2011, cuando el PSOE daba sus últimos coletazos en el Gobierno, se propició lo que muchos llamamos un golpe constitucional cuando el PSOE y el PP pactaron una reforma express de la Constitución que establecía por ley un límite del techo de déficit público en España. Muchos nos indignamos, muchos salimos a la calle y muchos alzamos la voz advirtiéndo de que dicha reforma abría las puertas de par en par a los recortes y las privatizaciones. Desde el PSOE se nos trató de locos, se nos atacó, se negó que se fuera a recortar nada y, lo que es peor, se trató de tonto a todo un país haciéndole creer que no tenía un fundamento ideológico, sino obligatorio.

Una vez más los locos, los utópicos, teníamos razón y hoy vemos cómo semana tras semana se destruye, se recorta, se ataca a lo público y se privatiza. Ahora, como entonces, muchos nos seguimos oponiendo a la destrucción sistemática de los servicios públicos, de los derechos y, en definitiva, de las personas. Evidentemente no todo el mundo puede decir lo mismo y quien privatizó, quien subió impuestos, quien recortó, no puede enarbolar ahora la defensa de lo público. Ante nosotros están los dos verdugos del estado del bienestar, el PSOE y el PP. Uno ideológicamente consciente y otro pragmáticamente obediente. Culpables los dos recorten o privaticen a velocidades diferentes. Tras dos reformas laborales del mismo color pero diferente tonalidad que se han demostrado inútiles y un atentado contra los trabajadores, queda claro que tras el golpe constitucional no queda espacio para el diálogo con quienes perpetúan el mismo sistema y buscan métodos de blindaje mutuos.

En nuestras manos está ser capaces de dar respuesta a esta crisis y proyectar un modelo alternativo no solo de salida a la misma, sino para la construcción misma de otro modelo social. Con el sistema en pleno colapso y una fractura social que pone en peligro la mera supervivencia de miles de personas es de vital urgencia la construcción de una alternativa sólida que señale con el dedo quiénes son los culpables y los cómplices de esta crisis, de no perdonar a los tontos útiles que se dejaron utilizar para imponer un modelo insostenible desde supuestas posiciones de izquierdas y de conseguir, como decía la última campaña de IU, que el miedo cambie de bando. En nuestra agenda debe estar, como primer punto, la confluencia de todos los conflictos sociales y la canalización de los mismos con el proposito de conquistar una nueva hegemonía que nos permita crear un nuevo modelo social.