Albert Sola e Ingrid Sartirau presentaron una demanda de paternidad contra el Rey Juan Carlos

Albert Sola e Ingrid Jeanne Sariau presentaron una demanda de paternidad contra el rey, Juan Carlos I.
Dos juezas de Madrid no aceptaron las demandas de filiación presentadas por un hombre y una mujer. Se trata de la juez María Isabel Ferrer-Sama, titular de los juzgados de Primera Instancia numero 19 de Madrid, y de Milagros Aparicio, del número 90, que apelaron a la inviolabilidad constitucional del monarca para no tramitar pleitos de dos personas que aseguran ser hijos de don Juan Carlos I: Albert Solá Jiménez e Ingrid Jeanne Sariau. Ambos pidieron que se les declarase hijos del rey “por vía sanguínea”. Y ambas juezas coinciden en el argumento de que la inviolabilidad e irresponsabilidad de los actos del monarca definidos por la Constitución impiden proseguir contra el rey procesos de esta índole.
La jueza Ferrer-Sama tardó un día en rechazar la tramitación de la demanda de Solá Jiménez, destacando, según recoge en su auto, que el artículo 56 de la Constitución establece que “la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Añade que ese artículo recoge “la tradición histórica e internacional” que atribuye al monarca una protección o estatus especial que imposibilita no sólo que se le exija responsabilidad penal, sino también que se dirijan contra él acciones civiles como una demanda de filiación. Según la jueza, la doctrina, “no sin alguna fisura, establece la inviolabilidad para la conducta personal del Rey, y la irresponsabilidad, para los actos que realice en ejercicio de sus funciones constitucionales. La segunda jueza, Milagros Aparicio, es más escueta, al no tramitar la demanda de Ingrid Sartiau, y se limita a destacar “el blindaje constitucional” del rey frente a este tipo de demandas, “ya que es inviolable, de acuerdo a la Carta Magna”.
Gaspar Llamazares, diputado de IU, califica de “desvarío” que el rey no responda a las demandas de paternidad. Sostiene que, según esta argumentación, Juan Carlos tendría la consideración de un “rey absoluto e impune”, cuando es un rey constitucional, “que debe responder de demandas de paternidad como cualquier otro ciudadano”. En su opinión, tiene derechos y obligaciones “que no se suspenden por el hecho de ser rey. Y, aunque no gobierna, tiene atributos de reyes que sí gobernaban y de manera absoluta”. IU propone al Gobierno establecer por ley un Estatuto de la Casa Real que regule, entre otros extremos, en qué tribunal debe responder el monarca, para cubrir el vacío legal que existe al respecto.
Joaquim Bosch, portavoz de “Jueces para la Democracia”, considera que estos autos son jurídicamente discutibles. En su opinión, la inviolabilidad e irresponsabilidad que la Constitución predica del monarca se refiere exclusivamente a sus funciones y a actos como jefe del Estado. Pero esa falta de responsabilidad no puede alcanzar al ámbito civil, ya que afectaría a otros principios constitucionales como el de igualdad. “Una protección tan extensiva –argumenta– supondría privar de otros derechos a otros ciudadanos, como, en este caso, el derecho a reclamar la paternidad, la tutela judicial efectiva, la no indefensión, o la igualdad de todos ante la Ley”. Bosch indica que cualquier desigualdad de trato debe tener una justificación razonable, y en este caso no acierta a comprender cuál puede ser.
Albert Solá Jiménez, gerundense de 56 años, asegura que su madre se quedó embarazada del rey tras conocerle en Barcelona, donde él viajaba estando en la academia militar de Zaragoza. Albert nació en 1956, siete años antes que la infanta Elena, la hija mayor de los reyes. Ingrid Sartiau, belga de 46 años, dice que su madre tuvo una relación con el rey hasta 1966, fruto de la cual nació ella en aquel año –después de la infanta Cristina y antes del príncipe Felipe–. Ambas personas se sometieron a un test de compatibilidad del Adn por un especialista de la Universidad de Lovaina, que estableció que son hermanos al 91 por ciento de probabilidades.