Mal pintan las cosas paras los alcaldes y los directivos de empresas públicas en Andalucía.
Rafael Velasco, Vicesecretario General del PSOE de Andalucía, calificó ayer de "superdesproporcionados>" los sueldos de alcaldes y altos cargos de empresas públicas de la Comunidad, a los que me referí ayer.
Velasco considera muy adecuada la propuesta de Francisco Toscano, alcalde de Dos Hermanas y Presidete de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), de establecer escalas salariales con un mínimo y un máximo, tomando como tope referencial los 81.155 euros al año que cobra el Presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.
Así, por poner un ejemplo, el alcalde de una ciudad como Sevilla no podría superar el salario de un consejero, cosa que ahora sucede con creces. Tampoco un alto cargo de una empresa pública.
Velasco intentará alcanzar un acuerdo para su puesta en marcha con el Partido Popular e Izquierda Unida y, si éste no llega a buen puerto, ha asegurado que lo aplicarán unilateralmente en los lugares donde gobiernen.
En este punto, personalizando en Sevilla, el extraordinariamente pagado gerente de Tussam, Carlos Arizaga, ya puede ir pensando en poner en remojo su nómina.
La cuestió ahora es saber si Arizaga, ese cotizado profesional, va a tragar co un recorte que rondaría al menos los 60.000 euros al año o, ante tal atentado a su salud financiera, renunciará a continuar dirigiendo la empresa. Porque igual cualquira otra del sector le abona los alrededor de 140.000 euros anuales que cobra por capitanear la compañía de transporte público sevillano, o más. Cosas peores se han visto.
La cosa se pone fea, porque si el Gobierno modifica la ley estatal para que recoja límites, que parece que lo quiere hacer, la aplicación sería automática, con lo que a Arizaga no le quedaría otra que aceptarlo o renunciar.
La renuncia significa tirar por la borda una de las opciones más comúnmente utilizadas por este tipo de directivos: esperar pacientes a que les echen.
La razón no es otra que estos dirigentes, fervientes defensores la inmensa mayoría, entre otras cosas, del abaratamiento del despido -cuando no de su gratuidad-, gozan de la práctica bastante extendida de incluir en sus contratos clásulas de blindaje por cantidades millonarias.
De ahí que prefieran mil veces el despido a marcharse por su propia voluntad cuando algo no es de su agrado. Es preferible una patada en el trasero si te vas con las alforjas llenas.
Quizás sea éste el motivo por el que la dignidad profesional cotiza tan a la baja en el gremio.