El Ministerio Público presentó acusación y solicitó apertura a juicio contra el alcalde de San Francisco de Macorís y otros tres funcionarios del Ayuntamiento, acusados cometer irregularidades en el manejo de los fondos, que superan los 400 millones de pesos.
A través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) fueron acusados por desfalco Félix Manuel Rodríguez Grullón, alcalde; Jerson Neris Lizardo Pérez, encargado de Nómina; y la tesorera Fior D'liza Genao Hernández junto a la señora Ana Hilda Bobie Aquino de Lizardo, en calidad de cómplice.
El grupo está acusado de cometer los crímenes de coalición de funcionarios, falsedad, uso de documentos falsos, y prevaricaron, además de los delitos de desfalco, concusión, soborno, asociación de malhechores y abuso de confianza.
La magistrada Laura Guerrero Pelletier, titular de la PEPCA, declaró que a los imputados se les atribuye la violación de los artículos 123, 124, 145, 147, 150, 151, 166, 167 y 169 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 170, 171, 172, 177, 178, 179, 265 y 266, de dicha normativa, que tipifican ese tipo de crímenes.
"En el proceso de investigación realizado por la PEPCA y una auditoría realizada de manera conjunta con la Cámara de Cuentas en el período 2007-2011, se determinó que con sus actuaciones dolosas los funcionarios del Ayuntamiento de San Francisco incurrieron en las citadas irregularidades en el manejo de los fondos públicos", manifestó la funcionaria del Ministerio Público.
De acuerdo a la auditoria, el alcalde Rodríguez Grullón otorgó obras sin que se haya realizado un concurso público o de oposición, en franca violación de la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios del Estado, comprobándose que era para favorecer a determinadas empresas.
Asimismo, expresa que el Alcalde suministró combustible a camiones alquilados a particulares.
También en el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, por decisión del alcalde, se hicieron contratos de obras que no establecen garantías mediante pólizas de seguros.
La auditoría también determinó que el Ayuntamiento contrató 481 obras por un monto equivalente a 377 millones 860 mil 484 pesos, sin haber exigido a los contratistas el depósito de las pólizas de garantía de avance y de vicios ocultos, a la firma del contrato y recepción de las obras, respectivamente.
Dicha auditoría revela además que del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2011, el Ayuntamiento no exigió pólizas a los contratistas ascendentes a 113 millones 358 mil ciento cuarenta y cinco pesos, por concepto del 20% de garantía de avance y del 10% de vicios ocultos en apego a la Ley No. 5560 sobre Póliza de Garantía de Anticipos y Vicios Ocultos.
Asimismo, determinó que el Alcalde Félix Manuel Rodríguez Grullón en el año 2011 sobrevaluó las cuentas por un monto ascendente a doce millones.
Mediante la auditoría por igual se estableció que el Alcalde con la colaboración de Jerson Neris Lizardo Pérez, le otorgó pagos duplicados a empleados que tienen cédulas duplicadas, así como nombres y códigos de empleados diferentes.
Además se comprobó que hubo desfalcó en los períodos comprendidos entre el 2007 y 2011, por concepto de nóminas de ayudas a personas, sin que existan expedientes que justificaran eas ayudas, tales como cédulas de identidad y electoral, evaluaciones socioeconómicas y módicas, según su naturaleza, que permitan identificar las causas para otorgar esas asistencias.
Expresa que el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís además dejó de percibir la suma de 2 millones 617 mil 749 pesos, por el acusado Félix Manuel Rodríguez Grullón, al no aplicar el impuesto correspondiente al 10%, para beneficiar allegados en el alquiler de vehículos a proveedores de servicios, por la recogida de desechos sólidos.
De igual manera determinó que realizó pagos a compañías sin que existan contratos de alquiler y soportes justificativos, y que incumplió en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís de las normativas legales establecidas en el artículo 21 de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios, que establece límites en cuanto a la composición, de cómo se destinaron los ingresos propios y los recibidos por las diferentes modalidades establecidas por las leyes nacionales para satisfacer sus competencias.
También, expresa que hubo sobrevaluación y desfalco en nueve obras con la existencia de contratos reformulados que exceden el 25% del presupuesto original de las obras, sin las debidas justificaciones comprobadas que demuestren las imprevisiones causantes de esas adiciones.
Publicado en San Fco. de Macorís
Editado en Neiba, Cabecera de la Provincia Bahoruco, República Dominicana.