Alemania durante el juicio a Eichmann

(...) el juicio de Eichmann tuvo en Alemania consecuencias mayores que en cualquier otra parte del mundo. La actitud del pueblo alemán hacia su pasado, que tanto ha preocupado a los expertos en la materia durante más de quince años, difícilmente pudo quedar más claramente de manifiesto: el pueblo alemán se mostró indiferente, sin que, al parecer, le importara que el país estuviera infestado de asesinos de masas, ya que ninguno de ellos cometería nuevos asesinatos por su propia iniciativa; sin embargo, si la opinión mundial ―o, mejor dicho, lo que los alemanes llaman das Ausland, con lo que engloban en una sola denominación todas las realidades exteriores a Alemania― se empeñaba en que tales personas fueran castigadas, los alemanes estaban dispuestos a complacerla, por lo menos hasta cierto punto.

El canciller Adenauer previó que el juicio pondría a Alemania en una situación embarazosa, y manifestó que temía salieran "a relucir de nuevo todos los horrores", lo cual produciría una nueva oleada de sentimientos anti alemanes en todo el mundo, como efectivamente ocurrió. Durante los diez meses que Israel dedicó a preparar el juicio, Alemania tuvo buen cuidado de precaverse de los previsibles resultados, y para ello hizo un nunca visto alarde de celo en la caza y captura de criminales nazis en su territorio. Pero en ningún momento las autoridades alemanas o algún sector importante de la opinión pública propugnó solicitar la extradición de Eichmann, lo cual parece hubiese sido la reacción lógica, ya que todos los estados soberanos suelen defender celosamente su derecho a juzgar a los delincuentes de su ciudadanía. (La posición oficial adoptada por el gobierno de Adenauer, en el sentido de que era imposible solicitar la extradición por cuanto no había un tratado al respecto entre Alemania e Israel, carece de validez. Fritz Bauer, fiscal general de Hessen, comprendió la falsedad de la postura oficial, y solicitó del gobierno federal de Bonn que iniciara el oportuno procedimiento para solicitar la extradición de Eichmann, pero los sentimientos que en este caso albergaba el fiscal Bauer eran los propios de un judío alemán, por lo que la opinión pública alemana no podía compartirlos; su solicitud fue denegada por Bonn, nadie le dio apoyo, y tampoco mereció la atención general. Otro argumento en contra de la extradición, esgrimido por los observadores que Alemania Occidental mandó a Jerusalén, venía a decir que Alemania, tras haber abolido la pena de muerte, no podía condenar a Eichmann a sufrir la sanción que merecía. Vista la benevolencia de las sentencias dictadas por los tribunales alemanes en los casos de los nazis que cometieron asesinatos masivos, resulta un tanto difícil no sospechar la existencia de cierta mala fe en esta última objeción. En caso de que Eichmann hubiese sido juzgado en Alemania, el mayor riesgo político que el gobierno hubiera corrido habría sido, sin duda, la posibilidad de que el acusado fuera absuelto por falta de pruebas, tal como señaló J. J. Jansen en el Rheinischer Merkur, de 11 de agosto de 1961).

Se pudo apreciar también otro aspecto más delicado y de mayor trascendencia política, en la proyección del juicio de Eichmann sobre Alemania. Una cosa es sacar a los criminales y asesinos de sus madrigueras, y otra descubrirlos ocupando destacados lugares públicos, es decir, hallar en puestos de la administración, federal y estatal, y, en general, en cargos públicos, a infinidad de ciudadanos que habían hecho brillantes carreras bajo el régimen de Hitler. Cierto es que sí la administración de Adenauer hubiese tenido demasiados escrúpulos en dar empleo a funcionarios con un comprometedor pasado nazi, quizá ni siquiera podríamos ahora hablar de una tal "administración Adenauer". "

Hannah Arendt. "Eichmann en Jerusalén".

Traducción: Carlos Ribalta

EICHMANN IN JERUSALEM

(...) there is no doubt that the Eichmann trial had its most far-reaching consequences in Germany. The attitude of the German people toward the own past, which all experts on the German question had puzzled over for fifteen years, could hardly have been more clearly demonstrated: they themselves did not much care one way or the other, and did not particularly mind the presence of murderers at large in the country, since none of them were likely to commit murder of their own free will; however, if world opinion - or rather, what the Germans calls das Ausland, collecting all countries outside Germany into a singular noun - became obstinate and demanded that these people be punished, they were perfectly willing to oblige, at least up to a point.

Chancellor Adenauer had foreseen embarrassment and voiced his apprehension that the trial would "stir up again all the horrors" and produce a new wave of anti-German feeling throughout the world, as indeed it did. During the ten months that Israel needed to prepare the trial, Germany was busy bracing herself against its predictable results by showing an unprecedented zeal for searching out and prosecuting Nazi criminals within the country. But at no time did either the German authorities or any significant segment of public opinion demand Eichmann's extradition, which seemed the obvious move, since every sovereign state is jealous of its right to sit judgement on its own offenders. (The official position of the Adenauer government that this was no possible because there existed no extradition treaty between Israel and Germany is not valid; that meant only that Israel could not have been force to extradite. Fritz Bauer, Attorney General of Hessen, saw the point and applied to the federal government in Bonn to start the extradition proceedings. But Mr. Bauer's feelings in this matter were the feelings of a German Jew, and they were not shared by German public opinion; his application was not only refused by Bonn, it was hardly noticed and remained totally unsupported. Another argument against extradition, offered by the observers the West German government sent to Jerusalem, was that Germany had abolished capital punishment and hence was unable to mete out the sentence Eichmann deserved. In view of the leniency shown by German courts to Nazi mass murderers, it is difficult no to suspect bad faith in this objection. Surely, the greatest political hazard of an Eichmann trial in Germany would have been acquittal for lack of mens rea, as J.J. Jansen pointed out in the Rheinischer Merkur (August 11, 1961).

There is another, more delicate, and political more relevant, side to this matter. It is one thing to ferret out criminals and murderers from their hiding places, and it is another thing to find them prominent and flourishing in the public real - to encounter innumerable men in the federal and state administrations and, generally, in public office whose careers had bloomed under the Hitler regime. True, if the Adenauer administration had been too sensitive about employing officials with a compromising Nazi past, there might have been no administration at all. "