Alertan por la manipulación de bicicletas eléctricas

La manipulación de las bicicletas eléctricas es una práctica que está poniendo en alerta a las principales asociaciones del sector. Desde la Confederación de la Industria Europea de la Bicicleta, junto con 15 asociaciones nacionales vinculadas al sector, se ha firmado un compromiso con el que se busca evitar la manipulación de las bicis eléctricas.

Si bien es cierto que no se ha producido, o no se tiene constancia de ello, un aumento desproporcionado de las manipulaciones de bicicletas eléctricas, lo cierto es que son un tipo de opción que cada vez cuenta con una presencia mayor tanto en las ciudades, como en las rutas por carretera y de montaña de ahí que sea importante lanzar una advertencia.

Consecuencias de la manipulación de e-bikes

Se trata de una acción a modo de prevención por parte del sector, dando así un paso al frente para prevenir situaciones así ante el crecimiento del riesgo potencial de que se acaben modificando. Según los datos recogidos por AMBE, en algunos países la bicicleta eléctrica ya supone más de la mitad de las bicis que se venden y en España sus ventas han experimentado un crecimiento de casi el 50%, siendo una tendencia al alza. Ante un contexto así, la prevención se vuelve esencial.

Cuando se habla de la manipulación de las bicicletas eléctricas se hace referencia a posibles alteraciones o manipulaciones que hacen referencia a la potencia y a la velocidad. Por ello, se ha llegado a un compromiso por parte de la industria para que cumpla con todos los estándares y hacer cumplir la normativa.

Además, no hay que olvidar que manipular una bicicleta eléctrica es un delito. Los abogados advierten que la persona que truca una bici eléctrica puede enfrentarse a un proceso penal porque pasa a desplazarse a través de un motor sin tener autorización para ello.

Ante un accidente

De este modo, podría enfrentarse a penas de prisión de hasta cinco años por incurrir en delito contra la seguridad si provocase un accidente.

En el caso de que alguien perdiese la vida podría enfrentarse a una indemnización millonaria por responsabilidad civil. Ante una situación de estas características el infractor tendría que responder con su propio patrimonio puesto que en estos supuestos las aseguradoras no se hacen cargo.