dbnews arranca esta nueva andadura dedicada a la defensa de los Derechos Humanos (DDHH) con España, porque no hace falta irse muy lejos para ver cómo se violan los derechos más esenciales. Ayer salió en libertad Alfonso Fernández, Alfon, el único detenido de la Huelga general del 14-N que quedaba en prisión. ¿Se han violado los DDHH con esta detención? ¿Estamos hablando de una suerte de preso político y, por tanto, de una violación de artículos de la Carta Universal como el 2 o el 5?
La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, parece tenerlo claro: Alfon es culpable por portar un artefacto explosivo, sin precisar si era C4 o fuegos artificiales. La prensa más conservadora no ha tardado en montar una completa campaña de difamación contra el joven vallecano. Sin embargo, merece la pena echar un vistazo a todo el dibujo, no sólo a la versión del régimen, muy dado en los últimos tiempos a utilizar la estrategia del miedo para quien llama a rebelarse contra sus medidas injustas.
¿Merecía Alfon pasar 56 días en régimen de aislamiento como si se tratara de un terrorista internacional? A fin de cuentas, se le imputó "alarma social", un precepto que ni siquiera está incluido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM). Más tarde se modificaría por el de por “riesgo de fuga”. Todo hace indicar que no existían motivos y, de hecho, no existen pruebas de que la bolsa con explosivos a la que hace referencia Cifuentes perteneciera a Alfon: la policía no encontró una sola huela suya en la bolsa. Quizás esa fue la razón por la que el informe policial se ha retrasado de manera tan escandalosa, prolongado sospechosamente la prisión preventiva decretada por la juez.
En cuanto al régimen FIES de aislamiento al que fue sometido, sin recibir ningún tipo de comunicación con el mundo exterior, tampoco parece estar justificado puesto que ninguna prueba sostiene que Alfon pertenezca a ninguna banda organizada, salvo que se considere a los Bukaneros -la peña del Rayo Vallecano- tal cosa. Incluso, si fuera así, probar su pertenencia a los Bukaneros requiría de más pruebas que no se han presentando, pues la peña no tiene listados públicos de sus socios. ¿Se trata de uno de esos forzamientos del orden jurídico del retrógrado ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz?
Todo cuanto rodea a esta detención apesta, incluida su puesta en libertad, para la cual no se ha dado ninguna explicación. No se ha producido ningún cambio de criterio, por lo que nadie sabe a ciencia cierta el motivo de su salida de la cárcel de Soto. Resulta extraño que dos ministros se movilizaran porque un grupo de sindicalistas sacaran unos carritos de compra de un supermercado y, en cambio, ante denuncias de tortura, de prevaricación y violación de DDHH ni siquiera se han pronunciado. Quedan, pues, muchas preguntas en el aire, pero una de las más inquietantes es ¿estamos asistiendo a una nueva era de presos políticos?
ACTUALIZACIÓN: La historia de cómo fue la policía la que le colocó los explosivos a Alfon.
La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, parece tenerlo claro: Alfon es culpable por portar un artefacto explosivo, sin precisar si era C4 o fuegos artificiales. La prensa más conservadora no ha tardado en montar una completa campaña de difamación contra el joven vallecano. Sin embargo, merece la pena echar un vistazo a todo el dibujo, no sólo a la versión del régimen, muy dado en los últimos tiempos a utilizar la estrategia del miedo para quien llama a rebelarse contra sus medidas injustas.
¿Merecía Alfon pasar 56 días en régimen de aislamiento como si se tratara de un terrorista internacional? A fin de cuentas, se le imputó "alarma social", un precepto que ni siquiera está incluido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM). Más tarde se modificaría por el de por “riesgo de fuga”. Todo hace indicar que no existían motivos y, de hecho, no existen pruebas de que la bolsa con explosivos a la que hace referencia Cifuentes perteneciera a Alfon: la policía no encontró una sola huela suya en la bolsa. Quizás esa fue la razón por la que el informe policial se ha retrasado de manera tan escandalosa, prolongado sospechosamente la prisión preventiva decretada por la juez.
En cuanto al régimen FIES de aislamiento al que fue sometido, sin recibir ningún tipo de comunicación con el mundo exterior, tampoco parece estar justificado puesto que ninguna prueba sostiene que Alfon pertenezca a ninguna banda organizada, salvo que se considere a los Bukaneros -la peña del Rayo Vallecano- tal cosa. Incluso, si fuera así, probar su pertenencia a los Bukaneros requiría de más pruebas que no se han presentando, pues la peña no tiene listados públicos de sus socios. ¿Se trata de uno de esos forzamientos del orden jurídico del retrógrado ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz?
Todo cuanto rodea a esta detención apesta, incluida su puesta en libertad, para la cual no se ha dado ninguna explicación. No se ha producido ningún cambio de criterio, por lo que nadie sabe a ciencia cierta el motivo de su salida de la cárcel de Soto. Resulta extraño que dos ministros se movilizaran porque un grupo de sindicalistas sacaran unos carritos de compra de un supermercado y, en cambio, ante denuncias de tortura, de prevaricación y violación de DDHH ni siquiera se han pronunciado. Quedan, pues, muchas preguntas en el aire, pero una de las más inquietantes es ¿estamos asistiendo a una nueva era de presos políticos?
ACTUALIZACIÓN: La historia de cómo fue la policía la que le colocó los explosivos a Alfon.