Legislación europea
La política pesquera común (PPC) de la UE permaneció sin cambios de especial relevancia hasta el año 2002, cuando se introducen algunos cambios relevantes: sustitución de los objetivos de eliminación de flotas, por límite máximo de captura por país, dentro del cual, cada uno de los Estados miembros decide libremente su política; insistencia en políticas pesqueras sostenibles con el medio ambiente; restricción de subvenciones al sector, nuevos acuerdos bilaterales con terceros países en política pesquera,… Sin embargo, estas medidas fueron un fracaso, pues no se cumplieron en su mayor parte.
En el año 2009, se publica el Libro Verde para la reforma de la política pesquera común. En este documento, se reconocen algunos errores cometidos hasta ese momento en la política pesquera de la Unión Europea y la permanencia de problemas de la pesca que ya vienen de atrás: la sobreexplotación de los recursos marinos, la falta de objetivos políticos claros, el exceso de capacidad de la flota pesquera comunitaria, la fragilidad económica del sector, o la excesiva dependencia de las subvenciones, entre otros.
Estos factores evidencian el fracaso de muchas medidas aplicadas en la PPC, como, por ejemplo, las subvenciones para el despedazamiento de barcos. Además, para abordar estos problemas, en este documento se formulan preguntas para que las distintas partes implicadas en las políticas pesqueras las respondan, acercando su visión de los problemas y que propongan soluciones para combatirlos.
Además del Libro Verde, también existe el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, un documento que se puede considerar como corpus legislativo y como declaración de los objetivos y de los principios básicos polos que se rige la Unión Europea en las diversas materias en las que tiene competencia legislativa. En este documento hay una parte importante dedicada a la pesca, que se pone en la misma consideración que la agricultura y la ganadería (en este documento se emplea el termo “agrícola” como término general que designa tanto a la agricultura como a la ganadería y como a la pesca).
Los objetivos básicos que se mencionan en este documento serían: el incremento de la productividad, el aumento del nivel de vida de las poblaciones que viven de este sector, y el control de los mercados y de los precios de los productos finales.
Según este documento, para poder alcanzar estos objetivos, es necesario adoptar una normativa común sobre el mercado común y de cada uno de los Estados miembros, en definitiva, organizarlos de una manera común. Para eso, se contempla también la posibilidad de subvencionar la producción y la comercialización de los productos finales, y regular los precios de los productos finales.
Además, también se deberían fomentar y financiar las instituciones o investigaciones relativas a este sector, incentivar o consumo de ciertos productos e incluir concesiones de ayudas para explotaciones desfavorecidas dentro de los programas de desarrollo económico.
La visión científica de las cuotas pesqueras
Al margen de lo que estas leyes e instituciones de carácter gubernamental digan, en este trabajo también se consideraron los estudios de carácter científico, si bien los estudios que existen muchas veces son de carácter parcial, escasean los estudios de carácter general y hay grandes lagunas de información en aspectos importantes del asunto. Aún así, creo que la contribución de estos trabajos de carácter científico, ayuda a completar la visión de la problemática de las cuotas pesqueras en Galicia.
En cualquier caso, hay una clara crítica al “principio de estabilidad relativa” escogido por la UE para el reparto de las cuotas pesqueras. Se considera un criterio ineficaz que no cumplió con gran parte de sus objetivos, pues la sobreexplotación de algunos caladeros comunitarios sigue existiendo, y algunos segmentos de la flota no tienen buenos resultados económicos.
Los autores proponen diversos criterios alternativos para el reparto de cuotas, que podrían ser: la rentabilidad económica de las explotaciones, la capacidad de generar empleo, los menores costes, el crecimiento macroeconómico de los Estados miembros, o la creación de un sector pesquero comunitario eficiente y competitivo que no necesite de las subvenciones de los organismos públicos.
A nivel español, y comparando a España con los principales competidores comunitarios (sobre todo, Francia, Reino Unido e Irlanda) en las zonas del CIEM antes señaladas donde operan los barcos españoles, hay que decir que la flota española es la que tiene más capacidad de generar empleo y de generar rentas, además de ser una de las flotas comunitarias que más beneficios genera, si bien, por el contrario, es la que tiene el mayor coste de la actividad pesquera.
Por lo que respecta a Galicia, hay que decir que es la Comunidad Autónoma de la costa atlántica (incluyendo en este término también a la costa cantábrica) que tiene el mayor número de barcos a nivel español. Sin embargo, en cuanto a la eslora (dimensión de los barcos) y al arqueo (volumen o capacidad de los barcos), los barcos gallegos no predominan en estos aspectos.
Llama especialmente la atención, por ejemplo, el hecho de que las flotas del País Vasco y de Andalucía, con un número de barcos tremendamente inferior, sean capaces de tener un arqueo y una eslora superiores a los de la flota gallega. Esto podría deberse a que las flotas andaluza y vasca tienen barcos más grandes y más modernos a nivel tecnológico, que requieren un menor capital humano, y que, por lo tanto, reducen costes y son más rentables económicamente, al contrario que la flota gallega, que es de carácter más tradicional, y con un gran capital humano.
¿El reparto de las cuotas de pesca es injusto para Galicia?
A la vista de todo lo expuesto, debemos de decir que las cuotas pesqueras asignadas para Galicia son injustas, en el sentido de que la flota gallega es un sector económico del que dependen muchas más personas que en otras zonas de España y de la UE. La enorme diferencia existente entre el número de barcos gallegos y los de otras zonas de España y de la UE, hace que cada vez sean menos rentables las capturas.
Si a esto se le añaden las restrictivas normas impuestas por la UE, hace que el sector pesquero gallego trate de buscar las artimañas legales para no tener que cumplir estas normas, y, por lo tanto, acontecen fenómenos como el de los descartes (devolver al mar las capturas no deseadas, vivas o no, por no alcanzar la talla mínima o por no disponer de cuotas para una especie).
Esto, además, elimina muchos puestos de trabajo, hecho que condena la economía de muchas áreas locales que tenían a la pesca como el principal sector económico, y de las personas que viven en estos lugares. Esto sería un problema menor si hubiese alternativas de empleo, algo que apenas existe, y que condena a muchas personas al desempleo o a la emigración hacia otros lugares.
Simón de Eiré
Bibliografía
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-Comisión Europea: Libro Verde: Reforma de la Política Pesquera Común, 2009 (enlace en PDF): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0163&from=ES
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-Título II: Das competencias de Galicia, en “Estatuto de Autonomía de Galicia”, 1981 (enlace web): http://www.xunta.es/estatuto/titulo-ii-das-competencias-de-galicia
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-Xunta de Galicia: Galicia en Europa. A reforma da política común de pesca: por un cambio eficaz e de futuro, 2010 (enlace en PDF): http://ec.europa.eu/fisheries/reform/docs/galicia_en.pdf
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