Aliter Abogados afirma que la presencia de niños en desahucios es inevitable

"La presencia de niños en los desahucios es inevitable desde el momento que lo que se desahucian son familias enteras, sin distinción de si se tienen niños o no” comenta Mª José Alamar, letrada especialista en derecho bancario y temas hipotecarios del despacho Aliter Abogados de Valencia. Y es que solamente en 2020, y en mitad de una pandemia sanitaria mundial, ya se han producido alrededor de 10.000 desahucios entre los cuales - “pese a que se ha invisibilizado”- muchos de ellos eran de familias con menores a su cargo.

El número de lanzamientos practicados por los juzgados, en relación a otros años, es menor pero aún así sigue sin prestarse atención a aquellos que también afectan directamente a menores. “El problema se esconde” recalca Alamar “Pese a que el artículo 47 de la Constitución Española recoja que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna, y además nos hallamos acogido a todos los tratados internacionales que recogen los derechos y protecciones de los menores, como el Convenio Derechos del Niño.” Mª José Alamar lo tiene claro: los jueces tienen que garantizar la protección de los niños antes de autorizar un desalojo en el que en la casa vivan niños. “Si no cumplimos esta premisa, estamos vulnerando los derechos niños”

El problema radica en que, demasiadas veces no se tiene en cuenta si hay menores, su vulnerabilidad social y económica o si existe una solución habitacional alternativa, cuando una familia es obligada a irse de su casa. Y es que, ante un desahucio con menores, y sin alternativa a otra vivienda, “el Juez de Oficio debería dar parte a los Servicios Sociales que deberían iniciar el protocolo correspondiente y mientras tanto paralizar el desahucio.” Pero la realidad no es esta, recientemente, a finales del mes de octubre, en Carabanchel se produjo el desahucio de una familia que se quedó sin casa con cuatro menores en la calle y el desahucio llego por sorpresa y sin el respaldo de la Administración Pública. A ojos de Alamar la Administración Pública “debería tomar cartas en el asunto” para garantizar el derecho a la vivienda de esta familia, y “en especial de estos cuatro menores”.

Por lo tanto, la realidad es que los niños -junto a sus padres- se ven con sus enseres personales, sus mascotas y sus recuerdos, en la calle “en invierno y en pleno repunte de la pandemia” señala la letrada de Aliter Abogados. “Muchas veces esto sucede debido a que los jueces se niegan a parar el desahucio poniendo, una vez más, el derecho a la propiedad privada de los grandes tenedores de viviendas -bancos y fondos buitre- por encima de los derechos a la vivienda y a la salud, y especialmente vulnerando los derechos de los niños recogidos en la Convención de los Derechos del Niño que, en su artículo 27, establece que los Estados proporcionarán “en caso necesario” asistencia alimenticia, ropa y vivienda a dichos menores. ¿No es suficientemente necesario?” se lamenta Mª José Alamar.

¿Cómo quedan las familias desahuciadas?

Según varios informes psicológicos, los niños que han protagonizado un desahucio bajan notablemente su rendimiento escolar, sufren apatía, así como vergüenza y depresión. “Su vida cambia radicalmente; su casa ya no existe como ‘espacio de protección’ y comienzan a presentar síntomas de depresión y, en algunos casos de agresividad” señala Alamar, según lo que muchas de las madres le comentan a la abogada. “Si estas situaciones son difíciles de asimilar por los adultos, vivirlo desde la perspectiva de un niño debe de ser abrumador. La salud emocional de los pequeños está en juego”

“Solo los que vivimos de cerca estas situaciones podemos entender la mirada de un menor cuando llega la comisión. Ese niño difícilmente se va a recuperar de ese terrible recuerdo” recalca Mª José Alamar. Por ello, es importante prestar atención a esta situación en la que los menores quedan en un segundo plano. Visualizar una realidad existente y que, por desgracia, se va a ver incrementada en los próximos meses en los que las ejecuciones hipotecarias, los lanzamientos y los desahucios van a retomarse de manera brusca. “No hay que mirar hacía otro lado, debemos prestar atención a estas situaciones. Vulnerar los derechos de los niños no debe tomarse a la ligera: ni por bancos, ni particulares y mucho menos por nuestro sistema judicial”.

Hay una necesidad: visibilizar una realidad
“Proteger la vivienda en este momento es proteger la vida” recalcó Leilani Farha, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recientemente en relación con los desahucios producidos durante los últimos meses. Y es que, esta situación se ha visto incrementada debido a que los ingresos de los hogares se han visto drásticamente reducidos y, por lo tanto, han aumentado los riesgos de los desahucios.

“Las familias no tienen ingresos suficientes para cubrir comida, vivienda, ropa, transporte… y empiezan los recortes. Y en estos momentos proteger la vivienda es proteger la vida, puesto que ‘Quédate en casa’ se ha convertido en el lema de estos meses. El problema viene cuando no hay forma de proteger la vivienda” comenta Alamar. Y es que toda la normativa -nacional e internacional- y todos los derechos chocan de frente con la realidad que se está viviendo ya que los desahucios no han parado “y no está previsto que paren” subraya la letrada. Por desgracia, “la situación económica va a empeorar y va a acentuar las diferencias sociales ya que la pandemia ha abocado a muchas familias a una situación desesperante” y en muchas de estas familias hay menores que sufren las consecuencias.

Por eso, desde Aliter Abogados, y aprovechando el próximo Día Universal de la Infancia, quieren reflejar una realidad actual que pasa desapercibida: la situación a la que se enfrentan cientos de menores cuyas familias pierden su vivienda.

Es momento de denunciar esta situación que vulnera los derechos de los niños y tomar cartas en el asunto. Los niños tienen derecho a ser niños y para ello, entre otras muchas cosas, debe protegerse el derecho a una vivienda digna. Como ya se recoge en la Constitución Española, y en otros tratados internacionales, es “un derecho básico para su correcto desarrollo”.