Ambiente enrarecido en #Bolivia ante elecciones de mayo

Simpatizantes del expresidente boliviano Evo Morales marcharon en contra del gobierno gobierno de facto de la senadora derechista Jeanine Añez en 2019 (EFE)

, luego de que un golpe militar obligó a la renuncia al líder indígena Evo Morales, ahora asilado en Argentina, pero dirigiendo la campaña electoral de su fuerza política.

Morales, 60 años, ex dirigente cocalero, abandonó el cargo el pasado 10 de noviembre, luego de varios días de hostigamiento de la derecha en las calles, y la sugerencia de las Fuerzas Armadas de que renunciara al Palacio de Quemado. La misma reacción tuvo su vice Álvaro García Linera. Ambos dejaron el país andino gracias a la invitación de México, que les salvó la vida, y luego viajaron a Buenos Aires.

Hacía menos de un mes que el binomio había sido reelecto en primera vuelta con un 48 % de los votos —más del 10 % de diferencia con su más cercano rival— por cuarta vez consecutiva luego de 14 años de transformaciones estructurales bajo las siglas del Mas. Bolivia se convirtió, de una nación muy pobre, en una de las más prósperas de la región latinoamericana, y una fuente de bienestar social para una población abusada hasta entonces por la poderosa oligarquía local.

La salida de Morales y García Linera, un Congreso cerrado, un partido sorprendido por la renuncia de Morales… dejó a la nación andina en un momentáneo desamparo político, aprovechado de inmediato por la ex senadora derechista Añez, quien, como el Juan Guaidó de Venezuela, se autoproclamó presidenta, rodeada de militares y con la biblia como símbolo de los futuros cambios políticos en la plurinacional república.

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La movilización de millares de indígenas que rechazaron en las calles el golpismo, la recuperación política del Mas en unas 72 horas a pesar de la persecución de sus miembros por fuerzas militares y la apertura obligada del Parlamento comenzaron a dibujar un nuevo panorama en el escenario boliviano aun cuando sus máximos líderes estaban fuera del territorio nacional..

Añez y sus jefes se dieron cuenta de que la batalla iba a ser dura, y posiblemente la iban a perder si no usaban la violencia para mantenerse en el poder. Luego de semanas de fuerte represión contra los manifestantes que tomaron las principales ciudades, llegaron a un acuerdo con el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo Electoral para marcar la fecha de nuevas presidenciales el próximo 3 de mayo.

La mandataria impuesta para devolver a Bolivia a su estatus de colonia de Estados Unidos y con ello la recuperación de los nacionalizados recursos naturales, trató de impedir la participación del Mas en los comicios, a pesar de que es la primera fuerza política del país.

Sin embargo, una decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) permite que el Movimiento esté representado en la boleta electoral y aunque aún es muy pronto para darlo como definitivo, encuestas de intención de voto afirman que esa organización cuenta con más del 20 % de apoyo popular aun cuando no ha anunciado a su candidato.

El TSE afirmó que no hay ley alguna que lo obligue a prohibir la participación del Mas, con lo cual rechazó varias peticiones individuales que incluso solicitaron su disolución como partido para poder sancionarlo por su supuesta participación en el “fraude electoral” como valoraron los auditores de la desprestigiada Organización de Estados Americanos (OEA) la limpia victoria de Morales y García Linares en las urnas.

Al respecto, medios de prensa internacionales valoraron que el detonante para el golpe de Estado en Bolivia fue las mentirosas y rápidas conclusiones dadas por la OEA sobre el resultado de las elecciones. Ese organismo, que impulsa la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de los países latinoamericanos, aseguró que había fraude en el conteo de las boletas, lo cual se comprobó que era una invención para propiciar el golpe cívico-militar.

El vicepresidente del TSE, Oscar Hassenteufel, informó que el primer domingo de mayo serán electos el mandatario, su vice, y legisladores. Hasta ahora, el Mas siempre fue mayoría en el Congreso Nacional. Asimismo, anunció que carecen de validez los resultados del 20 de octubre pasado.

Hassenteufel también dijo a la prensa que si hay una segunda vuelta serán seis semanas después y la toma de posesión del nuevo presidente será el 6 de agosto, Día Nacional de Bolivia.

Aunque solo el próximo día 19, una fecha presunta, será conocido el candidato del Mas a las presidenciales, la primera gran encuesta nacional del canal de televisión Unitel indicó que esa agrupación ocupa el 20,7 % de las intenciones de votos, mientras Añez, quien dice no se postulará, tenía el 15,6 %, y el excandidato contra Morales, Carlos Mesa, el 13,8 %.

Con menos de esa cifra aparecen los aspirantes comprobados Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, los dos dirigentes del llamado Movimiento Cívico de Santa Cruz y Potosí, respectivamente, considerados los jefes de las acciones violentas contra Morales, ahora unidos en busca de la presidencia.

Esos “cívicos” que públicamente se declararon promotores de la caída del gobierno revolucionario se unieron ahora, luego de un distanciamiento causado por una grabación hecha por Camacho a Pumari cuando este le solicitó 250 000 dólares y la dirección de una aduana a cambio de su apoyo en la candidatura.

Su lema político de campaña es “Dios, Patria y Pueblo”, aunque son reconocidos racistas que jamás aceptaron la presencia de un indígena de ascendencia aimara en el Palacio de Quemado.

Pendiente está de fecha una cumbre política convocada por la impuesta presidenta Añez con los líderes políticos contrarios a Morales y el Mas con la idea de integrar un frente único para que ese partido izquierdista no gane las presidenciales y pierda la mayoría parlamentaria.

El binomio Camacho-Pumari declaró que también rechazan las candidaturas de lo que llaman políticos tradicionales. Ello dejaría fuera de la liza a varios peces gordos, entre ellos Mesa, en segundo lugar en octubre pasado.

También elimina a otros posibles postulantes, como Samuel Doria Medina, que ya lo intentó en 2014, y a Jorge Quiroga, en el 2005. Todos perdieron con Evo, pero no obstante las amenazas de Camacho y Pumari advirtieron que se preparan para la campaña electoral que comenzará en febrero.

Además, entrarán en la puja electoral el pastor evangélico de origen surcoreano Chi Hyung Chun y el gobernador de La Paz, Félix Patzi.

La fórmula del Mas se elegirá el próximo día 19 —según informó Morales desde Buenos Aires— de entre por lo menos cuatro prepostulados, y cada uno de ellos representa una facción del poderoso partido.

La fórmula del Mas tiene hasta ahora cuatro precandidatos, tres de origen indígena, cada uno de los cuales representa a una facción del partido izquierdista.

Andrónico Rodríguez, de 30 años, el segundo de Morales en la dirección de los sindicatos cocaleros, es el postulante del “núcleo duro” del partido, pero no necesariamente el favorito del expresidente, que, en cambio, parece inclinarse por Diego Pari, de 43 años, su último canciller, quien se encuentra exiliado junto a él en Argentina. Estos dos aspirantes son quechuas, es decir, indígenas del centro y el sur del país.

El tercero es David Choquehuanca, de 58 años, quien fue el ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno del Mas y representa a los aimaras, que habitan en el norte del país. También Adriana Salvatierra, senadora actual y Leonilda Zurita, dirigente histórica del Mas.

El único político no indígena que suena como posible carta del Mas es Luis Arce, de 56 años, antiguo ministro de Economía y, a quien se le considera el artífice del crecimiento de la producción y del bienestar durante los últimos 14 años.

AÑEZ ACABA CON EL SOCIALISMO DEL MAS

El golpe cívico-militar contra los líderes del Mas se viene fraguando desde hace años, pues no es la primera vez que Estados Unidos trató de sacar a Morales del gobierno mediante fórmulas golpistas, como en 2009. El pretexto de ahora es casi infantil (un fraude electoral cantado por la OEA). Pero ocurrió, y en apenas semanas, la presidenta usurpadora Añez, del Movimiento Social Demócrata Social (MDS), siguiendo las órdenes de la embajada de Estados Unidos, desarrolla una política de control policíaco judicial sobre exautoridades y miembros de organizaciones indígenas, sindicales y estudiantiles que apoyaron al Mas y a su líder.

Lo que buscan tanto la mandataria como los opositores de la llamada Media Luna del oriente boliviano es restaurar un régimen conservador y neoliberal que desmonte los avances sociales y económicos de los últimos 14 años, restaure un régimen neoliberal dependiente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y se pliegue a las orientaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Añez está adoptando medidas estructurales tendientes a debilitar el Estado Nacional, el mercado interno, la economía endógena basada en la recuperación de los recursos naturales y su industrialización y la soberanía nacional.

Como no podía ser de otra manera, el gobierno norteamericano situó alfiles claves en el seno del gobierno: tiene a Erick Foronda, con 25 años como funcionario de la Embajada de Estados Unidos en La Paz, como Secretario Privado de la Presidencia; a Jorge Quiroga como vocero internacional en su calidad de agente de los grupos contrarrevolucionarios cubanos de Miami; y al senador Oscar Ortiz, candidato presidencial derrotado de MDS y vinculado a fundaciones políticas estadounidenses, como articulador parlamentario de las decisiones de los grupos de poder regionales del oriente boliviano.

La mayoría de los ministros son miembros del partido MDS, de tendencia ultraneoliberal, supremacista y asentado particularmente en Santa Cruz y Beni, donde tienen un fuerte poder las oligarquías terratenientes dedicadas a la agroindustria de exportación de soya y la ganadería.

Economistas bolivianos consideran que en las últimas semanas se adoptaron, entre otras decisiones, la liberación plena de las exportaciones de soya y alimentos con prioridad para el mercado externo mientras cabe la posibilidad de una subida de precios en el interno, además del peligro de un cambio monetario.

También Añez aprobó normas que consolidan la gran propiedad ganadera en la región del Beni con miras a exportar carne a China y la autorización para emplear recursos de contingencia del Banco Central de Bolivia por 2 800 millones de pesos bolivianos para cancelar salarios y otros gastos administrativos.

En la mira de las grandes trasnacionales está la eventual privatización de las empresas estratégicas que constituyen la primera fuente de ingresos para el país para su redistribución social y territorial hasta ahora. El mercado mundial del litio es básico para la producción de alta tecnología con precios elevados en el área internacional, y el gas es clave de negocios con Brasil y Argentina.

Respecto a la política exterior del gobierno de facto, Añez adoptó posiciones alineadas a Washington para desmantelar los procesos unitarios e integracionistas de América Latina y El Caribe.

En consonancia con la política de odio contra el progresismo, Bolivia se retiró de la Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA) y de la Unión de Naciones Suramericana (UNASUR), creadas por los líderes revolucionarios de la región hace dos décadas. En cambio, se adhirió al Grupo de Lima, que reconoce como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó, y ha fortalecido las posiciones estadounidenses en la Organización de Estados Americanos (OEA).

El gobierno boliviano en funciones mantiene una tensa relación con México y Argentina, países soberanos que brindaron asilo y refugio político a Morales. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador interpuso una demanda ante la Corte Internacional de La Haya debido a los asedios sufridos por su embajada en La Paz y la expulsión de su Embajadora, con lo que la autoproclamada mandataria pone en riesgo la Convención de Viena.

Aun permanecen en la sede diplomática mexicana varios exministros del gobierno del Mas, acusados “de sedición y terrorismo”.

En otra acción para descabezar las direcciones progresistas aun existentes en Bolivia, el régimen anunció el pasado miércoles que iniciará una investigación contra 592 personas vinculadas al Mas, según indicó el director de facto para la lucha contra la corrupción, Mathías Kutsch, quien aseguró que solo serán juzgados los corruptos, lo cual recuerda las experiencias contra líderes revolucionarios en Brasil, Ecuador y Argentina.

La contrarrevolución no se detiene. Con acciones que denotan tintes racistas —la derecha nunca aceptó un presidente indígena— y bajo el lema “La Biblia vuelve al Palacio”, los pueblos indígenas, campesinos y zonas populares de La Paz, la capital, sufrieron las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), con saldo de 25 muertos, de los 34 asesinados en el país por fuerzas militares.

Uno de los actos más humillantes para los pueblos autóctonos ocurrió cuando grupos policiales y civiles llegados del Sur retiraron y quemaron el símbolo nacional, la bandera wiphala, que representa a las culturas originarias e indígenas.

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