Las medidas adoptadas y en estudio por parte del actual gobierno italiano, han sido puestas bajo acusa por parte de la Organización por defensa de los Derechos Humanos Amnesty Internacional.
Como he comentado en post anteriores, en el curso del los últimos dos años la política inmigratoria de Italia se ha endurecido de modo importante con nuevas leyes y normas como la reciente introducción del delito de Inmigración Ilegal, los acuerdos adoptados con algunos países como Libia, a fin de impedir la llegada de inmigrantes desde el continente africano y la deportación de clandestinos a las cárceles de ese país, donde reciben tratamientos que en Europa no serian admitidos.
La consecuencia directa, ha sido que muchos inmigrantes irregulares presentes en el territorio italiano, ya no puedan solicitar asistencia médica por temor a ser denunciados por los médicos o instituciones, tampoco envíen a sus hijos a las escuelas publicas, donde no son admitidos por ser hijos de clandestinos. Así mismo se ha negado el derecho a pedir asilo en Italia y se han multiplicado las denuncias por maltrato y tortura en muchos casos por parte de las fuerzas el orden contra inmigrantes detenidos en los Centros Temporales de Permanencia, donde estas personas son retenidas en condiciones higiénico sanitarias deplorables hasta su identificación y posterior expulsión.
Por otro lado, fue aprobada en via definitiva el Permiso de Permanencia a puntos y que entrara en vigor a partir del próximo año. Esta norma establece entre otras cosas que los inmigrantes al momento de solicitar el Permiso se empeñaran a cumplir con una serie de obligaciones básicas: aprender y hablar la lengua italiana, conocimiento y respeto de la cultura y la vida civil italiana y de las obligaciones fiscales. La falta de observación de estos principios, se traducirá en perdida de puntos hasta la expulsión del territorio.
En contra partida la Corte Constitucional, ha declarado inconstitucional el agravante de Inmigración Clandestina en el caso de un delito cometido por un extranjero, que hasta ahora significaba el aumento de 1/3 en el tiempo de la condena de reclusión.