El ente dictatorial palestino no respeta los derechos fundamentales.
“Las reformas a la ley de delitos informáticos mejoran la situación, pero siguen incumpliendo las normas internacionales”
Las autoridades palestinas deben reformar la ley de delitos informáticos para conformarla a sus obligaciones legales internacionales. Así lo han manifestado Amnistía Internacional, Avaaz, Human Rights Watch y 7amleh: Centro Árabe para el Avance de las Redes Sociales, en una carta conjunta enviada al secretario general del Consejo de Ministros, Salah Alayan.
El Ministerio de Justicia ha propuesto eliminar algunas disposiciones represivas de la ley de 2017 en respuesta a la preocupación expresada por grupos de la sociedad civil, pero ha mantenido otras que permitirían restricciones desproporcionadas y arbitrarias del derecho a la libertad de expresión, la privacidad y la protección de datos.
“Las reformas propuestas de eliminar disposiciones que permitirían imponer penas de prisión y fuertes multas a quienes critiquen online a las autoridades palestinas constituyen una medida satisfactoria”, ha manifestado Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. “Sin embargo, se necesitan cambios adicionales para salvaguardar íntegramente el derecho de la población palestina a la libertad de expresión, la privacidad y la protección de datos.”
El presidente palestino, Mahmud Abás, promulgó en julio, mediante decreto ejecutivo, la Ley de Delitos Electrónicos. Las autoridades posteriormente acusaron en virtud de esa ley a varios periodistas y a un defensor de los derechos humanos, Issa Amro. Tras los llamamientos de la sociedad civil palestina para que se derogue la ley, el Ministerio de Justicia propuso revisarla.
En su carta conjunta, Amnistía Internacional, Avaaz, Human Rights Watch y 7amleh manifiestan su satisfacción por las reformas propuestas encaminadas a eliminar disposiciones que permiten la imposición de penas de prisión y fuertes multas únicamente por expresar online críticas pacíficas a las autoridades, e instan a las autoridades palestinas a reformar o derogar las disposiciones que permiten a las autoridades llevar a cabo vigilancia, obligar a los proveedores de servicios a conservar los datos de los usuarios, y bloquear sitios web sin salvaguardias suficientes para el derecho a la libertad de expresión y a la privacidad.
“La ley de delitos informáticos otorga a unas autoridades hipersusceptibles poderes prácticamente ilimitados para bloquear sitios web, llevar a cabo vigilancia y reunir enormes cantidades de datos sobre personas corrientes”, ha manifestado Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio de Human Rights Watch.
En virtud del derecho internacional, las autoridades sólo pueden restringir la libertad de expresión si demuestran que esa restricción es necesaria y proporcionada para proteger ciertos intereses públicos (por ej., la seguridad nacional o pública, el orden público, o la protección de la salud o la moral públicas) o los derechos y libertades de otras personas, pero nunca exclusivamente para restringir las críticas pacíficas a una autoridad política. Palestina asumió estas obligaciones legales cuando ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros tratados, en 2014.
“Las autoridades palestinas deben reformar la reciente ley de delitos informáticos para garantizar la protección, en lugar de utilizarla para violar los derechos digitales y la libertad de expresión de la población palestina”, ha manifestado Nadim Nashif, director de 7amleh. “La población palestina lleva mucho tiempo luchando por la libertad y la justicia, y es fundamental que las libertades dentro del mundo virtual se defiendan y se respeten.”
“La ley, tal como está formulada, sigue violando tratados internacionales que el gobierno palestino se ha comprometido a respetar, y rompe la promesa hecha por las autoridades de respetar los derechos fundamentales de su población”, ha manifestado Fadi Quran, director de campañas sobre Palestina en Avaaz. “Llegado a este punto, el gobierno palestino debe incluir todas las reformas propuestas por la sociedad civil, o derogar la ley.”
Fuente: Amnistia Internacional
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