Ante las revueltas populares en Túnez y Egipto, también los políticos españoles sienten miedo y hacen concesiones

Las revueltas populares de Túnez y Egipto están sembrando la inquietud y el miedo en la casta política española, que, con la conciencia sucia por sus abusos y corrupciones, empieza a plantearse reformas y cambios como el fin de los privilegios de los políticos y de otras muchas leyas y prácticas insoportables en democracia.

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias ha planteado la necesidad de reformar la ley inicua que permite a los bancos españoles confiscar no sólo la vivienda hipotecada, sino también el resto del patrimonio del deudor, incluso el salario que sustenta a la familia, hasta que la deuda quede saldada, una ley considerada abusiva e inicua por miles de juristas de todo el mundo,

Después de años de abuso y cuando ya se han producido más de 500.000 desahucios, algunos socialistas, temerosos de la ira popular desatada en países como Túnez y Egipto, empiezan a hacer concesiones y plantean algunas reformas. Pero no lo hacen por voluntad propia, sino por miedo a la indignación de los aplastados.

El drama de los deshaucios ha sembrado España de dolor y de injusticia. Desde que se inició la crisis, hace tres años, mas de 500.000 viviendas han sido arrebatadas a sus propietarios por los bancos, ante la imposibilidad de que paguen las letras. La legislación española es manifiestamente injusta porque permite al banco cobrarse la deuda no sólo vendiendo la vivienda hipotecada, sino incautándose del resto del patrimonio del deudor. En la mayoría de los países avanzados, las viviendas responden de las hipotecas, que quedan saldadas con la entrega al banco de las llaves.

El gobierno de Zapatero pudo haber evitado o mitigado la tragedia de los desahucios masivos negociando con la banca algunos años de carencia para los deudores que hubieran perdido su puesto de trabajo, o cambiando esa injusta ley que permite arrebatar al moroso su vivienda y hasta el resto de su patrimonio, pero no lo hizo y en lugar de ello aprobó una ley que permite el "desahucio expres", todo un ejemplo de las carencias y engaños de la "política social" de la izquierda española.

La Federación Española de Municipios y Provincias va a proponer ahora al Gobierno que cambie la legislación para que las personas con dificultades económicas graves puedan cancelar sus hipotecas entregando las viviendas al banco. El presidente de la FEMP, Pedro Castro, quiere consensuar una postura común en la Federación de Municipios que proteja a los ciudadanos y evite que sean expulsados de sus casas cuando no pueden pagar el crédito.

La iniciativa partió de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, con la presentación de mociones secundadas ya por varios ayuntamientos y que están estudiando otros muchos. En ellas se pide al Gobierno que modifique la ley para permitir que la deuda hipotecaria quede liquidada con la entrega de la vivienda. También se insta a los propios consistorios a mediar para evitar el desalojo de las familias, y se les permita continuar en los pisos, por ejemplo, en régimen de alquiler. El presidente de la FEMP, Pedro Castro, quiere consensuar con todos los partidos políticos presentes en la Federación, una postura conjunta en ese sentido.

La Asociación Jueces para la Democracia también va a exigir al Gobierno estos cambios en la legislación, tras la reciente sentencia de la Audiencia de Navarra, que consideró liquidada la deuda de una hipoteca con la entrega de las llaves al banco.

Ojalá el miedo de los déspotas a la indignación popular ante la injusticia y la desigualdad les lleve a reformar también otros muchos abusos e iniquidades vigentes en la legislación española, entre ellos la impunidad práctica de muchos políticos; las mentiras y engaños a los ciudadanos; el poder incontrolado de los partidos políticos; las contrataciones a dedo de familiares y amigos de la casta en las administraciones; el uso del dinero público para comprar votos y apoyos; el incumplimiento de los compromisos electorales, el olvido del bien común por parte de los dirigentes políticos; la práctica de la desigualdad por parte de los poderes públicos; el nombramiento de jueces y magistrados por parte de los partidos; la falta de castigo apropiado para los corruptos; el hecho de que los empresarios deban abonar al gobierno el IVA de sus facturas, antes de cobrarlas; las administraciones públicas no pagan sus deudas a empresas, a las que arruinan y obligan a cerrar; las administraciones elaboran listas negras de empresarios que, por sus ideas, no reciben subvenciones y contratos públicos; las administraciones se quedan con una parte importante de las herencias, lo que significa un impuesto confiscatorio inadmisible... y decenas de abusos similares.

Estas iniquidades, unidas al fracaso del gobierno en la gestión de la economía, cuyas consecuencias son el estremecedor avance de la pobreza y del desempleo, el descrédito de los políticos y la ampliación constante del foso que separa a ricos y pobres, convierten a España en un país con motivos suficientes para sufrir una rebelión popular por la decencia y en busca de la justicia, similar a las que han protagonizado los egipcios y los tunecinos.