El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al que deben obedecer las justicias de los 28 miembros actuales, podría sancionar a Alemania y Bélgica si lo pide el Gobierno de Pedro Sánchez por desobediencia de sus tribunales a la euroorden de extraditar a España a Carles Puigdemont y sus cómplices por rebelión y sedición.
El TJUE, con sede en Luxemburgo, no debe confundirse con el europeo de Derechos Humanos, TEDH, de Estrasburgo, al que pertenecen los 47 países del Consejo de Europa y ante el que España ha sido menos condenado que Bélgica y Alemania, donde hay jueces hostiles a sus colegas españoles.
El TJUE es la institución jurisdiccional de la Unión, cuyos tres órganos son: el Tribunal de Justicia, el General y el de la Función Pública.
Su principal tarea “consiste en controlar la legalidad de los actos de las instituciones de la Unión y en garantizar la interpretación y la aplicación uniformes del Derecho de la Unión”.
Entre sus funciones está atender el “Recurso de Incumplimiento”, que permite sancionar a los Estados miembros que no respetan las obligaciones que impone el Derecho de la Unión, en este caso las euroórdenes.
Antes de que actúe el Tribunal tiene lugar una fase administrativa dirigida por la Comisión, por la que se requiere al Estado miembro incumplidor para que responda a las imputaciones de que es objeto.
El Gobierno español puede demandarle así a la Comisión que Alemania y Bélgica sean sancionadas por el incumplimiento de las euroórdenes, lo que aparte de ser una acción coercitiva también sería una demostración pública de dignidad y de restitución del honor.
Después queda la acción jurisdiccional, pero todo depende de la voluntad de Pedro Sánchez de aplicar el derecho de la UE que favorece de España.
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