El gobierno, al menospreciar a los huelguistas, negarse a dialogar con las plataformas que convocaron el paro y al llamar a los huelguistas como "de extrema derecha", ha cometido errores que son intolerables en un gobierno democrático. Al final han tenido que sentarse a negociar, cuando ya el país está muy dañado por la huelga, pero afincados en la soberbia y la arrogancia, no lo han hecho con la plataforma convocante, sino con la gran patronal del sector.
La respuesta instintiva del gobierno frente a la huelga fue fascista y autoritaria: desacreditarlos, llamarlos de "extrema derecha", menospreciarlos, movilizar a más de 20.000 policías y guardias civiles para disolverlos, practicar detenciones y utilizar a la legión de periodistas sometidos y perros del poder para destrozar su imagen ante la sociedad española, medidas todas fracasadas porque el paro no ha hecho más que crecer cada día, mientras la opinión pública, incluyendo a la mayoría de los partidos políticos, se ponían de su parte.
La primera conclusión que emerge del conflicto es que el gobierno está desnortado, ajeno a la realidad y con la sociedad española en contra, una situación que en democracia exige dimisión y convocatoria de elecciones.
Incluso los socios del PSOE en el gobierno y sus aliados se han situado de algún modo al lado de los camioneros, dejando a los socialistas en una ridícula y lamentable soledad, aislado de la realidad con sus posturas autoritarias y fascistoides.
Indignados ante la incomprensión y hostilidad de los socialistas, algunos dirigentes de los huelguistas han dicho que su huelga va también contra el gobierno, que debe dimitir, mientras que muchos ciudadanos destacaban en las redes sociales que los camioneros están haciendo en España lo que los ciudadanos debieron haber hecho hace mucho tiempo: echarse a las calles para obligar al gobierno a dimitir.
El paro indefinido en el sector del transporte ha ido ganando músculo día a día, en lugar de debilitarse, como esperaba el alienado gobierno de Sánchez, que también se ha equivocado al esperar una fuerte condena de los ciudadanos al paro. El número de organizaciones que se suman a la huelga no ha cesado de crecer. La última incorporación es crucial: la patronal Fenadismer, la segunda más importante del sector y que reúne a más de 32.000 empresas.
Las miles de empresas afectadas, en lugar de condenar a los huelguistas, se han revuelto contra el gobierno para exigirle soluciones y rebajas en el precio de los combustibles, como ya han hecho otros países europeos más democráticos y decentes.
La soledad del gobierno de Sánchez ante el conflicto con los transportistas es terrible, casi tan grande como su soberbia y su estupidez en la gestión del problema.
Ahora, todo el país pendiente de que los huelguistas acepten o rechacen el acuerdo alcanzado esta madrugada, cuya principal medida es una rebaja de unos 20 céntimos por litro de gas oíl. El problema es que los términos del acuerdo deben ser revalidados por los transportistas, incluso con los organizadores de la huelga, que se sienten humillados y frustrados porque el gobierno, torpe e imbécil, se niega a sentarse a negociar con ellos.
Francisco Rubiales
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