Aquel aguado ‘café para todos’

Planificado por las Cortes de Cádiz y vigente casi inalterado desde entonces, el modelo municipal español necesita una reconstrucción urgente en aras de la bondad de los servicios y del interés general, que recibe la ciudadanía. El estamento liberal de aquel momento definió el sistema campesino-parroquial que aún persiste.

El Estado Autonómico de aquel aguado ‘café para todos’ que surgió, en la Transición con A. Suárez, es insostenible. Así lo han advertido voces bien autorizadas, lo aconseja la lógica administrativa y lo impone el necesario ahorro. Nosotros hace ya tiempo que lo venimos avisando. No es racional ni viable mantener diecisiete autonomías, con funcionamiento de miniestados, cincuenta provincias y sus cincuenta diputaciones junto con los cabildos y los consejos insulares, mas ocho mil ayuntamientos. En época de abundancia, puede tildarse de derroche que cuatro administraciones, central, autonómica, provincial y municipal, realicen los mismos servicios; pero, en medio de esta crisis galopante, supone un gasto imposible, e innecesario, y un auténtico disparate. No es posible sostener el gasto de 4.860 ayuntamientos de poblaciones de menos de mil habitantes. Véase el completo informe sobre la reducción del gasto nacional de 3.800 millones de euros, que, publicado por Rosa Díez, aborda el problema y ofrece soluciones.

Ahora bien, ¿quién desmonta este enorme tinglado de cargos y carguetes, coto y cortijo de aparcamiento de todos esos políticos que no alcanzan a ir a Madrid? Socialistas y Populares, ante la noticia de que el criticado y criticable, por muchos motivos, Berlusconi ha tenido que acometer una drástica reforma, para contener el déficit público obligado por la presión de los mercados y del BCE, han salido rápidamente a negar una reforma parecida en nuestro suelo; así mismo, se debe pensar que el BCE no ha impuesto tal ajuste sólo a Italia y no a España, por lo que tendrá que llevarlo a cabo Zapatero o el que venga. La inviabilidad del Estado Autonómico impone la exigencia de suprimir entidades provinciales y locales, como se ha hecho en Gracia, Irlanda e Italia. La eliminación de las diputaciones, entes prácticamente vacíos desde la constitución de las autonomías, es una realidad que exige reformar la actual estructura estatal por inviable, que ninguno de los grandes partidos quiere plantear, para no perder el espacio de dominio en que colocar los mamandurrios de su clientelismo. Sin duda esto entraña una muy seria irresponsabilidad

En Europa, es España la única nación que no ha acometido, en el último siglo, la reducción del número de municipios, lo que supone la descompensación de tamaño y población, que resta calidad a los servicios esenciales prestados al ciudadano. La eficacia y eficiencia relativas al tamaño de los municipios requieren promover sin dilación la fusión de municipios. Y puestos a cortar, hay que suprimir el T. Constitucional, el Senado, el número de Ministerios, de Concejales y asesores, las asignaciones y subvenciones a los partidos políticos y sindicatos y demás allegados. En definitiva, cortar en seco el despilfarro y el derroche. De ahí que los dos principales partidos hayan firmado el gran Pacto de Estado.

Ha llegado la hora de ahorrar y reducir gastos y el despilfarro; lo piden y exigen los cinco millones de parados, los diez millones de pobres que nos rodean y las circunstancias económicas que atravesamos.



C. Mudarra