Archivos secretos: No a los 50 Años. Derogar la ley 18.761

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Por segunda vez la comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara se reunió con los representantes del sitio de memoria Londres 38 para ir concretando una serie de compromisos relacionados con los temas de verdad y justicia. En la ocasión, los legisladores se comprometieron a apoyar la demanda de desclasificación de los archivos secretos y derogar la ley 18.761 que exime a los funcionarios de las Fuerzas Armadas de la obligación de transferir archivos cuando algún juez o institución lo solicite.

archivos secretos
Los representantes de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara se presentaron en el sitio de memoria Londres 38, con la excepción de los parlamentarios de oposición. Al ingresar hicieron un recorrido por el lugar, acompañados de la presidenta de la fundación Londres 38, Erika Hennings, y posteriormente sostuvieron una larga reunión donde se expusieron las demandas que tiene la fundación concretando algunos acuerdos.

Los dirigentes del espacio de memoria solicitaron la desclasificación de los archivos secretos sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, entre los cuales se encuentra la información contenida en las comisiones de Verdad y Reconciliación (Rettig) y sobre Prisión Política y Tortura (conocida como Valech); los archivos de la ex Colonia Dignidad y documentos que tienen en su poder las Fuerzas Armadas, policía y aparatos de inteligencia.

Al respecto, todos los diputados presentes se mostraron a favor de legislar para avanzar en la materia, el diputado PPD Tucapel Jiménez se comprometió a redactar un proyecto de ley junto al apoyo del diputado independiente Gabriel Boric para resolver esta situación, advirtiendo que dicho proyecto debe contar con el apoyo del Ejecutivo para que no duerma en el parlamento.

“Tenemos un compromiso para redactar el proyecto, porque esto de los archivos secretos es impresentable hoy día en nuestro país. Ya no podemos tener archivos secretos. El caso de Colonia Dignidad fue el ejemplo más claro que un juez tuvo los archivos y no quería entregarlos, no se los entregaba ni siquiera al juez querellante”, planteó el diputado Jiménez.

Por su parte el diputado Boric lamentó la ausencia de los diputados de la Alianza y que las organizaciones sociales hayan tenido que dar una lucha sin el apoyo de las instituciones para recuperar la historia de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. También fustigó al resto de los parlamentarios a concretar los compromisos para avanzar con mayor celeridad en alcanzar un marco jurídico que permita encontrar toda la verdad y sancionar a los responsables de estas violaciones.

“Me parece lamentable la ausencia de los diputados de derecha. Es lamentable también de que nos haya tomado tanto tiempo como sociedad hablar de esto. ¿En qué estuvimos antes? ¿En qué estuvieron las instituciones? Ahora hablo desde el parlamento, cómo fue que las organizaciones civiles las que efectivamente lucharon por no perder esta memoria y lo que ustedes han logrado me parece que es notable”, apuntó.

En tanto, el presidente de la comisión de Derechos Humanos, el diputado PC Hugo Gutiérrez señaló que se necesita presentar una modificación legal a la normativa que estableció el secreto de la información por 50 años, amparándose en la protección de los datos personales, afirmando que hoy existe la voluntad política y el quórum necesario para terminar con esta situación que atenta contra la verdad y la justicia.

“Nosotros creemos que aún hay que presentar una modificación legal a la normatividad que dejó establecida esta reserva por 50 años, creemos que es una norma que atenta en contra de la verdad y la justicia en la investigación de los delitos de tortura y creo que esa normatividad debe pronto ser derogada”, dijo.

Otro tema de interés para ampliar la información sobre casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos es la necesidad de derogar la ley 18.761 y poder contar con la información que tienen en su poder las fuerzas armadas, policías y aparatos de inteligencia que han funcionado incluso durante los gobiernos post dictatoriales, señalaron desde Londres 38.

Subsecretaria de Derechos Humanos

Otra de las demandas de los sitios de memoria es dotar de mayores atribuciones al Instituto Nacional de Derechos Humanos para investigar y sistematizar la información que existe respecto de los hechos sucedidos durante la dictadura, como también la necesidad de tener una comisión permanente que haga la labor de recibir información y testimonios de los sobrevivientes. Sin embargo el diputado Hugo Gutiérrez manifestó que a su juicio, esta situación lo puede resolver la subsecretaría de Derechos Humanos que pretende crear el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

“Personalmente creo que la subsecretaría de derechos humanos, tal cual es la que funciona en Argentina, lo que hace también es calificar víctimas de la represión de la dictadura en Argentina, yo creo que es una buena guía. Si nos vamos a dar el tiempo para discutir una subsecretaría de Derechos Humanos para Chile creo que tiene que tener las atribuciones necesarias para también calificar a víctimas de la dictadura de Pinochet y por supuesto, propender a la reparación que le corresponde”, concluyó el legislador comunista.

Junto con solicitar tener una institucionalidad más robusta, los representantes del espacio de memoria insistieron además en la necesidad de que cada sitio que existe en el país pueda contar con los recursos necesarios para realizar investigaciones y desarrollar proyectos propios orientados a mantener viva la memoria política y social de este país.

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