Se calcula que en el país hay 1 millón de empleadas domésticas. En Entre Ríos, en algún momento se habló de 20.000. Sin embargo, la secretaria general del Sindicato de Empleadas en Casa de Familia de Entre Ríos, Manuela Muńoz, prefirió no hablar de cifras. “No hay números oficiales y es muy difícil calcular cuántas personas trabajan en el sector, ya que hay mucha informalidad”, explicó a UNO.
El sindicato, que funciona en Tucumán 278, en la sede de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Paraná, se formó hace casi cinco ańos, frente a una necesidad, sobre todo, de dar a conocer y de hacer valer los derechos que le asisten a las empleadas domésticas. “Tenemos alrededor de 500 afiliadas, la mayoría de Paraná, pero también hay de otras localidades de la provincia”, acotó Muńoz, a la vez que destacó: “La base para seguir avanzando en la conquista de nuestros derechos es tener una ley, porque a partir de ahí se pueden hacer las modificaciones que creamos necesarias”.
El impulso de un proyecto de ley a nivel nacional que ampara condiciones laborales dignas fue aliciente para afianzar la lucha. La iniciativa fue presentada en 2008 y establece nuevas condiciones laborales tanto para las empleadas domésticas como para aquellas personas que se dedican al cuidado de personas. En el texto se establece un límite de la jornada laboral de ocho horas diarias, se incorpora la licencia por maternidad y se amplía el período de vacaciones. Pero el proyecto, que recibió media sanción en la Cámara Diputados, fue aprobado con modificaciones en Senadores, quedando pendiente el tratamiento de su articulado.
Por ahora, la tarea que se desempeńa en este ámbito continúa regida por el Decreto Nş 326 de 1956, cuyo texto se caracteriza por artículos endebles, que pueden tener interpretaciones ambiguas y la única licencia que otorga es por enfermedad, hasta 30 días anuales. “Existen muchos casos de mujeres que se embarazan y cuando los empleadores se enteran las despiden; y también hay trabajadoras que, por ejemplo, tienen que ser operadas, y como el reposo excede los 30 días, también las echan”, detalló la referente del sindicato.
“Otro tema que no se respeta es la escala salarial, y tampoco se cumple con las categorías, según las tareas que se desempeńan, porque no es lo mismo cuidar un chico, que cocinar o limpiar. La labor es diferente y la paga también, pero hay tanta informalidad que esto no se contempla. Incluso, de los 1.035 pesos que debería cobrar una trabajadora por cuatro horas diarias, les están pagando en muchos casos 600 pesos”. Por último, Muńoz indicó: “Nuestra preocupación, ante todo, es la fuente laboral, ya que sabemos que muchas veces es el único sostén que hay en la familia. Creemos que hay un 70% de trabajadoras que no se acercan por temor, pero les decimos a las chicas que no se queden con dudas, que vengan y consulten”.
El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Paraná, Ricardo Sánchez, manifestó su apoyo al proyecto de ley que busca regular la actividad de la empleadas de casa de familia. “Planteamos la inconstitucionalidad del Decreto Nş 326/56, ya que no están contemplados los derechos de los trabajadores ni el principio de igualdad ante la ley. Cualquier trabajador privado tiene su estándar de indemnización, vacaciones pagas, licencia por maternidad, aguinaldo e indemnización por despido”.
“Asimismo denunciamos la discriminación de la mujer embarazada, que no está incluida en esta normativa. Hay que considerar que la mayoría de las personas que trabajan en hogares son mujeres”, ańadió.
“Hay toda una revisión histórica del trabajo de las empleadas domésticas, y hasta existe una concepción cultural sobre este tema. Por suerte, se está avanzando en cuestiones de derechos, pero hasta que no esté reglamentada esta ley y se garantice su cumplimiento el sector seguirá estando muy desprotegido”, expresó.
Se estima que hay más de 1 millón de trabajadoras que se desempeńan en casas de familia. En referencia a la situación laboral en el sector, Manuela Muńoz sentenció: “En Entre Ríos es muy alto el índice de trabajadoras en negro”.
Como contracara comentó: “Ahora se ven muchos empleadores que se acercan a consultar cómo regularizar la situación de quienes trabajan en su casa, algunos por desconfianza, y otros porque tienen la voluntad de brindarle una fuente laboral digna a quien, por ejemplo, le cuida sus hijos”. Muńoz contó que su madre también fue trabajadora doméstica y al momento de jubilarse no tenía hechos los aportes correspondientes.
“Situaciones como estas son las que queremos revertir”, dijo a modo de conclusión.