Artículo de la semana (28): Velasco contra Chávez

Esta semana se ha producido un hecho insólito. Un juez de la Audiencia Nacional ha acusado al gobierno venezolano de apoyar a ETA y a las FARC.

Desde luego, en principio, podría parecer que hay que tener pruebas claras para actuar de este modo. Bueno, pues no parece que ha ocurrido así, y salvo que el juez tenga documentación que no ha descubierto, el auto de procesamiento no da motivos para pensar tal cosa. Sin embargo, el juez Velasco comunica al Ministerio de Asuntos Exteriores que hay que tomar acción contra el gobierno venezolano.

Desde Kaos el la Red, ha escrito este artículo Carlos Martínez. En él se explica muy bien la noticia, en él estça enlazado el auto de juez, si tienen tiempo léanlo, verán que no se aporta ninguna prueba contra el Estado venezolano.

Como dicen en el artículo probablemente hay otro juez de la Audiencia Nacional que quiere convertirse en juez estrella. Y da la impresión de que estrellarse sí que se estrella.

Eloy Velasco acusa sin ninguna prueba al Gobierno Venezolano de apoyar a las FARC y a ETA

Eloy Velasco, Juez Instructor de la Audiencia Nacional, dictó ayer un auto de procesamiento a a seis presuntos miembros de ETA y a siete de las FARC colombianas por su supuesta colaboración e intento de asesinato. Estos hechos son antiguos y conocidos, lo que ha llamado la atención de todos los medios es que en la parte dispositiva del auto, el juez en mismo párrafo que solicita la cooperación de los gobiernos venezolano y cubano establece literalmente “Líbrese copia del presente Auto y remítase copia al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Ministerio del Interior para que practiquen las gestiones pertinentes ante las Autoridades Cubana y especialmente Venzolana para que cooperen a la entrega extradicional de algunos de los procesados, pues obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA y en especial de ARTURO CUBILLAS FONTAN, que tiene o ha tenido un cargo público en ese país”. 

Veamos primero las omisiones de la resolución judicial. El auto de Eloy Velasco en ningún momento hace referencia a que el procesado Arturo Cubillas reside en Venezuela desde el mes de mayo de 1989, como producto de los acuerdos entonces alcanzados por Carlos Andrés Pérez y Felipe González. Mientras que el juez, como advierte la nota de prensa de la Embajada Venezolana, se toma la molestia de referirse reiteradamente y de manera irrespetuosa al Presidente de los venezolanos, Hugo Chávez, haciendo señalamientos tan tendenciosos como infundados acerca del gobierno bolivariano.

El juez español también debería reseñar que prácticamente todos los hechos contenidos en la resolución judicial son producto de la utilización de archivos contenidos en el computador de Raúl Reyes, cuya eficacia probatoria es mucho más que dudosa por haber sido manipulados por el ejercito colombiano. Por ello  ningún tribunal imparcial podrá tener en cuenta para dictar una sentencia condenatoria, aun tratándose de delitos de “terrorismo”.

Sobre lo que dice el auto, cualquier lector que dedique unos minutos a leer los antecedentes de hecho del auto dictado podrá comprobar que los supuestos vínculos entre el Gobierno de Venezuela y las FARC y ETA no tienen ningún sustento. Sólo son tres: que el procesado Arturo Cubillas es funcionario del Ministerio de Justicia, casado a su vez con una Venezolana que ostenta cargo público en aquella república. Y que, según el Magistrado, un vehículo militar venezolano escoltó a algunos procesados en un desplazamiento terrestre por Venezuela, hechos que narra sin ningún sustento probatorio. Los autos judiciales deben estar motivados, por ello  deben contener “antecedentes de hecho” y “fundamentos jurídicos”. En este caso, el Magistrado se ha “saltado” todo razonamiento y ordena al Gobierno español que pida explicaciones por este caso, lo que ha verificado nada más enterarse por los medios.

Mención aparte requiere el procesamiento en este mismo auto  de la ciudadana española Remedios García Albert, que tampoco  encuentra ninguna justificación probatoria en la resolución judicial que así lo acuerda. De hecho, como recuerda su defensa, Remedios García Albert nunca ha tenido nada que ver con ETA, y siempre ha condenado a dicha organización. Ni siquiera la policía española  la ha interrogado a este respecto ni la ha acusado nunca de tener ningún vínculo con esta organización. Sí hubiera tenido el papel de la que el Juez le acusa, la policía española la hubiera acusado, sin duda, de un delito de colaboración con banda armada.

El sinsentido no sólo es jurídico sino también procesal. Nadie puede explicar cómo en un auto de procesamiento en el que se atribuyen presuntos delitos a los procesados, el Magistrado da por probados los hechos y en base a suposiciones se inmiscuye en las relaciones diplomáticas entre diferentes Estados. Pero lo más grave es que estamos hablando de un sumario y por ley es secreto, como hasta los legos en derecho conocen. Pues bien, nada más dictarse se entregaron copias a los periodistas para que lo difundieran inmediatamente. Todo esto hace pensar que más que ante una resolución judicial nos encontramos con un documento pensado por y para la prensa, la que  ávidamente se ha hecho eco1.

Todo lo anterior se puede explicar por la personalidad e ideología del Magistrado Eloy Velasco. Anteriormente a su reingreso estuvo ocho años al servicio del Partido Popular de la Generalitat Valenciana como Director General de Justicia, cargo del que fue cesado por los conflictos internos que causó en aquella administración. Desde su llegada a la Audiencia Nacional también se ha hecho notar, siendo el único Juez que secundó la ilegal huelga de Magistrados en la Audiencia u ordenando la actuación de la Erztaina fuera de Euskadi.

Resoluciones como la de ayer le auguran una larga y brillante carrera, sustituyendo al Juez Garzón como “Juez estrella”, con la ventaja que Eloy Velasco nunca investigará el franquismo ni ningún otro terrorismo a gran escala.

Saquen ustedes las conclusiones.

Salud y República