Cada uno de los 40 millones de españoles le pagará 75 céntimos de una extinguida peseta a la familia de Mar Herrero, una chica asesinada por su exnovio al que había denunciado doce veces por malos tratos y amenazas de muerte ante la jueza María del Carmen Iglesias.
Al empezar su relación en Alcobendas, Madrid, Mar Herrero no sabía que su futuro asesino estaba en libertad condicional bajo vigilancia de la juez Iglesias por haber herido gravemente a una novia anterior.
Cuando Mar sufrió su violencia y conoció su historial rompió la relación, pero él la perseguía, maltrataba y amenazaba con asesinarla; por una sola de aquellas doce aterrorizadas denuncias, la jueza debería haberlo devuelto a prisión.
Tras ser sádicamente eliminada en 1999, familia, ayuntamiento y colectivos feministas exigieron la inhabilitación de la jueza, miembro de la progresista Jueces para la Democracia, por su desidia.
Pero el Consejo General del Poder Judicial la multó con 200.000 pesetas por falta grave, y otros jueces protestaron indignados contra su “linchamiento popular”.
Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó al Estado a indemnizar a la familia de Mar, como responsable civil subsidiario del crimen, con 180.303 euros (30 millones de pesetas, 75 céntimos por persona).
Corta compensación que insulta a los ciudadanos, que abonarán con sus impuestos la dejadez e insensatez de esa funcionaria.
En lugar de haber sido degradada y expulsada, continúa ejerciendo, apoyada por otros jueces progresistas, defensores de una justicia homicida de la que todos podemos ser víctimas.
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