Revista Cultura y Ocio
En 2001, en el mes de julio, durante una manifestación del movimiento altermundialista contra la Cumbre del G8, en la ciudad italiana de Génova, la Policía asesinó al activista Carlo Giuliani.
Este trágico suceso, este incomprensible asesinato por parte de las fuerzas de seguridad del estado italiano, supuso un punto y aparte del movimiento altermundista. Fue una auténtica vendeta que dejo trás de sí, un asesintato y varias decenas de heridos. Por supuesto, también un gran escándalo político y un larguísimo proceso judicial.
En este sentido, y transcurridos 10 años, las investigaciones y los enjuiciamientos han sido escasos, y las autoridades italianas siguen sin condenar y ofrecer una disculpa pública por los malos tratos infligidos a los manifestantes, según ha denunciado Amnistía Internacional.
La tortura no constituye delito en la legislación nacional italiana. Por ello, los agentes que puedan haber infligido tortura a manifestantes nunca han sido acusados de este delito. El enjuiciamiento de muchos de los delitos comunes imputados a los agentes ha prescrito, lo que ha llevado a una situación de impunidad.
Italia aún no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, ni ha establecido un mecanismo preventivo nacional independiente para la prevención de la tortura y los malos tratos en el ámbito nacional.