Decenas de etarras, de terroristas del GRAPO y violadores, algunos también asesinos, salen de las cárceles estos días por sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que anuló la Doctrina Parot.
Ante esta liberación masiva: ¿quién será responsable de sus nuevos crímenes si alguno de ellos reincide?
Ahora hace dos años de la noche en la que Agustín Sánchez Romero, un preso en Barcelona con permiso de salida de cuatro días, asesinó a dos personas al cruzárselas en un parque de Mazarrón, Murcia.
Adrián Adame, de 16 años, había sacado su perro a pasear cuando Sánchez, que acababa de asesinar a un transeúnte porque le salió del alma hacerlo, le disparó y lo mató instantáneamente.
Ahora, los padres del chico han demandado a la Generalidad catalana por haberle concedido ese permiso a un delincuente con 26 condenas por todo tipo de actos violentos, incluidos acuchillamientos.
Creen que, aparte del asesino, el responsable de las muertes es quien liberó a alguien tan peligroso.
Es posible que los etarras no vuelvan a matar, se desconoce qué harán los grapos, una secta comunista parecida a las islamistas, pero se sabe que hay muchas posibilidades de que los violadores y violadores-asesinos vuelvan a actuar.
En Valladolid muchas mujeres sufren ahora pánico tras la vuelta allí, ya liberado sin cumplir su pena, del 18 veces violador y dos veces asesino Pedro Luis Gallego, condenado a 273 años de cárcel: sale sin rehabilitar gracias a Estrasburgo.
Otra libertad consecuencia de del mismo tribunal es Valentín Tejero, autor de decenas de violaciones y de la violación y asesinato de la niña Olga Tejedor.
Cuando estos u otros similares vuelvan a asesinar o violar, ¿quién pagará los daños? ¿Deberemos seguir obedeciendo a ese tribunal o exigir la cárcel para sus magistrados, empezando por el español enviado por Zapatero?
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