El titular de la Fiscalía Federal Nro. 1 de la Ciudad de Córdoba, Enrique Senestrari, fue quien instruyó el megaoperativo, realizado en 10 provincias.
Se trata de un caso de trata de personas basado en el tráfico migratorio de colombianos que sostenían una industria clandestina en varias provincias argentinas, haciendo trabajo esclavo. La red involucra, hasta ahora, a 202 víctimas y 23 detenidos en el país, después de realizarse más de 80 allanamientos 10 provincias. Hay hombres, mujeres y menores de edad involucrados.
"Tanto las víctimas como los victimarios son de Colombia, la mayoría de la gente es de origen pobre y de escasas posibilidades de defensa, desarraigadas al traerlas de un país extraño a miles de kilómetros del suyo, sin dinero y sin modo de contactarse fluidamente con su familia", aseguró Senestrari.
A las víctimas las hacían trabajar en locales clandestinos, sin ningún registro o autorización laboral. Por ende, la gente trabajaba en la misma situación, es decir, sin ningún tipo de registro legal, sueldo en regla, previsión social, vacaciones o jubilación. "Los trabajadores estaban en negro y además llegaban endeudados, porque debían pagar sus pasajes. Se lo prestaban ellos al dinero y el hecho de no tener las víctimas plata para moverse, y no tener su situación migratoria regularizada, las dejaba en una situación de vulnerabilidad. Así, se veían obligadas a hacer lo que esta gente les decía, al no tener una alternativa mejor", apuntó el funcionario judicial.
La investigación se inició con una serie de informes de Migraciones y tareas de Aduana que comprobaron la existencia de un sospechoso grupo de ciudadanos colombianos que había ingresado al país. Los extranjeros llegaban con rasgos coincidentes que generaban dudas: declaraban el mismo domicilio, la misma actividad laboral y no exhibían recursos económicos suficientes como para poder permanecer en el país como turistas. Esto alertó a las autoridades que iniciaron las investigaciones hace poco más de un año y medio, pero se presume que la red viene operando desde por lo menos 2009, según los primeros registros de Aduana.
Con el material secuestrado en los allanamientos se espera poder precisar más sobre la antigüedad y modus operandi de esta organización.
"Esta gente era captada en Colombia, seducida con la oferta de trabajo en Argentina, les prometían buenos ingresos y una casa. Cuando venían acá se encontraban con que el dinero no era ese, el destino que les decían no era siempre el mismo, porque les decían Córdoba y terminaban por ejemplo en San Juan, Misiones, Santa Fe u otras provincias, y en una condición laboral totalmente ilegal", aseguró el fiscal.
Los colombianos llegaban al país como turistas. Por lo general desembarcaban en Córdoba y desde allí los mandaban a diferentes lugares. Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe son sitios que también tienen un peso importante en la investigación. En Córdoba tuvimos 25 allanamientos y lo que encontramos no quiere decir que sea lo único, porque es posible que haya más lugares en la misma condición que aún no se han podido detectar".
En las 10 provincias, los colombianos hacían muebles y cestos, que salían a vender por la calle en carritos de dos ruedas, empujados por ellos. "Iban mayormente a barrios humildes, vendían los productos y hacían una cobranza semanal totalmente informal, sólo con papelito que estipulaba las cuotas a pagar y tenían un sistema de cobradores, algunos de ellos involucrados como delincuentes y otros se está analizando su accionar", explicó el funcionario judicial.
Según el fiscal, entre las víctimas hay mujeres y niños y podría tratarse de familias completas. "La situación de ellos es muy difícil de aclarar porque a la vez la identificación es muy precaria en el momento porque pocos de ellos tienen documentos encima, entonces es basarse en lo que ellos declaran y después confirmarlo", explicó.
En la investigación, el trabajo de estos colombianos se considera esclavo porque además de la falta de aportes e irregularidades en la contratación, estaban sometidos a tratos infrahumanos, según el fiscal: "Muchos de ellos residían en el mismo taller, en muy malas condiciones, dormían en colchones tirados en el piso. Otros tenían una casa un poco mejor equipada, pero siempre menos de lo que corresponde, porque no tienen posibilidad de elegir sino que tienen lo que les toca. Ninguno tenía dinero encima para con sus ahorros cambiar la situación", evaluó el fiscal.
Una de las cosas que genera sospecha acerca de hasta dónde quería llegar esta gente es que el negocio no parece ser tan voluminoso en lo económico, según dijo el fiscal. En uno de los allanamientos se logró secuestrar cerca de 300.000 pesos de la casa de quien se supone que era uno de los líderes de la organización, a quien llaman "El Contador". "Para la estructura que tenían montada deben haber estado detrás de algo superior, no sabemos si ya haciéndolo o preparando el terreno para algo más grande, tanto en número de personas como en el proyecto", aseguró el fiscal.
Además del llamado "Contador", aparecen como líderes del armado ilícito dos personas más que al momento de las detenciones estaban en Colombia –se fueron de Argentina alertados por unos allanamientos en Misiones-, de los cuales van a pedir la captura internacional, según Senestrari.
En juego están varios delitos, que son considerados graves: falsificación de ingreso y permanencia en el país en condiciones ilegales de ciudadanos extranjeros, trata de personas con fines de explotación laboral y evasión de impuestos, además de todas las sanciones que correspondan por el trabajo no registrado, trato de los empleados y explotación irregular de comercio, enumeró Senestrari.
Sobre las víctimas dijo el fiscal federal Enrique Senestrari "Los gobiernos deben darle una oportunidad a esta gente de sentirse realmente rescatadas porque es una constante en las víctimas de trata que no se sienten víctimas, no quieren muchos de ellos recibir asistencia. La Embajada de Colombia ya está tomando contacto con las autoridades judiciales para repatriar a los que quieran volver a su país y los que quieran quedarse, supongo que la Embajada también ayudará a que regularicen su situación y puedan tener una vida digna en Argentina".
El fiscal dijo que se han pedido nuevos allanamientos pero no dio más detalle por secreto de sumario.
Entre 2009 y 2011 se registró el ingreso irregular a Argentina de 3.000 ciudadanos colombianos
En lo que va de 2013 la AFIP efectuó 583 operativos contra la esclavitud, se denunciaron a 154 empleadores y se relevó la situación de 7.137 personas, de las cuales 3.619 no estaban declaradas y 520 entre indocumentados y niños.
El titular de la Fiscalía Federal Nro. 1 de la Ciudad de Córdoba, Enrique Senestrari, fue quien instruyó el megaoperativo, realizado en 10 provincias.
Se trata de un caso de trata de personas basado en el tráfico migratorio de colombianos que sostenían una industria clandestina en varias provincias argentinas, haciendo trabajo esclavo. La red involucra, hasta ahora, a 202 víctimas y 23 detenidos en el país, después de realizarse más de 80 allanamientos 10 provincias. Hay hombres, mujeres y menores de edad involucrados.
"Tanto las víctimas como los victimarios son de Colombia, la mayoría de la gente es de origen pobre y de escasas posibilidades de defensa, desarraigadas al traerlas de un país extraño a miles de kilómetros del suyo, sin dinero y sin modo de contactarse fluidamente con su familia", aseguró Senestrari.
A las víctimas las hacían trabajar en locales clandestinos, sin ningún registro o autorización laboral. Por ende, la gente trabajaba en la misma situación, es decir, sin ningún tipo de registro legal, sueldo en regla, previsión social, vacaciones o jubilación. "Los trabajadores estaban en negro y además llegaban endeudados, porque debían pagar sus pasajes. Se lo prestaban ellos al dinero y el hecho de no tener las víctimas plata para moverse, y no tener su situación migratoria regularizada, las dejaba en una situación de vulnerabilidad. Así, se veían obligadas a hacer lo que esta gente les decía, al no tener una alternativa mejor", apuntó el funcionario judicial.
La investigación se inició con una serie de informes de Migraciones y tareas de Aduana que comprobaron la existencia de un sospechoso grupo de ciudadanos colombianos que había ingresado al país. Los extranjeros llegaban con rasgos coincidentes que generaban dudas: declaraban el mismo domicilio, la misma actividad laboral y no exhibían recursos económicos suficientes como para poder permanecer en el país como turistas. Esto alertó a las autoridades que iniciaron las investigaciones hace poco más de un año y medio, pero se presume que la red viene operando desde por lo menos 2009, según los primeros registros de Aduana.
Con el material secuestrado en los allanamientos se espera poder precisar más sobre la antigüedad y modus operandi de esta organización.
"Esta gente era captada en Colombia, seducida con la oferta de trabajo en Argentina, les prometían buenos ingresos y una casa. Cuando venían acá se encontraban con que el dinero no era ese, el destino que les decían no era siempre el mismo, porque les decían Córdoba y terminaban por ejemplo en San Juan, Misiones, Santa Fe u otras provincias, y en una condición laboral totalmente ilegal", aseguró el fiscal.
Los colombianos llegaban al país como turistas. Por lo general desembarcaban en Córdoba y desde allí los mandaban a diferentes lugares. Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe son sitios que también tienen un peso importante en la investigación. En Córdoba tuvimos 25 allanamientos y lo que encontramos no quiere decir que sea lo único, porque es posible que haya más lugares en la misma condición que aún no se han podido detectar".
En las 10 provincias, los colombianos hacían muebles y cestos, que salían a vender por la calle en carritos de dos ruedas, empujados por ellos. "Iban mayormente a barrios humildes, vendían los productos y hacían una cobranza semanal totalmente informal, sólo con papelito que estipulaba las cuotas a pagar y tenían un sistema de cobradores, algunos de ellos involucrados como delincuentes y otros se está analizando su accionar", explicó el funcionario judicial.
Según el fiscal, entre las víctimas hay mujeres y niños y podría tratarse de familias completas. "La situación de ellos es muy difícil de aclarar porque a la vez la identificación es muy precaria en el momento porque pocos de ellos tienen documentos encima, entonces es basarse en lo que ellos declaran y después confirmarlo", explicó.
En la investigación, el trabajo de estos colombianos se considera esclavo porque además de la falta de aportes e irregularidades en la contratación, estaban sometidos a tratos infrahumanos, según el fiscal: "Muchos de ellos residían en el mismo taller, en muy malas condiciones, dormían en colchones tirados en el piso. Otros tenían una casa un poco mejor equipada, pero siempre menos de lo que corresponde, porque no tienen posibilidad de elegir sino que tienen lo que les toca. Ninguno tenía dinero encima para con sus ahorros cambiar la situación", evaluó el fiscal.
Una de las cosas que genera sospecha acerca de hasta dónde quería llegar esta gente es que el negocio no parece ser tan voluminoso en lo económico, según dijo el fiscal. En uno de los allanamientos se logró secuestrar cerca de 300.000 pesos de la casa de quien se supone que era uno de los líderes de la organización, a quien llaman "El Contador". "Para la estructura que tenían montada deben haber estado detrás de algo superior, no sabemos si ya haciéndolo o preparando el terreno para algo más grande, tanto en número de personas como en el proyecto", aseguró el fiscal.
Además del llamado "Contador", aparecen como líderes del armado ilícito dos personas más que al momento de las detenciones estaban en Colombia –se fueron de Argentina alertados por unos allanamientos en Misiones-, de los cuales van a pedir la captura internacional, según Senestrari.
En juego están varios delitos, que son considerados graves: falsificación de ingreso y permanencia en el país en condiciones ilegales de ciudadanos extranjeros, trata de personas con fines de explotación laboral y evasión de impuestos, además de todas las sanciones que correspondan por el trabajo no registrado, trato de los empleados y explotación irregular de comercio, enumeró Senestrari.
Sobre las víctimas dijo el fiscal federal Enrique Senestrari "Los gobiernos deben darle una oportunidad a esta gente de sentirse realmente rescatadas porque es una constante en las víctimas de trata que no se sienten víctimas, no quieren muchos de ellos recibir asistencia. La Embajada de Colombia ya está tomando contacto con las autoridades judiciales para repatriar a los que quieran volver a su país y los que quieran quedarse, supongo que la Embajada también ayudará a que regularicen su situación y puedan tener una vida digna en Argentina".
El fiscal dijo que se han pedido nuevos allanamientos pero no dio más detalle por secreto de sumario.
Entre 2009 y 2011 se registró el ingreso irregular a Argentina de 3.000 ciudadanos colombianos
En lo que va de 2013 la AFIP efectuó 583 operativos contra la esclavitud, se denunciaron a 154 empleadores y se relevó la situación de 7.137 personas, de las cuales 3.619 no estaban declaradas y 520 entre indocumentados y niños.
Escrito por Gina Escheback
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