Millonarias comisiones a miembros del PSOE España y PSUV Venezuela por venta de buques de guerra a Chávez
Fue el gran contrato de Navantia, la naviera pública, durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero: la construcción de ocho patrulleras militares por las que Venezuela ha pagado más de 1.200 millones de euros. El acuerdo se cerró de Estado a Estado, con la implicación directa de Zapatero, su ministro de Defensa, José Bono, y el presidente venezolano, Hugo Chávez. Pero este hecho no evitó que Navantia pagara 42 millones de euros a varios comisionistas venezolanos y españoles, un 3,5 por ciento del monto global del contrato.
Un juzgado de instrucción de Madrid mantiene imputados por tráfico de influencias y delito fiscal a los dos comisionistas españoles, Javier Salas Collantes, último presidente del Instituto Nacional de Industria (INI), que salió del Gobierno en 1996, y el que fuera su subordinado en el INI Antonio Rodríguez-Andía. Cada uno ha cobrado seis millones de euros. El INI que Salas presidió se transformó en la actual SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales), que es dueña del cien por cien del capital de Navantia.
La venta de los buques se firmó el 28 de noviembre de 2005 en Caracas. Poco antes, el 30 de septiembre, Navantia firmó un acuerdo mediación con la empresa Rebazve Holding Ltd., a la que otorgó una comisión del 3,5 por ciento de la venta, 42 millones de euros. A su vez, Rebazve contrató a Rodríguez-Andía, expresidente de la pública Trasatlántica, y le pagó doce millones de euros, de los que seis terminaron en cuentas del que fuera fuera su jefe en los primeros gobiernos de Felipe González, Salas Collantes.
Más comisiones
Rebazve, administrada por los empresarios venezolanos Juan Rafael Carvallo López y Pedro Enrique Malavé Benavides, también repartió en su país una parte de los 42 millones de euros que facturaron. Según fuentes conocedoras de la negociación, hay constancia documental de que Carvallo y Malavé destinaron «grandes cantidades de dinero» a exmilitares de la Armada de Venezuela. De hecho, otro grupo de exmilitares con importantes contactos en el ejército «bolivariano», liderado por el exoficial Luis Calderón -ya fallecido-, protestó porque las comisiones no les llegaron a ellos. Contrataron a un despacho de abogados español para que reclamara su parte a Navantia. La empresa pública se negó a abonar cantidad alguna «porque ya habían pagado una barbaridad a los de Rebazve», asegura a ABC una fuente que intervino en la operación.
Fuentes no oficiales de Navantia consideran «escandaloso» que se pagaran 42 millones de euros en comisiones en una venta que se había cerrado de Estado a Estado: «Lo que hizo Salas Collantes lo podía haber realizado alguien de Navantia». La postura oficial de la naviera pública es que los comisionistas fueron necesarios.
Se trata de cuatro barcos «BVL» (Buque de Vigilancia de Litoral) y otros cuatro «POVZEE» (Patrullera Oceánica de Vigilancia de la Zona de Exclusión Económica). Sólo falta por entregar el último buque, que se está construyendo en el astillero venezolano Dianca con tecnología de Navantia.
Estados Unidos intentó vetar la operación. No lo consiguió con los barcos pero sí con una partida de aviones que la española CASA iba a fabricar y que incluían tecnología estadounidense.
«Siempre hay intermediarios y cobramos lo habitual»: Javier Salas Collantes
J.C.H MADRID
El expresidente del Instituto Nacional de Industria asegura que no ha cometido delito alguno y defiende que «en todos los contratos existen agentes, intermediarios, y se cobró el porcentaje habitual». Se refiere a los 42 millones de euros que Navantia abonó a la empresa Rebazve, que a su vez le pagó doce a él y a su socio, Antonio Rodríguez-Andía, también exdirigente del INI. «La cifra absoluta y puesta de una vez es muy grande, pero son ocho años de trabajo en un contrato de más de 1.200 millones de euros», según puntualiza a este diario.
Preguntado por la justificación de sus honorarios, tratándose de un acuerdo que se cerró de Estado a Estado, Salas Collantes sostiene que «después de la firma hay retrasos, cambios y problemas que nosotros ayudamos a solucionar».
Salas se especializó en consultoría financiera tras su salida del Gobierno, en 1996, cuando Felipe González perdió las elecciones con José María Aznar. Era una hombre del entorno del ministro socialista Carlos Solchaga. Además del INI, presidió Iberia antes de la privatización.
El «lubricante»
En cuanto a la imputación por tráfico de influencias, el exdirigente público remarca que cuando se firmó el contrato hacía casi diez años que él se había pasado a la empresa privada y su socio, catorce: «La acusación dice que hay una amistad con la gente de Navantia, porque los conozco, trabajé con algunos, pero de eso ya hace mucho tiempo. Además, para este tipo de trabajo, ¿a quién van a recurrir? ¿A alguien que no tenga ninguna experiencia?». Salas define sus funciones como «el lubricante de la maquinaria»y sostiene que hicieron «en el día a día lo que había que hacer para que todo fuera bien».
En cuanto al delito fiscal, asegura que «ha quedado acreditado que hemos pagado todos los impuestos». Su abogado ha solicitado el sobreseimiento de la causa judicial.
Nuevos imputados en España en caso de buques comprados por Venezuela
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El juzgado de Madrid que investiga millonarios sobornos de la astillera española Navantia en la venta de ocho buques militares a Venezuela, salpicando supuestamente a empresarios y oficiales retirados criollos, sumó a dos nuevos imputados de gran relevancia en España.
Sus nombres son Juan Pedro Gómez Jaén, entonces presidentes de los astilleros públicos españoles cuando en 2005 se firmó el contrato de los ocho buques por 1.200 millones de euros con el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez; y Jesús Arce, entonces presidente de la astillera estatal.
Así lo explicó el diario ABC de España, quien asegura que Rosario Espinosa, que dirige el Juzgado 8 de Madrid, acusa a Jaén y Arce del delito de “malversación de causales públicos” al aprobar abultadas comisiones a la empresa Rebazve Holding LTD, con sede en Caracas y propiedad de los venezolanos Juan Rafael Carvallo López y Pedro Enrique Malavé Benavides. Ambos han sido señalados por la prensa española como “cercanos” al Gobierno bolivariano.
De acuerdo a las investigaciones, Rebazve Holding recibió 43 millones de Navantia para el pago de jugosas comisiones a funcionarios y políticos españoles, así como a oficiales de la Armada venezolana, que estarían involucrados en la operación que se efectuó entre dos Estados con el objeto de fortalecer la defensa de la marina de guerra venezolana.
De los 43 millones de euros (en torno al 3,5 % del total de la venta) que recibió la empresa venezolana dedicada al “asesoramiento y representación de empresas nacionales o extranjeras”, 12 millones fueron a parar a los dos primeros imputados del caso, Javier Salas Collantes, presidente del Instituto Nacional de Industria (INI) entre 1990 y 1995, y su socio Antonio Rodríguez Andía, expresidente de la naviera pública española Transatlántica. En este caso, la juez los acusa de tráfico de influencias y delito fiscal.
Rebazve Holding también habría repartido dinero en comisiones a militares venezolanos, según lo reseñado por medios españoles, que citan fuentes internas de Navantia. Luis Calderón y Wigberto Marín, dos ex oficiales de las Fanb también contrataron al despacho Goñi Abogados, en Madrid, para exigir comisiones al astillero Navantia, pero sus directivos se negaron a pagar más porque ya habían cancelado “suficiente” a Rebazve Holding LTD.
TOMADO DE elmundo.com
Lo más sonado.......
Son dos los venezolanos señalados en España por haber cobrado comisiones por 42 millones de euros tras la venta de 12 patrulleras entregadas por los Astilleros Públicos Navantia a la Marina Bolivariana de Venezuela: Juan Rafael Carvallo López y Pedro Enrique Malavé Benavides.
Juan Rafael Carvallo
El primero es un empresario de la IV asimilado a la V, mientras que el segundo aparece como propietario de Fashion Canary Islands, una firma dedicada al negocio de la peluquería y belleza. En Madrid no está claro el porqué estos dos particulares cobraron las comisiones si el contrato fue suscrito sin intermediarios entre los jefes de Estado de España y Venezuela. Lo cierto del caso es que el mismo ha recibido poca cobertura en Venezuela. Se ha mencionado la probable participación de otros militares retirados, entre ellos uno que para el año 1998 era un representante de Indra, la empresa que negoció la plataforma electoral de las elecciones del año 2000.
Pedro Enrique Malavé Benavides
@PedroEnriMalave astilleros
Así fue el robo...
El Gobierno paga 42 millones a comisionistas por la venta de ocho patrulleras a Chávez
Así lo refleja un documento interno de Navantia titulado “Nota sobre Gestión de Comisión Comercial – Contrato de Patrulleros POVZEE y BVL para la Armada de Venezuela”, al que ha tenido acceso El Confidencial, y que fue aprobado por la Dirección de Control y Auditoría el 26 de mayo de 2006. En esa fecha Rebazve Holding Ltd. ya había girado las dos primeras facturas, por un importe total de 3,66 millones de euros, ya que el intermediario cobra sus comisiones a medida que la Armada venezolana va haciendo los pagos a Navantia.
Según las fuentes consultadas, la empresa pública española no debería haber pagado comisiones por esta venta, ya que era un acuerdo que se cerró entre los gobiernos de España y Venezuela. “Si le vendes un barco a un armador privado de Singapur, por ejemplo, es normal que haya un bróker que se lleva un uno por ciento, porque es el que consigue al cliente, pero entre gobiernos no deberían pagarse comisiones y mucho menos tan elevadas”, afirma un ingeniero naval que ha participado directamente en operaciones similares. Por su parte, un reconocido abogado maritimista español sostiene que un 3,5% de comisión en un contrato de 1.200 millones de euros es una “brutalidad”.
Es más. El presidente venezolano, Hugo Chávez, afirmó públicamente en varias ocasiones que con el encargo “queríamos ayudar a España porque el presidente Zapatero me dijo un día que tenían problemas con los astilleros y entonces orientamos la adquisición de Estado a Estado”. El encargo fue una bendición para el astillero de San Fernando–Puerto Real, que se garantizó unos cinco años de trabajo. El ministro de Defensa en esa fecha, José Bono, que fue quien preparó la venta, acudió a la firma del contrato en Caracas junto al entonces presidente de Navantia, Juan Pedro Gómez Jaén.
Los comisionistas
Unos meses después de la firma del contrato, Rebazve Holding Ltd. abrió una filial en España, Rebazve Holding S.L., inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya. La dirigen dos venezolanos, Juan Rafael Carvallo López y Pedro Enrique Malavé Benavides. Carvallo pertenece a la burguesía de aquel país que ha seguido haciendo negocios en la etapa de Hugo Chávez, una suerte de capitalistas adaptados al régimen. De hecho, Juan Rafael Carvallo ha aparecido en la prensa del corazón venezolana, sobre todo por la boda de un sobrino suyo, arquitecto con una presentadora de televisión, Verónica Silva en Estados Unidos.
Por su parte, y según datos del Registro Mercantil de Tenerife, el nombre de Pedro Enrique Malavé, el otro administrador mancomunado de Rebazve Holding S.L., aparece al frente de una segunda empresa española, Fashion Canary Islands, dedicada al negocio de peluquería y belleza.
Lo que no está nada claro es qué ha hecho Rebazve para cobrar más de 40 millones de euros de Navantia, los astilleros militares públicos que nacieron en 2005 de la segregación del Grupo Izar. El entonces presidente de la empresa pública, Juan Pedro Gómez Jaén, ahora al frente de la filial Sainsel Sistemas Navales S.A., ha declinado responder alegando que es un asunto competencia de Navantia. Fuentes oficiales de los astilleros públicos se han limitado a decir que “Rebazve ha estado históricamente en las operaciones de venta a Venezuela”. A la pregunta de por qué concepto se le paga una comisión de 42 millones de euros cuando fue una venta conseguida por Zapatero y Bono, las mismas fuentes sugieren: “Pregunta en Defensa, que son ellos quienes firmaron el contrato”. Pero el citado ministerio tampoco ha respondido a la petición de El Confidencial.
Por su parte, el domicilio social bilbaíno de Rebazve Holding S.L. coincide con el de una asesoría que reconoce a Carvallo y Malavé como “clientes”, a los que han trasladado la solicitud de información de este medio, que no ha recibido respuesta.
Comisiones del 3,5%
Navantia estableció con Rebazve que la intermediaria cobraría un porcentaje de comisión variable: un 5% en los primeros cien millones de euros, que iría descendiendo por tramos a medida que aumenta la facturación, hasta quedar en el 2% a partir de quinientos millones de euros.
El cómputo final de la comisión por los cuatro patrulleros BVL (Buque de Vigilancia Litoral) quedó en el 3,5%, el techo que marcaba el contrato: 17,80 millones de euros de los 508,68 que costaban los barcos. Ya han sido entregados tres. Por su parte, de las otras cuatro embarcaciones, las POVZEE (Patrulleros Oceánicos para la Vigilancia de la Zona Económica Exclusiva), valoradas en 698,71 millones de euros, los comisionistas cobran 23,97 millones, un 3,43% del contrato. El pasado 14 de mayo se entregó la primera de estas cuatro embarcaciones. Esto significa que, aproximadamente, la mitad de la comisión total ya debe haber sido satisfecha.
Las comisiones ascenderán al final de la operación hasta la cifra de 41,78 millones de euros abonados por Navantia, una empresa cien por cien pública y que había conseguido el contrato gracias a las gestiones directas del presidente Zapatero y el ministro Bono con Hugo Chávez, en las que, a priori, no era necesario que un intermediario se adjudicara una minuta de ese calibre.
El documento que revelamos sirvió para aprobar las comisiones que había que pagar a Rebazve cuando ésta emitió sus primeras facturas. Dio el visto bueno a la “Nota sobre Gestión de Comisión Comercial” la dirección de Control de Navantia.
Los tribunales investigan la operación
Tal y como destapó El Confidencial el pasado cuatro de abril, la Fiscalía Anticorrupción denunció a Javier Salas Collantes, presidente del Instituto Nacional de industria (INI) entre 1990 y 1995 por tráfico de influencias y delito fiscal en relación a su participación en la venta de los ocho patrulleros a Venezuela. El holding Rebazve contrató a la consultora de Salas y su socio, Antonio Rodríguez, para que ésta los representara en España. Salas ha asegurado a los medios que “se trata de un error del Ministerio Fiscal y del juzgado que se aclarará en breve”.
La denuncia se presentó en el juzgado de instrucción número ocho de Madrid. La magistrada Rosario Espinosa Merlo ya ha tomado declaración a Salas, un político del entorno de lo que un día se llamó ‘beautiful socialista’. Además del INI, presidió Iberia. Actualmente es consultor y consejero de Red Eléctrica, entre otras empresas.
Navantia renuncia a personarse en el caso de las comisiones por la venta de fragatas a Venezuela
La investigación por el pago de comisiones en la venta de ocho patrulleros a Venezuela sigue adelante. Pero en el juicio no estarán todas las partes afectadas.Navantia, una filial de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), ha comunicado al juzgado de Madrid que instruye el caso su interés en no personarseen el procedimiento. Y eso que, según la Fiscalía Anticorrupción, el comisionista -una empresa venezolana- desvió 12 millones de euros a sus socios españoles, entre los que se encuentra Javier Salas, último presidente del Instituto Nacional de Industria (INI).
La magistrada Rosario Espinosa había preguntado a los gestores de los astilleros públicos sobre sus intenciones, toda vez que las altas comisiones pagadas en la operación -unos 42 millones de euros en total- podrían suponer un quebranto económico para la compañía. Y la SEPI ha decidido finalmente no hacerlo pese a que la operación la cerraron los anteriores gestores, en tiempos de José Bono como ministro de Defensa.
En el Gobierno se ha meditado mucho la respuesta, ya que la presencia del Estado en un procedimiento penal con ramificaciones en Venezuela podría tener consecuencias diplomáticas. Y ni que decir tiene que las relaciones entre España y Venezuela no pasan por su mejor momento después del rifirrafe público que mantuvieron el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el canciller español, José Manuel García Margallo.
La Fiscalía Anticorrupción puso hace un par de años una querella contra Javier Salas Collantes, presidente del Instituto Nacional de industria (INI) entre 1990 y 1995, por el cobro de comisiones ilegales. Lo acusaba de un doble delito: tráfico de influencias y delito fiscal en relación a su participación en la venta de los patrulleros. La operación se firmó en Caracas en noviembre de 2005. La denuncia se presentó en el Juzgado de Instrucción número Ocho de Madrid.
José Luis Rodríguez Zapatero y Hugo Chávez acordaron en mayo de 2005 que el grupo de astilleros público Navantia construyera ocho buques de vigilancia para la Armada Venezolana. El contrato fue rubricado el 28 de noviembre de ese año. Pues bien, y como informó El Confidencial, unos días antes, el 30 de septiembre de 2005,Navantia firmaba un acuerdo de mediación con la empresa Rebazve Holding Ltd, por el cual esta firma cobraría una comisión del 3,5% de la venta. El precio de los ocho buques fue de 1.207 millones de euros, por lo que el intermediario se reservó casi 42.
Acuerdo entre Gobiernos
Según algunas fuentes consultadas, la empresa pública española no debería haber pagado comisiones tan elevadas por esta venta, ya que era un acuerdo que se cerró entre los Gobiernos de España y Venezuela.“Si le vendes un barco a un armador privado de Singapur, por ejemplo, es normal que haya un bróker que se lleva un 1%, porque es el que consigue al cliente, pero entre Gobiernos no deberían pagarse comisiones y mucho menos tan elevadas”, afirmó un ingeniero naval que ha participado directamente en operaciones similares. En todo caso, tendrían un fundamento eminentemente técnico, que no parece ser el caso, toda vez que Salas no es un experto en este tipo de operaciones navieras.
El holding Rebazve contrató a la consultora de Salas y su socio, Antonio Rodríguez,para que esta los representara en España. Salas aseguró en su día a los medios que “se trata de un error del Ministerio fiscal y del juzgado que se aclarará en breve”. No ha sido así.
Un reconocido abogado maritimista español sostiene que un 3,5% de comisión en un contrato de 1.200 millones de euros es una “brutalidad”. El pago de comisiones esabsolutamente legal en este tipo de operaciones, y su cuantía está regulada por organismos internacionales.
Navantia estableció con Rebazve (ver contrato) que la intermediaria cobraría un porcentaje de comisión variable: un 5% en los primeros cien millones de euros, que iría descendiendo por tramos a medida que aumenta la facturación, hasta quedar en el 2% a partir de quinientos millones de euros. El cómputo final de la comisión por los cuatro patrulleros BVL (buque de vigilancia litoral) quedó en el 3,5%, el techo que marcaba el contrato: 17,80 millones de euros de los 508,68 que costaban los barcos.
contrato navantia.pdf by Clarena Roux
Ex militares venezolanos contrataron a un despacho español para exigir también comisiones a Navantia
Los venezolanos Luis Calderón, ex militar ya fallecido, y su socio Wigberto Marín, ambos con contactos y relaciones en la Armada chavista al más alto nivel, exigieron una comisión a Navantia antes y después de la firma del contrato de venta de ocho patrulleras a Venezuela en noviembre de 2005. El acuerdo, logrado tras las gestiones de José Luis Rodríguez Zapatero y el entonces ministro de Defensa, José Bono, con Hugo Chávez, supuso una venta para los astilleros públicos españoles de más de 1.200 millones de euros. Pese a tratarse de una operación de Estado a Estado, Navantia firmó una comisión de 42 millones de euros para la firma venezolana Rebazve Holding Ltd y se negó a pagar más comisiones, lo que provocó un fuerte malestar en altos cargos de la Armada venezolana, ya que Calderón y Marín habían intervenido en la operación antes que Rebazve, según las fuentes consultadas.
Para intentar cobrar, la empresa de los dos venezolanos contrató al despacho madrileño Goñi Abogados, decano en derecho marítimo y que trabaja para Petróleos de Venezuela (PDVSA), la empresa clave del sistema económico venezolano. Fran Goñi, fallecido en 2007, encomendó la misión a un amigo personal, también abogado maritimista. Éste, un especialista con más de una decena de cargos directivos en instituciones y empresas marítimas nacionales e internacionales y que prefiere mantener el anonimato, ha accedido a relatar a El Confidencial cómo fue la operación. “Calderón y Marín habían ayudado técnicamente en el contrato y habían trabajado en la definición de los equipos desde antes del encargo. No recuerdo la cantidad, pero lo que reclamaban era justo, mucho menos que lo que ha cobrado Rebavze, que es una barbaridad. Pero Navantia se negó a pagarles”.
El abogado insiste en que “dejaron al margen a una parte de los venezolanos, profesionales con familia en la Armada y también ex militares que habían ayudado a que las cosas se arreglasen”. La negativa del entonces presidente de Navantia, Juan Pedro Gómez, sentó muy mal en altos cuadros de la Armada: “Esto no ayudó a la buena relación porque estas personas venezolanas tenían el apoyo y la comprensión de la Armada venezolana. Estuve con varias delegaciones y los almirantes de la Armada querían que esto se hubiera arreglado”, afirma. Los astilleros públicos españoles consideraban que no estaba justificado el pago de esas comisiones.
Malestar de Estados Unidos
Según las fuentes consultadas, la operación pasó por momentos muy delicados antes y después de la firma del contrato. A esta disputa por las comisiones y el enojo que provocó en los mandos de la Armada se unía el profundo malestar expresado por Estados Unidos, que presionó a España y vetó la venta de doce aviones de transporte y vigilancia, además de prohibir que se usara su tecnología en las ocho patrulleras.
Al final, en la pelea de distintos lobbies por este contrato ganó Rebazve Holding Ltd, “que se llevó el gato al agua”, en palabras del abogado que trabajó para los “derrotados” de esta operación. Luis Calderón y Wigberto Marín se plantearon demandar a Navantia, pero al final desistieron. En cuanto a la elevada comisión que se adjudicó Rebazve pese a tratarse de una operación cerrada al más alto nivel, entre Zapatero-Bono y el presidente venezolano Hugo Chávez, las fuentes consultadas sostienen que es a todas luces “excesiva”, aunque no les extraña que “aunque sea una operación de Estado a Estado haya un agente comercial, porque esto, no sé si lamentablemente o no, funciona así”.
La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado a Javier Salas Collantes, presidente del Instituto Nacional de industria (INI) entre 1990 y 1995 por tráfico de influencias y delito fiscal en relación a su participación en la venta de los ocho patrulleros. El holding Rebazve pagó a la consultora de Salas y su socio, Antonio Rodríguez, para que ésta los representara en España.
Según las fuentes consultadas, en Navantia era vox pópuli que en esta operación había que repartir comisiones entre venezolanos y españoles, “algunos muy conocidos”, asegura un ingeniero naval.
Navantia tuvo que reclamar los pagos a la Armada
Juan Pedro Gómez Jaén
Fuentes oficiales de Navantia han asegurado a El Confidencial que la Armada de Venezuela ha pagado puntualmente. Pese a esta afirmación, el 5 de junio de 2007 el entonces presidente de Navantia, Juan Pedro Gómez Jaén, se dirigió por carta al comandante de la Armada venezolana, Benigno Remigio Calvo Díaz, ante el serio riesgo de un retraso de los pagos.
Cte Benigno Remigio Calvo Díaz
La misiva, escrita en un lenguaje muy diplomático y cordial, comienza felicitándose por “el alto grado de cooperación” entre ambas partes “transcurrido algo más de un año desde la entrada en vigencia de los contratos”. Pero el presidente de la empresa pública española pronto entra en materia y le espeta al vicealmirante que se dirige a él “con el fin de manifestar nuevamente nuestra inquietud, ya que según el ‘Programa de Construcción y Cronograma de Desembolsos’, Navantia procederá a facturar en el mes de junio los primeros hitos industriales correspondientes al ejercicio 2007”.
Carta de Juan Pedro Jael a Comandante Armada Venezuela by Clarena Roux
Juan Pedro Gómez, sabedor de que la Armada venezolana, de la que ahora conocemos su irritación por la negativa de Navantia a pagar a Velasco y Marín, no estaba cumpliendo con los trámites administrativos para efectuar los pagos a los astilleros públicos españoles, le recuerda que ya se lo advirtió “durante su visita a España en el mes de abril”. Luego le expresa su preocupación: “La incertidumbre actual respecto a la fecha de Aprobación última de la Imputación Presupuestaria y el hecho de que aún debe recorrerse un largo trámite administrativo para la enmienda de los Fideicomisos de Administración e Inversión, nos hace prever un eventual retraso en los pagos (…) poniendo en serias dificultades a nuestra empresa para cumplir con los cuantiosos compromisos económicos contraídos con todos los fabricantes de equipos y sistemas de los patrulleros y muy en particular a los subcontratos con suministradores”.
Gómez Jaén insta al comandante Calvo (la misiva va con copia a la máxima autoridad de la Armada, el almirante Gerson Padrón) a desbloquear los pagos y se pone en lo peor: “Si es previsible que no se pueda atender el primer desembolso previsto durante este ejercicio le ruego nos informe a la mayor brevedad para establecer de común acuerdo las medidas oportunas que minimicen los perjuicios para el Programa de Construcción”.
El plan de entregas de las patrulleras, al que ha tenido acceso El Confidencial, refleja que ya deberían haber sido entregadas seis de las ocho embarcaciones, mientras que las dos restantes están comprometidas para julio y noviembre de este año. Pero hasta la fecha sólo se han entregado cuatro patrulleras, por lo que faltan otras cuatro por terminar. Desde Navantia consideran “normal” esta demora.
TOMADO DE elconfidencial.com
ANBV Guaiquerí (PC-21), el primero de los cuatro patrulleros oceánicos (Clase Guaiquerí) recibidos por Venezuela del contrato suscrito con España
Poco antes de firmarse el contrato entre el gobierno venezolano y la empresa estatal Navantia, la española contrató a la empresa privada Rebazve Holding Ltd, "administrada por los empresarios venezolanos Juan Rafael Carvallo López y Pedro Enrique Malavé Benavides". Esta empresa realizó pagos a militares retirados venezolanos y contrató a su vez al español Antonio Rodríguez-Andía.
"Rebazve, administrada por los empresarios venezolanos Juan Rafael Carvallo López y Pedro Enrique Malavé Benavides, también repartió en su país una parte de los 42 millones de euros que facturaron. Según fuentes conocedoras de la negociación, hay constancia documental de que Carvallo y Malavé destinaron «grandes cantidades de dinero» a exmilitares de la Armada de Venezuela. De hecho, otro grupo de exmilitares con importantes contactos en el ejército «bolivariano», liderado por el exoficial Luis Calderón -ya fallecido-, protestó porque las comisiones no les llegaron a ellos.
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