Puede elegir voz o textoAyer comenté en Facebook, un poco en serio y un poco en roma, que el modo de actuar de las detenidas de la Asociación Infancia Libre comenzaba a recordarme a esas sectas mesiánicas paranoicas que secuestran y recluyen a sus propios hijos, o al menos los aíslan del resto del entorno familiar.
Esta asociación, de la que Podemos toma asesoramiento, está ahora en el punto de mira de la Policía Judicial y la Fiscalía porque es el tercer caso en apenas unas semanas de una miembro de Infancia Libre resulta detenida por incumplir reiteradamente el régimen de visitas impidiendo que el padre de su hija pudiera visitarla. Esta tercera detenida, Ana María Bayo Villamil, estaba en busca y captura ordenada por el juzgado correspondiente donde el padre de su hija había interpuesto la friolera de 300 denuncias. Los dos casos anteriores son aún más flagrantes, dados los cargos de secuestro contra las madres que figuran en los sumarios.Lo sucedido en estas semanas con esta asociación, sus miembros detenidas y las acusaciones pendientes sobre ellas hace pensar, como sospechan fuentes jurídicas y policiales, que estamos frente a una trama organizada similar a la que la policía detectó un tiempo atrás compuesta por un grupo de abogadas que proponían a sus “clientes maltratadas” presentar denuncias falsas de malos tratos contra sus parejas.
Y aunque estas tramas conocen perfectamente la realidad irrefutable de que en muchas ocasiones los privilegios de la mujer pesan mucho más que la culpabilidad aún no probada de un hombre, parece que al menos esta vez, uno de estos chiringuitos antisociales y feminazis, curiosamente relacionado con Podemos, puede sufrir las consecuencias de su asqueroso comportamiento y dar con algunas de sus miembros, si no en la cárcel, sí al menos en la pérdida de la tutela y custodia de sus hijos, a quienes vienen aleccionando en el odio a la figura paterna y convirtiéndolos en arma arrojadiza con la que destruir las vidas de sus padres.
Ahora bien, si tomamos una sola de las falsas denuncias que incluyen violencia contra la mujer y abusos sexuales contra los hijos, y suponemos que el acusado es absuelto no por falta de pruebas, sino porque el tribunal aprecia como demostrado que el acusado es inocente de tales atrocidades, ¿Quién restituye el daño moral hecho al denunciado? ¿Quién puede reparar los efectos de una inherente campaña de desprestigio que discurre paralela a una denuncia así? ¿Quién puede devolver la paz de ánimo que le fue arrebatada al acusado mediante semejantes falacias? ¿Quién puede aliviar el dolor y la posible depresión producidos por una situación en la que el propio entorno del acusado le pone en duda y que puede suponer la perdida de amistades y relaciones familiares que a veces ya no se recuperan?
Hay perjuicios que jamás pueden ser restituidos. Ni con penas de cárcel que nunca se cumplen, ni con indemnizaciones que no se pagan por la insolvencia de la falsa denunciante.
Quizás, el único modo de reducir estos y otros delitos puede ser que el delincuente sepa que cumplirá íntegramente la condena impuesta por un juez, que pagará por completo la indemnización y la multa correspondientes aunque eso le lleve toda la vida, y que el abogado que a sabiendas haya tramitado una denuncia falsa pueda ser sancionado y expulsado de su profesión. Pero para esto haría falta una profunda reforma de algunas leyes que nadie parece estar dispuesto a acometer. Una reforma de ciertas leyes que muy pocos políticos tienen el valor de proponer en sus programas electorales.
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