La auditoría consiste en la verificación de la contabilidad de una empresa por parte de un profesional independiente, con el objeto de comprobar si las cuentas anuales reflejan la situación real del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados obtenidos en un determinado ejercicio.
Recientemente ha aflorado una nueva modalidad de auditoría, si bien es cierto que no termina de cuajar, con la intención de determinar si la deuda emitida por las administraciones públicas es o no legítima y, por tanto, si se debe pagar.
La Plataforma para la Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), que es la impulsora de este nuevo instrumento, reconoce que el concepto “deuda ilegítima” carece de fundamento contable o jurídico, siendo un término exclusivamente político que hace referencia a dos tipos de pasivo:
- Deuda derivada de medidas o mecanismos que han facilitado su desarrollo. La plataforma cita la incapacidad del BCE para financiar a los estados.
- Decisiones políticas que no tienen un impacto directo en el bienestar de la ciudadanía, pero sí implican un coste para el erario público.
Estos son los dos tipos de deuda que la PACD y algunos grupos políticos, como Podemos, pretenden impagar alegando ilegitimidad. El Ayuntamiento de Madrid ya ha comenzado a estudiar detalladamente esta medida populista con la que discrepo por las siguientes razones.
Ciertamente la deuda es un instrumento necesario en determinadas circunstancias, pero nunca debería convertirse en un ejercicio permanente, sin embargo, los acreedores de esa deuda están exentos de la irresponsabilidad del deudor, a menos que se llegue a un acuerdo de liquidación concursal, en la que necesariamente tendrán que sentarse y posiblemente, asumir pérdidas o carencias en la amortización.
Por otro lado, con este mensaje se desanima y, por tanto, no se presenta la opción de invertir en deuda pública como una alternativa real de renta fija, con las implicaciones que ello tiene en el aumento de la prima de riesgo.
Creo que la auditoría ciudadana podría ser eficaz si cuantifica qué parte de la deuda se corresponde con políticas que no han generado rédito en términos de bienestar, aplicando un modelo financiero de valoración que incluya un horizonte temporal muy amplio, pero esto nunca podría ser vinculante, sino que debería ser un argumento más para que la ciudadanía sea consciente de la importancia de la austeridad y ahorro y la responsabilidad. Además, entiendo que la PACD debería ofrecer un tratamiento diferenciado en función del tipo de salida de recursos, diferenciando entre gasto corriente o adquisición de activo, por muy poco rentable que resulte éste.