Auditoría electoral en Maricopa. Amenazas a políticos, manipulación de los medios y registros borrados

Desde hace un par de semanas se está realizando una auditoría a gran escala, auspiciada por el Senado de Arizona, sobre los resultados electorales de las Presidenciales de 2020; especialmente centrada en el condado de Maricopa.

El condado de Maricopa es, con diferencia, el más poblado del estado de Arizona. El 61% de los habitantes de este estado viven en dicho condado, lo que le convierte en un objetivo primordial de la política estatal y federal, pero también en un cotizado botín para posibles fraudes electorales. En esta auditoría están siendo examinados 2,1 millones de votos y los dispositivos tecnológicos empleados por el Estado para la votación y el posterior recuento en aquél convulso mes de noviembre de 2020. El plazo para finalizar la auditoría vence el próximo 30 de junio de 2021, y ya ha sufrido una interrupción de dos días por un supuesto conflicto de programación en el sistema auditor. No deja de ser llamativo que algunos legisladores del Partido Demócrata, que defendieron con uñas y dientes la limpieza de un proceso electoral bajo sospecha en el condado, fueran los que posteriormente se posicionaran en contra de realizar esta auditoría. Una actitud que inmediatamente levantó sospechas entre partidarios del ex Presidente Trump. También inmediatamente de ser aprobado el proceso de auditoría, algunos senadores republicanos recibieron amenazas telefónicas y paquetes sospechosos que hubieron de ser examinados por la unidad de antiterrorismo biológico.

Otro curioso suceso derivado de la marcha de esta auditoría ha sido la declaración de Katey Hobbs, Secretaria de Estado de Arizona por el Partido Demócrata, advirtiendo que las máquinas de votación que se están auditando ya no son seguras para posteriores procesos electorales. Recordemos que estamos hablando exactamente de las mismas máquinas que, desde Joe Biden hasta el último de sus votantes, fueron tenidas por impecables y absolutamente fiables.

En estos últimos dos días se ha duplicado el número de mesas de recuento de votos en el Coliseum de Phoenix para cumplir el plazo estipulado. Y en medio de este clima, la Junta de Supervisores electorales del Condado de Maricopa amenaza con presentar una demanda que, a nadie se le escapa, pueda entorpecer y retrasar el proceso auditor para invalidarlo. De nuevo, lo que en noviembre se anunció como un transparente proceso electoral vuelve a estar bajo profunda sospecha debido a los obstáculos que ponen en el proceso aquellos que el pasado año no permitían una sola duda sobre la victoria de Joe Biden.

La reclamación de la Junta de Supervisores, seguramente previa a demanda, consiste en la petición formal de que sean conservados todos los documentos relacionados con el proceso de auditoría; y el origen de dicha reclamación, que pretende “defender los intereses de los trabajadores electorales y los funcionarios de Maricopa” está en la necesidad de contestar a un comunicado emitido por la Presidente del Senado de Arizona, del Partido Republicano, respecto a que la auditoría habría descubierto el borrado de registros de las Data Bases de alguna máquina de votación y de al menos de uno de los servidores principales de volcado de datos. Semejante afirmación resultó un verdadero escándalo que inmediatamente los medios susmisos con el Biden y el progresismo, entre ellos CNN y Associated Press, han ensombrecido volcando su habitual propaganda contra el Partido republicano y Donald Trump, y también contra el presidente de una de las empresas que realiza la auditoría. En un claro caso de manipulación, los obedientes medios informaron que este empresario auditor se había retractado de sus declaraciones respecto a que ciertos datos habían sido borrados, cuando la realidad es que la declaración del empresario ante el Senado de Arizona fue clara y categórica: los datos habían sido borrados, pero la empresa auditora (CYPHIR) fue capaz de recuperarlos; una declaración corroborada por la Presidente del Senado de Arizona, Karen Fann. Ahora solo falta esperar a saber definitivamente si los datos recuperados pueden ser utilizados.

La auditoría sigue adelante y las maniobras para paralizarla también. Pero esto nadie lo cuenta en España.