Aumenta el número de accidentes laborales en España

La siniestralidad laboral disminuye a nivel global, en buena medida gracias a los desvelos de la OIT, una organización de la ONU que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores. En España, en cambio, los accidentes laborales se han incrementado.

Los datos son del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. A ellos se suma un estudio comparado, recién publicado por la VIU, la Universidad Internacional de Valencia, sobre la siniestralidad laboral en Europa y Latinoamérica, que refleja que en España el aumento de accidentes laborales se ha producido en todos los sectores.

Los peores datos
Durante el pasado año, tuvieron lugar exactamente 449.223 accidentes de trabajo, lo que supone un incremento de cerca de 32.000 con respecto a 2014, a los que hay que sumar casi 70.000 accidentes producidos in itinere, al ir al trabajo o volver a casa.  

Una vez más, el ámbito de la construcción fue el más afectado en porcentajes, pero no en números absolutos, porque el sector servicios es mucho más extenso en nuestra sociedad. De ahí que la VIU hable de «la paradoja del sector servicios», donde se dieron 276.200 accidentes frente a los 47.228 de la construcción.

Las estadísticas demuestran que la siniestralidad es fatal en todos los sectores ocupacionales, hasta en los más sedentarios. De hecho, 16.000 personas se accidentaron trabajando en su propio domicilio, más de 35.000 en centros hospitalarios (de los que 30.000 eran profesionales sanitarios) y 10.148 sin hacer nada, solo por «estar presentes».

Perjuicios físicos, psíquicos y económicos
Los accidentes laborales suponen daños globales muy graves para la economía, porque afectan a la productividad y a las prestaciones sociales: indemnizaciones por parte de las empresas y la Seguridad Social, bajas, gastos médicos... Pero lo más terrible es el sufrimiento de las persona afectadas y de su entorno, por más que, en el mejor de los casos, sean compensadas económicamente o pasen a cobrar una pensión.

Un dato terrible es que la mayoría de los accidentes en España se produjeron en la franja de edad de 35 a 39 años, seguida por los trabajadores de 40 a 44 años; es decir, en plena vida productiva.

Las pensiones de incapacidad que ofrece la Seguridad Social no son fáciles de conseguir y, en el mejor de los casos, solo llegan a un tope de 1.450 €, una cantidad claramente insuficiente cuando se es un profesional que ha establecido su nivel de gasto con ingresos superiores, como puede ser un médico, un arquitecto, un diseñador... Un sector que sufre duramente la incapacidad por accidente es el de los trabajadores autónomos, donde abundan periodistas freelances, correctores, traductores... Para cualquiera, pero especialmente para todos los citados, tener un accidente que afectara sus manos o su ojos podría resultar fatal. 

Se supone que deberíamos ser capaces de reducir estos dramáticos datos, con todas las leyes sobre prevención de riesgos laborales, pero estamos yendo por el camino contrario. Dadas las cifras de siniestralidad, y que nadie está a salvo de sufrir un accidente, no es mala idea contratar un seguro específico para profesionales, sanitarios o no. Antes de hacerlo, hay que buscar un seguro que nos indemnice con un capital que afronte estas contingencias, con garantías por daños incapacitantes, como pérdida de mano, vista, dedos... y que proteja a la familia en caso de fallecimiento o accidente profesional de quien aporta un sueldo imprescindible al hogar. Es importante asesorarse correctamente y leer la llamada letra pequeña para no llevarnos sorpresas en caso de necesitar echar mano del seguro.

Igual que cada día se hace más necesario complementar la pensión por jubilación, ocurre lo mismo para casos de accidente. Es como asegurar las herramientas de trabajo. Porque, como afirma la Universidad Internacional de Valencia en su estudio, el accidente laboral «puede afectar a cualquier persona que se encuentre desempeñando una actividad productiva, sea cual sea, en cualquier puesto de trabajo y en cualquier país del mundo». Sobre todo mientras no seamos capaces de mejorar nuestras políticas de seguridad ni las prestaciones sociales.