La negativa del gobierno a admitir que estamos frente a un tarifazo -Cristina, como es sabido, lo esquivó totalmente en su discurso con motivo de la asunción de su segundo mandato- es una señal de una crisis política en regla. El "silencio de radio" de la Presidenta coincide con el desmoronamiento de la propaganda oficial que pretende exhibir la medida como un acto de "equidad social" cuando más se multiplican las evidencias de que el 70 por ciento de la población va a estar afectado.
El gobierno, en este cuadro, empezó a atajarse y ponerle paños fríos a los anuncios. Quien fue más lejos fue De Vido que salió a decir que los que cobran menos de 5.200 pesos - que son quienes perciben las asignaciones familiares-, van a seguir siendo beneficiarios de los subsidios. De acuerdo a este criterio, según el ministro, quedaría excluido del aumento de la tarifa, el 65 por ciento de los usuarios. Antes que nada, importa destacar que las palabras del funcionario no pasan de un "comentario", es decir, ni siquiera estamos frente a un anuncio oficial. La implementación de la nueva política tarifaria tiene que pasar por el "filtro" de las empresas privadas que prestan el servicio (como ya ocurrió, en el pasado, cuando, fueron dichas empresas las que determinaron el sector de usuarios que fue beneficiado con la tarifa social).
Pero, además, estas aclaraciones de De Vido, lejos de atenuar, acentúan aun más la inconsistencia y contradicciones de la política oficial. Hay un 40 por ciento de trabajadores en negro, que no cobran asignaciones familiares, y en esa medida, deberían pagar la tarifa plena, pese a que su ingreso promedio está sensiblemente por debajo de los trabajadores en blanco. Lo mismo sucede con una enorme franja de cuentapropistas, de los cuales sólo una minoría reviste como monotributistas. Por otra parte, si nos atenemos a los requisitos de los formularios que tomaron estado público, un jubilado que cobrara una suma superior a la mínima, debería pagar la tarifa completa. Estamos ante el contrasentido de que un hogar con 2.000 pesos de ingreso debería pagar la tarifa sin subsidios mientras que otro con 5.000 quedaría exceptuado. Esto prueba que lo de los "requisitos" para continuar con el subsidio, con su sistema de declaraciones juradas, incluido, es un mamarracho improvisado e insostenible. Ni que hablar que todas esas desigualdades flagrantes, van a ser una fuente de amparos y presentaciones judiciales, frente a un trato discriminatorio, por el lado que se lo mire. Cada "corrección" o "aclaración" que hacen los funcionarios, hunde mas al gobierno, quien, esta atrapado por fuegos cruzados. La conducta oficial oscila entre la necesidad del tarifazo dictado por el definitivo agotamiento del modelo -y del cual, por consiguiente- no se puede echar atrás -y el temor que le provoca una respuesta popular frente a semejante ataque al bolsillo popular. Por más que los K pretendan disimularlo, estamos frente a un choque social de grandes dimensiones pues la confiscación en puertas es gigantesca. "5.176 pesos es la cifra que deberán pagar, por igual consumo de 2011, los nuevos hogares que perdieron los subsidios" (Clarín, 3/12). En otras palabras, a los trabajadores se los despojará de un sueldo entero de los 13 de un año.
Los K han pasado del "gradualismo" en la implementación de las medidas, a esta segunda versión, en la que apunta a "graduar" el nivel de los alcanzados por la medida. Este volantazo, de todos modos, promete no ser el último, pues, si algo está claro, es que la fiesta y canilla libre de los subsidios se terminó y es necesario un ajuste. Como ya se han encargado de ponerlo de relieve algunos comentarios, si el usuario responde afirmativamente que "sus ingresos son insuficientes para afrontar el pago de las tarifas plenas" (una de las alternativas que incluye el formulario), será sometido "a un cruce de datos con el Afip y Anses y su caso quedará en manos de los funcionarios encargados de aprobar la quita o extensión de los subsidios" (ídem). Un manejo sujeto a la máxima discrecionalidad y manipulación que, es una carta que los K se reservan para ir probando, por tanteos sucesivos, los ritmos y aplicación del paquetazo en curso.
La historia recién comienza
La quita de los subsidios va unida a un aumento de las tarifas. Ya las facturas nuevas de electricidad que llegarán a partir de enero contienen un aumento promedio del 34 por ciento. Esto es apenas la punta del iceberg pues, como se han encargado de ponerlo de relieve diversos comentaristas, "al final del sinceramiento estaremos pagando unas cuatro veces lo que se venia pagando" (Clarín, 22/11). Por lo pronto, la empresa provincial Edelap, encargada de la distribución de La Plata y alrededores, con 350.000 clientes, cambió de manos y sus nuevos dueños, con estrechos vínculos con el gobierno de Scioli y el nacional, recibieron la autorización para subir las tarifas. Arlía, ministro de Economía de la provincia, aclaró que las tarifas de Edelap era "un 100 por ciento mas bajas que las que aplican Eden, Edes, Edna y las 200 cooperativas que están en la orbita regulatoria provincial" (La Nación, 9/12). En otras palabras, vamos a un sacudón gigantesco del bolsillo popular.
¿Reducción de subsidios?
A partir del anuncio de las nuevas medidas, los grupos empresarios han comenzado una escalada para trasladar los mayores costos que le acarrearía la quita de subsidios. PAE, la segunda petrolera del país, reclamó que "las empresas de la cadena de valor compartir cambios en la estructura de costos y precios, algo que esta establecido en los convenios. Es decir, sentarse a negociar nuevas condiciones de continuidad de la operación "(Cronista, 5/12). La presión llegaría al extremo de desabastecer la industria. Estamos aquí ante una extorsión pero esa extorsión no tuvo cabida en el discurso de Cristina. La intransigencia que mostró el gobierno contra el derecho e huelga de los trabajadores no es la misma que ante el chantaje de las corporaciones. De Vido "les entrego un cuestionario a las compañías en las que solicitaba, información para luego determinar que hacer caso por caso" (El Cronista, ídem). El gobierno abrió las puertas a algún tipo de arreglo, en las que el estado terminará saliendo en auxilio de los privados. En resumen, este enorme ataque a los trabajadores no es garantía de que los subsidios bajen.
Conclusión y lucha
El tarifazo -y agreguemos el impuestazo- en síntesis, constituye una confiscación económica de los trabajadores de enormes proporciones y es un libreto del cual Cristina no se puede apartar. Forma parte del ajuste que hoy es el expediente al que recurren los gobiernos capitalistas del mundo. El hecho de que Macri, Scioli o Binner estén implementando medidas similares, prueba de que se trata de una orientación general y un mandato del conjunto de la clase capitalista.
En lugar de una "renuncia voluntaria", marchamos a una renuncia compulsiva impuesta desde arriba. Asistimos a una acción del estado, que utiliza su poder coercitivo contra los trabajadores, cuyo objetivo es forzar una gigantesa transferencia de ingresos proveniente del bolsillo popular a favor del capital. Los trabajadores tenemos que oponerle un programa y un curso de acción. Fuera el tarifazo y los impuestazos nacionales, provinciales y municipales.
Basta de subsidios los capitalistas.
Indexación de salarios, plan de lucha.
Pongamos fin a un sistema parasitario.
Nacionalización sin indemnización de las privatizadas de servicios y de petróleo y gas.
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