Durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 la policía municipal y estatal de Iguala, en el estado mexicano de Guerrero, realizó una serie de ataques violentos contra un grupo de estudiantes de una escuela formadora de maestros de la vecina localidad de Ayotzinapa, que dejó 9 muertos, 43 jóvenes desaparecidos y 27 heridos.
Transcurridos cuatro años de estos crímenes, y aunque hay varios detenidos, entre ellos el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, todavía los padres de las víctimas no han recibido una explicación creíble sobre las causas.
La búsqueda de los 43 estudiantes está de hecho paralizada y el gobierno, en lugar de crear una comisión especial para dar con su paradero, se ha aferrado a la versión de que fueron entregados por sus captores a una banda del crimen organizado que los asesinó y luego calcinó los cadáveres en un basurero.
Un grupo independiente de forenses internacionales demostró que esta hipótesis es falsa, porque para quemar hasta la reducción a cenizas ese número de cuerpos habría hecho falta una cantidad de combustible que no existía en el lugar.
Además, un fuego de esas proporciones habría dejado huellas indelebles en el terreno y no hay rastros de que tal cosa hubiese ocurrido.
Por el contrario, las declaraciones de vecinos indican que en esos días, como suele ocurrir durante septiembre en esa región, llovió intensamente lo cual desmiente la posibilidad de hacer una hoguera inmensa.
También causa suspicacia la negativa de policías federales de profundizar en las investigaciones y del ejército de abrir un cuartel cercano donde se sospecha que los jóvenes secuestrados estuvieron retenidos temporalmente.
Una luz de esperanza se abre para los familiares de los estudiantes tras la reunión aceptada por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, quien luego de ocupar su cargo el próximo 1 de diciembre podría dar un vuelco a las indagaciones para tratar de descubrir la verdad.
También el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes anunció su disposición a continuar sus labores con el futuro gobierno para cumplir la recomendación de organizaciones humanitarias de resolver este rompecabezas.
Asimismo, Luis Raúl González, presidente de la gubernamental Comisión Nacional de Derechos Humanos, reconoció que la Procuraduría General de la Nación actuó con falta de profesionalismo y eso se puede apreciar en los pobres resultados obtenidos hasta la fecha.
Se trata de un crimen que permanecerá como una mancha indeleble en la historia del gobierno de Enrique Peña Nieto, que se suma a las decenas de miles cometidos durante su administración, vinculados muchos de ellos al accionar de las mafias del crimen organizado que han ocupado parte del territorio del país y causan dolor y sufrimientos a la población ante la impavidez de las autoridades.
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