La corrupción que aflora en los organismos públicos españoles es tan grave que hay que tratarla como a los barcos tras una larga navegación baldeando cubiertas e interiores y limpiando fondos con el casco en dique seco, porque la carena está tan llena de adherenccias y tan picada que puede hundir irremisiblemente la democracia al estilo del Prestige.
A ver si vale la solución de contingencia del Gobierno, que acaba de prometer que la futura Ley de Transparencia romperá por primera vez el secretismo de las cuentas que mantienen los partidos políticos desde 1978, al exigir publicidad de todos sus ingresos y gastos.
El secretismo alimentó la corrupción antropófaga que se come España. De él nacen todas las inmoralidades y los latrocinios que protegen las finanzas de los partidos políticos, y que ceban legalmente con grandes sueldos, e ilegalmente con comisiones, a sus dirigentes y conmilitones.
De ahí vienen las prebendas por obras, favores, por trámites. Nadie fuera de los partidos sabe de dónde saen tantas riquezas injustificables.
Ante la demanda de dimisión de Mariano Rajoy presentada este miércoles en el Parlamento por Alfredo Pérez Rubalcaba tras el caso Bárcenas, y la exigencia de limpieza de UPyD, el primer ministro ha prometido abrir la Caja de Pandora.
Ha propuesto que la próxima Ley de Transparencia exigirá que las cuentas de los partidos sean públicas, y se supone que será igual con las de los sindicatos y demás organismos administrativos.
Ya no serán sólo unos cuantos jueces sobrecargados de trabajo quienes tengan que investigar cuentas opacas e inextricables de los partidos o sindicatos.
Cualquiera con conocimientos de contabilidad sabrá cómo y por qué la empresa X le ha ganado un contrato a las Y y Z: las comisiones, al menos en teoría, no facilitarán como desde hace 35 años que la balanza se incline secretamente a favor de la que mejor corrompa al partido contratante.
La democracia española quizás pueda salvarse y no hundirse y contaminar el océano como el Prestige si esta promesa solemne hecha por Rajoy en el Parlamento se incorpora con todas sus consecuencias a la Ley.
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