La sanidad española va hacia la bancarrota tan rápidamente que uno de sus grandes proveedores, Laboratorios Roche, ha amenazado con privarla de sus medicamentos.
Cuando España decidió convertirse en 17 pequeñas Españas, cada una con servicios que antes ofrecía una sola creó un sistema sanitario que le permitía comprarle directamente a los laboratorios los medicamentos.
Se evitaba el detestado centralismo, pero se perdió el poder negociador nacional y los descuentos previstos para las gigantescas compras estatales.
Poco a poco las CC.AA. fueron endeudándose hasta retrasar los pagos en algunos casos hasta tres años.
Entre tanto, un suceso ejemplarizante: el último viernes un nigeriano atacaba en Madrid a tres policías, hirió a dos gravemente tras robarles las pistolas, y se seccionó un dedo con su propio machete.
Detenido y enviado al hospital, le implantan el meñique, con un coste de 10.000 euros. Quizás los médicos querían mejorar sus técnicas quirúrgicas, pero en España está multiplicándose una generosidad social, a cuya llamada llegan familias enteras de extranjeros para curarse gratuitamente de todos sus males, cirugías incluidas.
Debe atendérseles. Lo ordena el artículo 43 de la Constitución, elaborada con mezcla de cristianismo “ama a los demás como a ti mismo” y avanzado progresismo, “todos tienen iguales derechos”, españoles o de cualquier nacionalidad.
Ocurre que de una población de siete millones de inmigrantes, menos de un cuarto contribuye a la Seguridad Social. Todos los indocumentados y sus familias, es decir, no invitados a residir aquí, tienen los mismos derechos sanitarios que los españoles que construyeron el país.
Recordarlo no es xenofobia, sino realismo. Y como la suma de gastos es superior a la recaudación, está llegando la bancarrota que privará a los españoles de un magnífico sistema sanitario que comenzó a edificarse más allá de los tatarabuelos.
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Esta señora es la ministra de Sanidad
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