Bankia o el sabotaje del interés público

Publicado en Público.es el 25 de septiembre de 2020

La fusión de Bankia con Caixabank es el último episodio, de momento, del gran expolio al Estado que supuso la última crisis financiera.

Todo tipo de instituciones y analistas han demostrado hasta la saciedad que la hipertrofia del sector financiero y la creciente concentración bancaria son un factor indiscutible de inestabilidad macroeconómica, de freno de la actividad y de ineficiencia. Un estudio del nada sospechoso Fondo Monetario Internacional demostró en 2012 ( aquí) que cuanto mayor es el peso del sector financiero en el PIB más alta es la volatilidad de las economías y más ineficiente la asignación de recursos. Sin embargo, y en contra de todas las evidencias disponibles, se sigue incentivando la concentración bancaria y la generación de deuda como motor de las economías que son las fuentes que alimentan el crecimiento desproporcionado de las finanzas.

Nadie en su sano juicio pone en cuestión la importancia vital que tiene el sector financiero en cualquier tipo de economía porque suministra la savia, la sangre que se necesita para que haya actividad económica. Pero, precisamente porque debe prestar un servicio de interés público fundamental, es por lo que se debe impedir que se desarrolle como un lastre para el resto de la economía que es lo que viene ocurriendo en las últimas décadas, cuando se ha dado pleno poder de decisión y actuación a los directivos de los bancos y responsables de las finanzas internacionales.

El crecimiento tan exagerado del sector financiero es muy negativo porque no implica que haya más y mejor financiación para la economía real sino que la banca actúe como un rentista que gana dinero sin crear riqueza, simplemente explotando como un fin en sí mismo la deuda que genera para hacer frente a la deuda generada antes y gracias al privilegio que tiene de crear dinero de la nada cada vez que se concede un crédito (lo explico sencillamente aquí).

Un estudio de 2018 ( aquí) demostró que el excesivo y mal funcionamiento del sector financiero le costó al Reino Unido la friolera de 5,1 billones de libras de 1995 a 2015 en recursos, habilidades e inversiones que beneficiaron al sector financiero en lugar de destinarse a las actividades más productivas de la sociedad. Y eso, sin tener en cuenta que, como demostró la National Audit Office, la financiación privada de los proyectos públicos es un 40% más cara que la pública ( aquí).

La concentración financiera como la que supone la fusión entre Bankia y Caixabank es ineficiente, un peligro más para la economía española y un nuevo robo al Estado.

No hay en España una institución que haya costado y esté costando al Estado más dinero que la banca privada. La forma en que se resolvió su insolvencia generalizada en la última crisis fue una auténtica jugada maestra de la manipulación cuya auténtica naturaleza espero que se pueda poner de manifiesto con todo detalle y difundir libremente en algún momento.

Para entender la operación, imagínense una calle en donde compiten los comerciantes de una acera con los de la otra y que ambos sufren el impacto de una crisis en un momento dado. Sin embargo, los de una acera disponen de mayor capacidad de decisión y hacen creer que los comercios de la otra acera son ineficaces y que deben desaparecer porque sus responsables han gestionado mal sus recursos. Cuando logran que efectivamente desaparezcan se habrá rescatado a los poderosos simplemente poniendo a su disposición la mitad del negocio de la calle que antes tenían sus competidores.

Eso fue lo que pasó en nuestro sector financiero a partir de la última crisis. Gracias al enorme poder mediático de la banca privada se pudo hacer creer que las cajas de ahorro habían fracasado y que debían desaparecer por ser entidades semipúblicas cuando en realidad cayeron (además de por los empujones que les dio el Banco de España) porque habían actuado no como entidades de interés público sino privado. Si una institución, o un tipo de banca en este caso, debe desaparecer porque alguna de sus partes ha sido mal gestionada en algún momento ¿cuántas de ellas seguirían funcionando?, ¿cuántas veces debería haber desaparecido entonces la banca privada en España?

Ahora, una nueva concentración bancaria a costa del dinero y del interés público como la que supone la fusión entre Bankia y Caixabank, no sólo va a traer, como he dicho, menos actividad económica, peor financiación, más ineficiencia y más volatilidad y riesgo de crisis económica, como han demostrado los análisis empíricos. Supone, además, un peligro para nuestra democracia ya de por sí limitada.

La banca internacional no es sólo un colaborador necesario de las grandes organizaciones y mafias criminales y terroristas, cuyo dinero blanquean, tal y como de nuevo se acaba de descubrir en los últimos días. Es ella misma una fuente constante de actividad criminal como demuestran las docenas de casos que se han descubierto en los últimos años dentro y fuera de España: la manipulación del Libor, la evasión fiscal, la malversación de fondos, la venta de hipotecas basura, el fraude de las acciones preferentes, el continuo falseamiento de la información a la clientela, el cobro de comisiones abusivas o indebidas, la manipulación de cuentas con la ayuda de las auditoras... por no hablar del dinero clara u ocultamente recibido de los Estados y que nunca se devuelve.

Sin embargo, lo peor y el gran peligro para la democracia no sólo procede de que la banca se haya convertido en una especie de parásito que controla el cerebro y el cuerpo entero de la política, la economía y la sociedad en su conjunto, incluso a veces en una auténtica organización criminal que produce las peores crisis de la historia, o en cómplice de traficantes de drogas, de armamento o de personas, o del terrorismo internacional. Lo peor es que -gracias al enorme poder que le proporciona la creciente concentración bancaria- todo lo eso lo hace, la inmensa mayoría de las veces, con total impunidad.

El fiscal general de Estados Unidos Eric Holder declaró con toda sinceridad ante el Congreso que no había procesado a algunos bancos porque eran tan grandes que cobrarles las multas que merecieran podría dañar a la economía ( aquí). Y en España lo hemos podido comprobar en la persona de los banqueros más poderosos. Así ocurrió con el vicepresidente y consejero delegado del Banco de Santander, Alfredo Sáenz. Fue condenado por amañar documentos y hacer chantaje confabulado con un juez corrupto ( aquí) pero diferentes indultos y reformas legales y los retardos del Banco de España le permitieron seguir en el cargo a pesar de tener antecedentes penales. Y algo peor sucedió con Emilio Botín: debido a las irregularidades que cometió como responsable máximo del Banco de Santander, la acusación solicitó para él un total de 170 años de prisión y una multa de 46,2 millones de euros, además de una responsabilidad civil de 84,9 millones de euros, que era el perjuicio causado con su actuación a la Hacienda Pública. Sin embargo, recibiendo órdenes de la entonces Vicepresidenta del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, y el Ministerio Fiscal pidieron el sobreseimiento de la causa y el Tribunal Supremo cambió su propia doctrina anterior utilizando esas peticiones para no encausarlo ( aquí).

Escribió hace años el economista Thorstein Veblen que "los financieros buscan activamente controlar y dominar los mercados para maximizar sus ganancias, incluso si eso significaba adoptar prácticas comerciales anticompetitivas, inmorales y ocasionalmente ilegales". Lo que hemos visto que ha ocurrido en España y en otros países en los últimos años, o el nuevo descubrimiento hace unos días del masivo blanqueo de capitales que realizan los bancos internacionales para ayudar a todo tipo de organizaciones criminales y terroristas, son una buena prueba de ello. Pero el caso Bankia, como antes la forma en que se actuó ante la crisis financiera, nos vuelven lamentablemente a demostrar que ni existen en España auténticos poderes públicos dispuestos a hacer frente al sabotaje del interés colectivo que permanentemente lleva a cabo el poder financiero, dueño y señor de la política en casi todos los países del mundo, ni una sociedad informada, valiente y dispuesta a ser dueña de sus destinos. Y así nos va.