A 31 de marzo de 2016 Bankia contaba con un importe de inversión crediticia con cláusulas suelo de 1.354 millones de euros. De este volumen, 1.324 millones tenían dicha cláusula activada. El total de las cláusulas activadas sobre el total de la inversión crediticia era a esa fecha del 1,2%, mientras que el peso de las mismas sobre el total de hipotecas era del 2%.
“Si atendemos al total de operaciones con cláusula, esté activada o no, el porcentaje de cartera crediticia con cláusula suelo era del 1,2% y del 2% para el riesgo hipotecario”, señala el banco en el documento remitido al regulador
El impacto estimado sobre el margen de intereses derivado de la supresión de estas cláusulas –el banco las eliminó en septiembre del año pasado- asciende a 30 millones de euros para el ejercicio 2016. Asimismo, para cubrir un posible riesgo legal derivado de la potencial eliminación de las cláusulas suelo con efectos retroactivos hasta el 9 de mayo de 2013, fecha en la que se emitió la sentencia del Tribunal Supremo sobre este tema, Bankia cuenta provisiones que cubrirían el impacto estimado de 114 millones de euros brutos.
Adicionalmente, existe un “procedimiento prejudicial” ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el que se plantea si la devolución de las cantidades cobradas indebidamente por este concepto debe limitarse o no al 9 de mayo de 2013 o ha de extenderse al inicio de la aplicación de la cláusula.
“Si la devolución de las cantidades indebidamente cargadas en aplicación de las cláusulas declaradas nulas se extendiera a los importes cobrados desde el inicio de la aplicación de la cláusula suelo en cada hipoteca, Bankia estima que el importe adicional se situaría en 101 millones de euros”, explica la entidad a la CNMV.
No obstante, tal y como recuerda Bankia, el pasado 13 de julio el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se manifestó a favor de limitar en el tiempo la retroactividad de estas cláusulas, en línea con la tesis del Supremo español, por las “repercusiones macroeconómicas” que podría tener la medida.
Aunque las opiniones del abogado general no son vinculantes para el Tribunal europeo, que dictará sentencia sobre este asunto antes de finales de año, en la mayoría de los casos sus conclusiones coinciden con el fallo definitivo.