El informe de los peritos del Banco de España entregado ayer al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu concluye que las cuentas de Bankia y su matriz BFA correspondientes al año 2011 no reflejaban la “imagen fiel” del grupo. El informe señala la existencia de “errores contables” y “ajustes de importancia material no contabilizados”, especialmente durante la presidencia de Rodrigo Rato, que no se subsanaron correctamente en la revisión de las cuentas realizada en mayo de 2012 por el nuevo presidente, José Ignacio Goirigolzarri, y que vulneraban las normas del Banco de España.
Las irregularidades comenzaron tras la fusión de las siete cajas que dio lugar a Bankia. Según los peritos, “los planes de negocios que justificaban la operación fallaron desde el principio”. También critican la “pésima calidad de seguimiento del riesgo de crédito”, lo que explica en parte “el deterioro de la inversión crediticia”.
En 2011, los resultados se inflaron en 2.083,20 millones. La entidad entonces presidida por Rodrigo Rato declaró beneficios de 252,87 millones, cuando la contabilidad arrojaba pérdidas por 1.830 millones. Así, no se anotaron pérdidas derivadas de la revisión de los activos inmobiliarios, carteras y riesgo promotor.
Sobre la salida a Bolsa, las cuentas que incluía el folleto de emisión, aprobado por la CNMV, no reflejaban la “imagen fiel” de la situación de la entidad: frente a las ganancias de 529 millones que reflejaba, la realidad es que ya existían pérdidas de 62 millones. Además el informe señala que el precio de la salida a Bolsa (3,75 euros por acción) suponía un descuento sobre el valor contable del 74%, haciendo inviable a BFA y perjudicando a accionistas, acreedores y pequeños inversores, como los preferentistas. Los peritos refieren “compras inexplicables” hechas por empresas refinanciadas por Bankia que después del debut bursátil de la entidad empezaron a vender sus títulos.
Durante la etapa de Goirigolzarri también hubo errores contables. Así, la corrección de las cuentas de 2011 que hizo en 2012 no apuntó unas pérdidas de 900 millones. Los peritos critican que redujese a cero los créditos fiscales y señala que “era evidente” que de los 2.744 millones podrían haberse recuperado 1.428. También cuestionan que no contabilizara como “dudosos por morosidad” algunos créditos con promotores.
Los expertos del Banco de España consideran que los auditores de Deloitte “tenían que haber detectado todos estos errores contables” que incumplían la normativa en vez de avalar las cuentas de 2011, en las que la auditora no indicaba dichas salvedades.
Los peritos constatan la “clara voluntad de ocultación” de las tarjetas B, que no se declararon
En cuanto a las tarjetas B, los expertos del Banco de España subrayan que la “voluntad de ocultación de la existencia de estas tarjetas y sus gastos asociados es clara y la motivación para hacerlo también, teniendo en cuenta el escándalo producido al conocerse los hechos”. Constatan que “repetidamente se incumplió la obligación de declarar estos gastos”, ni a la Agencia Tributaria, ni al auditor interno, a la comisión de nombramientos y atribuciones, al auditor externo (Deloitte) ni al despacho de abogados Garrigues, que se encargó que evaluar la adaptación de la entidad a las normas del Banco de España sobre remuneraciones. Los peritos inciden en el carácter personal de los gastos cargados en esas tarjetas, práctica incompatible con la ley de cajas de la Comunidad de Madrid. “No es preciso una especial cualificación para advertir el carácter indebido de un uso de la tarjeta ajeno a la actividad del cargo”, indican, Además, recuerdan que algunos incumplieron la ley de cajas al cobrar sueldo y dietas al tiempo.
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