Barbaridad cumplida.

Finalmente la inmensa barbaridad que demuestra sin lugar a dudas que la transición fue una estafa y que España es un estado tan democrático y de derecho como puede serlo Siria va a completarse con el simulacro de juicio a los presos políticos.

La fiscalía del Tribunal Supremo se ha despachado a fondo con un escrito en el que se hace difícil localizar alguna afirmación que se ajuste a la verdad y su descomunal indecencia llega al extremo de justificar la violencia, necesaria para el delito de rebelión, en base a que fue la violencia de los manifestantes del referéndum lo que provocó la brutalidad policial del 1-O, aunque hayan cientos de videos que demuestran tamaña falsedad, pero como que todos los videos son falsos, incluidos los de la BBC… pues eso.

Mientras, la pocilga mediática, esa que protege y oculta todo lo que puede la corrupción y los miles de millones que han robado los políticos del régimen, mientras se inventan tremendas mentiras sobre lo que ocurre en Catalunya, chillando como locas porque la abogacía del Estado, a instancias de Pedro Sánchez, ha rebajado la acusación de rebelión a sedición, cuando es exactamente lo contrario. La abogacía del Estado solo había acusado a los presos políticos por malversación, a la que ahora AÑADEN sedición, o sea que no aminoran la acusación sino que la aumentan.

Solo faltaba que Diego López Garrido, ex diputado y gran jurista que es quien dirigió la redacción del Código Penal de 1995 afirme no entender como la fiscalía puede atribuir el delito de rebelión a los acusados si no hubo rebelión.

Además el escrito ya anticipa como va a ser la inmensa burla del juicio, sirva como ejemplo que el 38% de los testigos que plantea la fiscalía son agentes de policía de los que fueron “agredidos” por los violentos votantes del referéndum.

Lo que es realmente preocupante es que en el resto de España al menos aparentemente un elevado porcentaje de la ciudadanía, posiblemente una mayoría, están satisfechos con el resultado de la barbaridad, es decir aceptan sin preocuparles lo más mínimo que gobierno y sistema judicial tergiversen la realidad y acusen sin pruebas e inventando las pruebas condenatorias, y que la mayor parte de las pruebas fabricadas hayan sido presentadas al juzgado por el principal cuerpo policial del país, la Guardia Civil.

Esta vez le ha tocado a Catalunya, pero si los españoles callan en el futuro cualquiera puede padecer las consecuencias de un sistema judicial no solo desastroso y corrupto sino sobre todo totalitario y al servicio del régimen.